El TSXG comenzará el juicio por los despidos de Alcoa el 3 de diciembre

La parte social presentó el pasado viernes la impugnación del expediente de regulación de empleo (ERE) de Alcoa, que, de ejecutarse, afectaría a 524 trabajadores de la planta de aluminio . Se trata de una nueva acción judicial, posterior a las medidas cautelares que solicitó ante el TSXG y que fueron aceptadas en parte, de modo que los magistrados impiden a la multinacional del aluminio que pare las cubas de electrolisis, pero le permiten llevar adelante los despidos.

Por el momento, el comité de empresa no tiene constancia de que ningún empleado haya recibido la carta de despido , si bien Alcoa defendió este mismo miércoles que el despido colectivo que mantiene presentado es «necesario» ya que la planta es «poco competitiva». Tanto los sindicatos como los gobiernos central y gallego critican que existió «mala fe» por parte de la empresa en la negociación de este despido colectivo y que la multinacional no cede a una venta de la factoría porque lo que realmente busca es eliminar una posible competencia. Por su parte, la firma asegura que actuó «de buena fe» y «conforme» a las normas y que los despidos llegan por las pérdidas millonarias que acarrea la factoría de aluminio.

El miércoles Alcoa recurrió también ante la justicia la decisión de obligarle a no parar las cubas de electrólisis . El TSXG había atendido a la medida solicitada por los trabajadores, que argumentan que de frenarse esta actividad en la fábrica sería muy difícil volverla a poner en marcha en caso de que finalmente la justicia dictamine que los despidos son nulos. Alcoa asegura que las cubas pueden hibernarse y volverse a rearrancar después y que mantenerlas operativas le supone más de un millón de euros en pérdidas cada semana.