Las comunidades afectadas por el veto a la pesca de fondo piden a Bruselas una moratoria hasta Navidad

"Entendemos que hay suficientes razones para que el comisario recapacite y permita al sector por lo menos terminar la campaña de Navidad", afirmó la conselleira gallega, Rosa Quintana. El nuevo reglamento entrará en vigor el próximo 9 de octubre. Pero los armadores, las comunidades afectadas y el Gobierno español censuran que Bruselas no ha tenido en cuenta los últimos informes científicos disponibles, ni el impacto socioeconómico de la medida a la hora de establecer la prohibición. Con la nueva norma, la CE pretende proteger los ecosistemas marinos vulnerables en el fondo del océano.

Las comunidades consideran que el reglamento de ejecución contiene fallos tanto en el fondo, como en la forma. Rosa Quintana, que reiteró que Bruselas ha actuado de "mala fe", desgranó algunos de ellos. Recordó que la Comisión intentó aprobar la norma ya en junio, pero la votación no permitió sacarla adelante al contar con 13 abstenciones y dos votos en contra de los países miembros. El procedimiento habitual, explicó la conselleira, sería volver a analizarlo, consultar nuevos informes y someterlo de nuevo a votación. Sin embargo, la CE "lo que ha hecho es aprobarlo", recriminó. Quintana recordó que para determinar las áreas a proteger se han consultado informes científicos de 2011 y no los últimos disponibles y que Bruselas sigue sin desvelar qué estudios de impacto socioeconómico ha tenido en cuenta a la hora de establecer la prohibición.

La consejera andaluza de Pesca, Carmen Crespo, ahondó también en la lista de irregularidades que, en su opinión, ha cometido la CE. Censuró que en la lista se añadan zonas por debajo de los 400 metros, que son competencia de los estados miembros y no de la UE. "El comisario ha tomado una decisión que es injusta a sabiendas", denunció Crespo. Andalucía es, tras Galicia, la segunda comunidad más afectada, con 125 barcos y unos 600 tripulantes en riesgo.

Además de solicitar el retraso en la entrada en vigor de la nueva normativa, las comunidades acordaron enviar un escrito para mostrar "el compromiso de todos los consejeros de apoyar al Ministerio en la presentación del recurso", explicó Quintana. Desde las autonomías se buscarán argumentos jurídicos que completen los que pueda aportar la Abogacía del Estado para intentar que la Justicia suspenda el veto a la pesca de fondo en las 87 áreas. Los consejeros se mostraron convencidos de que el Gobierno central dará finalmente el paso. "A mí no me cabe duda", aseguró el titular de Pesca de Cantabria, Guillermo Blanco. El lunes pasado, Blanco participó con Luis Planas en el consejo de ministros de Pesca de la UE y esta mañana quiso agradecerle "la vehemencia" con la que defendió al sector ante una "medida desproporcionada", que estrangula a la pesca. Destacó, además, que se ha formado un "frente común" en defensa del sector extractivo por parte de cinco comunidades gobernadas por distintos partidos: PNV, PP, PSOE y PRC. "Esto no es un tema de colores", sino de "sentido común", subrayó el consejero cántabro.

"Nadie desea más un medio marino sano y productivo que el sector, que depende de sus recursos, y las administraciones, que velamos por ellos", indicó Blanco. "Pero la conservación del medio ambiente marino no se puede hacer en detrimento de la actividad pesquera", añadió. La gallega Rosa Quintana también incidió en que no "hay nadie más preocupado por que los caladeros se encuentren en el mejor estado posible que el sector pesquero" y recalcó que no se trata de una actividad económica más, sino que es fundamental para la producción de alimentos.

Hasta ahora Bruselas no se ha mostrado partidaria de retrasar la entrada en vigor de la medida y sólo concede que revisará en noviembre nueva documentación. La prohibición obligará a cientos de barcos a desplazarse de sus zonas de pesca habituales hacia otras. Pero éstas ya son explotadas por otras flotas, con lo que se espera que disminuyan las capturas.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, volvió a reiterar que es favorable a presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el veto. «Estamos trabajando con los servicios jurídicos del Estado», apuntó en una entrevista en Canal Sur Radio. Al igual que las comunidades, el ministro consideró que los informes científicos en los que se basa esta prohibición «no son los más actuales», lo que consideró «grave». Según informa Ep, Planas se refirió también a la sugerencia de explorar la posibilidad de una moratoria en la entrada en vigor del nuevo reglamento. En este punto instó a ver «todas las posibilidades» y a no crear divisiones. El pasado lunes, la Comisión Europea ya rechazó su petición de suspender la nueva norma.