El BNG contará con más asesores que concejales en Santiago

Por qué una Alcaldía integrada por menos concejales necesita hacer acopio de personal de asesoramiento es algo a lo que ya se refirió el propio grupo gobernante, que achacó a una situación de 'falta de manos' la necesidad de reforzar el apoyo con el que podrá contar en la gestión de las distintas áreas de su gobierno. Pero que la respuesta a ese escenario pase por engrosar sus filas a costa de las arcas públicas es un punto de choque con la oposición, al que ya se refirió más de una vez; tal fue el caso la semana pasada, cuando el portavoz de los populares compostelanos, Borja Verea, declaró que «no es culpa de los demás» que gobierne una reducida cifra de concejales, rechazando que ese hecho deba implicar sacrificios adicionales para el Concello.

Por otro lado, conviene recordar que serán cinco plazas a ocupar por profesionales que sin duda asistirán a Raxoi con efectividad, pero de ninguna manera servirán para tapar déficits más amplios que los que sugiere su naturaleza asesorial. Si la cifra de ocho concejales gobernando en minoría demuestra ser un hándicap, que haya personal técnico en abundancia no será ningún salvavidas. Esta reformulación del funcionariado se hizo efectiva tras salir adelante por unanimidad en Pleno municipal, a excepción de una abstención por parte del PP.

De acuerdo a los datos a los que pudo tener acceso este periódico, los cinco funcionarios que obtiene el gobierno local en este mandato corresponden todos al Grupo A, que recoge distintas subcategorías designadas por números; a más alta la cifra de su nomenclatura, también el salario correspondiente.

El gabinete de Sánchez Bugallo disponía, con diez concejales, de ocho plazas para asesores: una A1-26, tres A1-22, dos C1-22 y dos C1-20, que suponían un coste total de 341.716 € al año. En el caso del actual mandato, los ocho concejales de BNG y CA estarán asesorados por un funcionario de categoría A1-26, seis de A1-22 (doblando las plazas contempladas) y dos de A1-20, recién habilitados.

En cuanto al Grupo C, seguirán contando con dos profesionales de clase C1-22 pero sustituirán los otros C1-20 por dos C1-18. Una modesta rebaja en el coste final, esta última, que no disimula el más de medio millón de euros, 548.960,30 €, que supondrá la nueva configuración, 207.244 € por encima de la que empleaba el gobierno predecesor.