La Audiencia Nacional da la orden de búsqueda del director del fondo que compró las plantas de Alcoa

A finales de julio de 2019, Parter compró por un precio simbólico de un euro las factorías a Alcoa, que había anunciado su intención de cerrarlas. Los responsables del fondo, con su socio director Rüdiger Terhorst a la cabeza, se comprometían a mantener el empleo y a no desprenderse de las plantas de aluminio en dos años. Pero en abril de 2020 traspasaban el 75% de las acciones al Grupo Industrial Riesgo por 13 millones. Lo más llamativo de la operación es que el nuevo comprador ni siquiera puso un euro de su bolsillo. El dinero procedía de las cuentas de la empresa.

Como adelantó el diario asturiano El Comercio, en sus declaraciones ante la jueza y la fiscalía, Víctor Rubén Doménech, cabeza visible del Grupo Industrial Riesgo, aseguró que la idea de financiar la operación con los fondos de la propia empresa se la trasladó el fondo suizo. En el escrito de calificación que el administrador concursal de La Coruña ha trasladado a la jueza, y al que también ha tenido acceso ABC, se relata el modus operandi. En el acuerdo de venta, Alcoa además de traspasar los activos se comprometía a realizar aportaciones financieras para que las plantas de aluminio pudiesen renovarse y mantener la actividad en un primer momento. Entre enero y julio de 2019, la multinacional estadounidense desembolsó 12,9 millones de euros. De esa cantidad, indica el administrador concursal, salieron los 7 millones de euros que la empresa prestó al Grupo Riesgo para que pudiese pagar a Parter la compra de la factoría coruñesa. La factura de 13 millones incluiría también a la planta de Avilés. Parter se llevó todo el dinero sin haber cumplido ni uno solo de los compromisos adquiridos cuando compró la planta.

Desde hace tiempo, la Audiencia Nacional trata de averiguar qué ha pasado con los 13 millones y también busca al socio director de Parter, Rudiger Terhorst. Cuando se inició la investigación judicial el ejecutivo, de origen alemán, facilitó al juzgado una dirección del fondo en Suiza como contacto. Pero allí no está localizable. En mayo de este año la jueza solicitó ayuda a las autoridades helvéticas, a través de una comisión rogatoria, para tratar de encontrar al ejecutivo. Pero a la «vista del resultado negativo», indica Tardón en su providencia, ordena a la Unidad Policial de la Audiencia Nacional que trate de averiguar su paradero actual. La jueza tiene constancia de que Terhorst estuvo en España en una breve visita el 17 de mayo de 2022.

Las autoridades suizas sí siguieron el rastro del dinero. Según relata el fiscal anticorrupción en un escrito a la jueza, han dado respuesta a una de las preguntas que se hacían los agentes de la UDEF encargados del caso, la de saber cuál fue el destino que el Grupo Parter «dio a los 13.000.000 € desviados a Suiza». La fiscalía explica que la «información remitida desde el país europeo «ha incrementado aún más los indicios de criminalidad de esta conducta» dado que relatan «el modo en que se dispuso, a través de diversas transferencias operadas en cuentas suizas, del producto de la mencionada venta». El comportamiento de Parter y posteriormente del Grupo Riesgo podría ser constitutivo de varios delitos como administración desleal, apropiación indebida, insolvencia punible, corrupción en los negocios y blanqueo de capitales.

El fiscal añade que la investigación ha confirmado que Riesgo consumó una descapitalización progresiva de ambas fábricas «buscando el beneficio de los nuevos propietarios y perjudicando tanto a los trabajadores como a los acreedores» de la empresa. Además el Ministerio Público explica que habría invertido en criptomonedas para blanquear el dinero que se llevaba de las plantas, rebautizadas como Alu Ibérica.

Para Anticorrupción, sin embargo, Alcoa no tuvo nada que ver con estas prácticas. En sus declaraciones en calidad de investigado, el presidente de la multinacional en España, Álvaro Dorado, recordó que tras conocerse la venta de las factorías al Grupo Riesgo pidió explicaciones a Parter, dado que el acuerdo alcanzado lo prohibía explícitamente. «Ha quedado claro que ninguno de los responsables de Alcoa Inespal SLU participó o tan siquiera tuvo conocimiento en el momento en que se llevaron a cabo de los hechos que constituyen el objeto actual de la investigación, por lo que no procede seguir manteniendo su condición de investigados con todas las consecuencias negativas que ello supone», indica la fiscalía.