El Supremo da la razón a Audasa que podría recibir 482 millones más hasta el fin de la concesión

La sentencia obliga al Estado a volver al sistema de compensación establecido en 2006. Ese año los usuarios de la AP-9 dejaron de pagar el peaje de los tramos de O Morrazo-Vigo y A Barcala-Coruña. Se estableció un peaje en la sombra por el que el Gobierno central y la Xunta asumían al 50% el coste de las tarifas. Para establecer el montante total, y como sucede en otras vías, se contaban los vehículos que circulaban por la AP-9 en esos puntos y «los ingresos de Audasa dependían de los tránsitos de la autopista», recoge la sentencia del Supremo.

Pero en 2017, el Gobierno central cambió las reglas del juego. A través de un Real Decreto modificó el sistema de retribución a Audasa. El Ministerio de Fomento, en manos del popular Íñigo de la Serna, eximió a Galicia de seguir pagando y rebajó la compensación al considerar que al hacerse gratuito el tramo en 2006 se había incrementado el tráfico . «Los importes abonados por la Administración General del Estado y la Xunta de Galicia en concepto de compensación difieren sustancialmente de los que hubiera percibido la sociedad concesionaria de no haberse adoptado la citada medida», apuntó Fomento. El Ministerio, además, explicó que era necesario el cambio de sistema porque «viene suponiendo un cierto enriquecimiento injusto para la sociedad concesionaria».

El nuevo método de compensación a Audasa tomaba como referencia el tráfico de la vía en 2005 y a partir de ahí utilizaba un coeficiente para establecer la compensación por el peaje en la sombra. Según Audasa, el cálculo le supuso dejar de ganar algo más de dos millones de euros en el primer semestre de aplicación en 2017 . En su recurso, estimó que hasta el fin de la concesión en 2048 perdería 482 millones de euros, según la sentencia.

El Tribunal Supremo da ahora la razón a la empresa del grupo Itínere y condena al Estado a retomar el sistema de pago del peaje en la sombra que se estableció en el año 2006. Si el pronóstico de Audasa se cumple, el Estado tendrá que abonar unos 482 millones hasta que la autopista vuelva a ser pública. Todo dependerá de cómo evolucionen las cifras del tráfico en los tramos de O Morrazo-Vigo y A Barcala-La Coruña. La sentencia obliga al Gobierno central a indemnizar a Audasa por el perjuicio causado por el método impuesto en 2017, «que se concreta en la diferencia entre lo que hubiera percibido con arreglo al sistema de retribución fijado por el RD de 633/2006 y lo que le ha sido satisfecho con arreglo al RD 803/2017». También deberá abonarle los intereses legalmente establecidos.

Además, el Supremo abre la puerta a que el Gobierno central pueda reclamarle parte del dinero a la Xunta de Galicia , que entre 2006 y 2017 se encargaba de pagar el 50% de la factura por la gratuidad de los peajes para los ususarios. El tribunal condena a la Administración General del Estado a abonar la indemnización a Audasa, pero matiza que «sin perjuicio del derecho que pueda asistirle frente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia como consecuencia de los efectos que puedan derivarse de los compromisos acordados en el año 2006».

La decisión de Íñigo de la Serna de excluir a la Xunta del pago de los peajes en la sombra, llegó después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy negase el traspaso de la AP-9 reclamado por el Parlamento de Galicia en varias ocasiones.