El Gobierno deja a su suerte a refugiados sin permiso de asilo

Las cifras bailan de una semana a otra, pero en el albergue de peregrinos del Monte do Gozo de Santiago de Compostela, atendidos por una ONG subvencionada por el Gobierno, pernoctan más de 200 subsaharianos a la espera de respuesta a sus solicitudes de asilo. Los que proceden de Mali, al ser un país en guerra, no suelen tener problemas. Pero sí los de otros países como Senegal o Mauritania, porque la pobreza no computa como la guerra para el asilo. Lo sabe bien Seringe, un senegalés de 24 años que tras el portazo en noviembre a su solicitud tuvo 15 días para hacer la maleta y dejar el albergue del Monte do Gozo: «Ser de Mali es mejor para tener asilo», confirma a este diario. Acabó llamando a la puerta de un albergue para sintecho de la capital gallega, el Juan XXIII.

Pero este centro está colapsado. Sus instalaciones pueden acoger a un máximo de 25 personas, con lo que a los usuarios sólo se les permite, como regla general, diez días seguidos de estancia. Por eso Mohamed, otro senegalés, de 28 años, se ha buscado la vida para dormir esta noche. Él tiene suerte, se quedará en casa de unos amigos: «Me dijeron que si quería ir a dormir allí no había problema». Los responsables del albergue franciscano aseguran que hacen lo posible para que nadie se quede en la calle. Pero no hay un plan estatal de acompañamiento para cuando se les deniega el asilo. Todo queda en manos de los saturados servicios municipales o de la ayuda desinteresada de vecinos y entidades.

No son, además, lugares adecuados para ellos. Primero, por estar destinados a personas sin hogar con problemas muy diferentes a los suyos. Y en segundo lugar, porque muchos de estos migrantes estudian o trabajan legalmente, pues lo tienen permitido mientras no se resuelven sus recursos a las denegaciones de asilo, y los estrictos horarios y dinámicas de estos centros no se adecúan a los suyos. En el de Juan XXII son conscientes y priorizan el hospedaje de los que trabajan.

Porque si para muchos españoles encontrar una vivienda es un reto, para estos migrantes, sin redes familiares en España ni conocimiento del idioma, es una odisea. Ni una nómina les garantiza un techo. Isabel Rey es una pintora de profesión, y forma parte del ejército de voluntarios que les ayuda cuando les deniegan el asilo: «El problema no es tanto encontrar trabajo como alojamiento», explica a ABC. Cuando empiezan en un empleo, no disponen de un colchón económico para afrontar las fianzas que les piden para alquilar un piso y durante meses siguen siendo dependientes. Además, añade Rey, a veces el racismo asoma: «A mí primero me dicen que sí, pero luego ven quienes serían sus inquilinos y empiezan las reticencias».

Esta odisea podría ser un poco más transitable para ellos si el Gobierno central, que es quien tiene competencias, se implicara más. Desde el Ayuntamiento de Santiago, cuyos servicios sociales se ven al límite, hablan de «total abandono». «Nos encontramos solos, y nuestros recursos son los que son», explica la concejala de Servicios Sociales, María Rozas. Miguel Fernández, del Foro Galego de Inmigración, está de acuerdo: «Sería necesaria la intervención del Gobierno, con un plan bien dirigido». La aportación estatal tras el portazo al asilo se limita a pagarles el billete a la ciudad que quieran y una pequeña ayuda económica.

En Santiago, a modo de ejemplo de lo que ocurre en toda España, cada semana son expulsados del albergue del Monte do Gozo -y de otro ubicado en la parroquia de Roxos- un puñado de refugiados por rechazársele el asilo. El Ayuntamiento calcula que al 40% del total de los refugiados que están en la capital gallega se les deniega. Cuando llega el temido momento de leer su nombre en el BOE, algunos se van a otras zonas de España donde tienen familiares o conocidos, pero muchos quedan. Son una veintena los que ahora están en esta situación en Santiago, la mayoría pernoctando en el albergue franciscano de Juan XXII. «Lo que me preocupa es que pueda llegar un volumen que no podamos gestionar», explica la concejala responsable.

Pero ni el asilo garantiza un techo a quienes no conocen el idioma ni tienen arraigo. Hace días, un centenar de refugiados alojados en un antiguo hotel de Monterroso (Lugo) se manifestaron por el supuesto trato discriminatorio por parte de la ONG que les tutela. El incidente se saldó con la expulsión de Djibril y de Maoudou, que ellos atribuyen a represalias. La versión oficial es que incumplieron normas de convivencia del centro. Les pusieron las maletas en la puerta. Y ellos sí tienen el asilo concedido. Dos vecinos, los hermanos Javitxu y Davor, les dejaron un local para dormir. «Llovía a cántaros y les dijimos que en la calle no quedaban». Ahora Brandan, otro amigo, les ayuda a buscar trabajo.