Varapalo judicial a Audasa por cobrar peajes sin avisar de que hay retenciones

«Lo relevante no es la causa, sino el hecho de cobrar un precio a un consumidor que no ha recibido la prestación del servicio y al que no se le ha proporcionado la información necesaria para que pudiese tomar su decisión» , argumenta el magistrado en la sentencia. Sin embargo, el juez no atiende una de las peticiones de la Fiscalía, que pretendía evitar que los problemas registrados entre febrero de 2015 y junio de 2018 se repitiesen. Durante el juicio, el Ministerio Fiscal solicitó que Audasa presentase «un plan de eliminación de los peajes en los casos de insuficiente fluidez del tráfico» . Pero el titular del Juzgado nº 1 de lo Mercantil de Pontevedra alega que esta cuestión excede sus competencias. Argumenta que al tribunal «no le corresponde de modo alguno regular las condiciones de la prestación del servicio de autopista por parte de una entidad concesionaria de una obra pública». Esa tarea, indica, es una cuestión «legislativa o administrativa». La pelota pasa de este modo al tejado de la clase política.

Aunque el juez condena a Audasa a devolver el importe del peaje a aquellos usuarios de la autopista que acrediten haberla usado en los momentos en los que se produjeron las 81 retenciones que ve probadas, no contempla indemnizaciones por los daños de forma generalizada . Según la sentencia, las colas no causaron retrasos de más de 17 minutos. En caso de que alguno de los afectados este tiempo le provocase algún perjuicio importante, tendrá que reclamar individualmente en los juzgados.

Durante su argumentación, el juez se muestra especialmente crítico con la concesionaria de la AP-9 por no haber avisado a los conductores de que había retenciones. Aunque la Fiscalía consideraba que se produjeron 202 episodios de tráfico lento, el fallo solo certifica que hubo 81. Durante la ampliación de la vía, indica el juez, los usuarios no podían saber con antelación si se iban a quedar atascados , dado que habitualmente la circulación era fluida. El magistrado reprocha a Audasa que haya pretendido mantener que era suficiente la información existente en la página web de la DGT. «Los conductores, que no pueden ir a los mandos de su vehículo y, al mismo tiempo, indagando en la página web de la DGT el estado de las carreteras por las que pueden optar en su viaje, podían encontrarse un atasco en la AP-9 sin conocer con anterioridad su existencia», indica. La sentencia explica que los paneles informativos de Audasa están todos en la autopista por lo que los usuarios no pueden decidir si tomar una vía alternativa en caso de que haya atascos. «Audasa no informó debidamente y con antelación suficiente a los conductores de las condiciones de la vía, el cobro del peaje en esas circunstancias constituyó una práctica abusiva, y nula, por tanto », indica la sentencia.

Tras conocerse el fallo, la Fiscalía subrayó su relevancia al asegurar que supondrá «un precedente en todo el territorio estatal» , informa Ep. El Ministerio Fiscal destacó que el juez ha considerado como una «práctica abusiva» el cobro de los peajes de manera íntegra en los casos en los que se produzcan retenciones de relevancia, además de declarar la nulidad de esa práctica y obligar a la empresa a restituir el importe de lo cobrado. También avanzó que analizará «en profundidad» la resolución judicial para decidir «si presenta recurso a algunos de sus puntos».

Las dos asociaciones de usuarios presentes en la causa celebraron la sentencia. «Se trata de una muy buena noticia para todos los usuarios de la AP-9 que se vieron afectados por las obras del Puente de Rande y para todos los gallegos en general», indicó Diego Maraña, presidente de En Colectivo. «El hecho de que por primera vez un juez declare abusivo el cobro de los peajes en determinadas circunstancias que afectan a la normal circulación de los vehículos nos hace ser optimistas para situaciones similares que se puedan producir en el futuro», añadió. Adicae calificó de triunfo de la acción judicial colectiva el fallo «pese a los obstáculos que la concesionaria y la propia Abogacía del Estado intentaron oponer». La asociación destacó también que la sentencia hace que las compañías tengan en cuenta que «el abuso sobre los consumidores comporta consecuencias» . Tanto Adicae como En Colectivo se muestran dispuestas a ayudar en las reclamaciones.

El exdiputado del BNG Luis Bará también se refirió a la condena a Audasa. Según Bará la sentencia «deja con el culo al aire a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Transportes» por no frenar a Audasa ante las prácticas abusivas. Bará también pide al Ministerio de José Luis Ábalos un protocolo para levantar las barreras en caso de que se produzcan retenciones.