La batalla por el control de la AP-9

La Autopista del Atlántico comenzaba su actividad en la década de los 70 como una vía privada en manos del extinto Banco Pastor . Tras la quiebra de la sociedad concesionaria, el Estado la rescató y durante un tiempo se gestionó de forma pública a través de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). A principios de la década del 2000 comenzó la honda de privatizaciones del Gobierno de Aznar. Junto a empresas como Endesa, Tabacalera, Telefónica o Repsol, el Estado se desprendió también de ENA. La venta se selló por casi 1.600 millones a un consorcio empresarial liderado por la constructora española Sacyr y en el que participaban también las dos cajas de ahorros gallegas . Pero la crisis económica que se desata a partir de 2008 hace tambalear la cuenta de resultados de los propietarios de la AP-9. Tanto la constructora como las cajas necesitan dinero y quieren vender. El capital llega del extranjero. Primero a través de la estadounidense Citigroup y después entran en escena los actuales accionistas mayoritarios de Itínere, los fondos extranjeros Corsair y Globalvia.

Durante 2018, con el 37,9% de las acciones, Corsair mantenía el control en Itínere . Pero en julio de ese año, Globalvia inicia su ofensiva para intentar convertirse en el socio mayoritario. La constructora Sacyr, Abanca (heredera de las cajas gallegas) y Kutxabank aún tenían una importante participación en el grupo y además querían vender. Los tres sellan un acuerdo para traspasar sus títulos a Globalvia, que dejaría a Corsair como socio minoritario . El fondo estadounidense no se muestra dispuesto a perder el control y contraataca. Para seguir ostentando el poder en Itínere sólo necesita el paquete de acciones de Sacyr (un 15,5%) y le lanza una oferta. Corsair argumenta que al ser el socio mayoritario tiene preferencia (derecho de tanteo) a la hora de comprar las acciones. Sacyr cambia entonces de idea y comunica que venderá su participación a los norteamericanos.

En este punto la pugna por el control de la empresa que gestiona la AP-9 entra en los tribunales. En septiembre de 2018 Globalvia lleva el caso al juzgado de lo Mercantil 82 de Madrid y pide que se paralice cautelarmente la venta. Argumenta que tiene un acuerdo anterior con Sacyr, Abanca y Kutxbank que debe cumplirse. El tribunal paraliza momentáneamente las transacciones . Globalvia también demanda individualmente a la constructora Sacyr, en un caso que todavía no está resuelto, según informan fuentes del fondo.

El 14 de febrero de 2019, el juzgado levanta las medidas cautelares que prohibían la compraventa entre los accionistas de Itínere y comienzan los movimientos. Seis días después Corsair compra el paquete de la constructora Sacyr, garantizándose el control en Itínere (con aproximadamente el 60% del total) por 202 millones de euros. Globalvia, a la espera de lo que resuelvan los tribunales, también mueve ficha. En octubre compra los títulos a Abanca y Kutxabank y pasa a ostentar el 40% del accionariado de la sociedad matriz que gestiona la AP-9 a través de Audasa. La autopista gallega queda ya totalmente en manos extranjeras.

Hace unas semanas, el juzgado de lo Mercantil 82 de Madrid, se pronunciaba finalmente sobre la operación de venta. El tribunal daba la razón a Corsair y a la constructora Sacyr. Estimaba que el fondo estadounidense tenía derecho de realizar la primera oferta y, por lo tanto, la venta había sido correcta. Pero Globalvia no se rinde. La compañía nació en 2007 fruto de la unión de los intereses en el sector de las infraestructuras de los grupos FCC y Bankia. Pero desde marzo de 2016, los fondos de pensiones OPTrust (Canadá), PGGM (Holanda) y USS (Reino Unido) controlan el 100% de sus acciones. Fuentes de Globalvia explican que seguirán intentando anular la venta del 15,5% propiedad de Sacyr a Corsair. Entre sus bazas cuentan con un laudo arbitral anterior a la sentencia de esta semana, que en este caso sí les da la razón . Según esta resolución, indican, Sacyr tendría que anular la operación con Corsair y cumplir con el acuerdo anterior firmado con Globalvia, Abanca y Kutxabank. El laudo, explican las mismas fuentes, no ha sido tenido en cuenta por la jueza y la sociedad podría presentar una nueva demanda para que se incluya esta resolución. Otra de las opciones que se barajan es la de recurrir la sentencia.

Pero la pugna por el control de Itínere no acaba ahí. Globalvia también ha iniciado acciones legales para sentar a personal de confianza en el consejo de administración de la gestora de infraestructuras. En Bilbao, donde tiene la sede Itínere, la sociedad ha presentado otra demanda judicial para que se le autorice el nombramiento de tres consejeros dominicales como le «corresponde al contar con el 40,4% de la empresa», afirma. La sentencia podría conocerse a principios de 2020.