Pilar de Lara, la juez anticorrupción de Lugo, se afilia a la causa animalista

En declaraciones a Ep antes de participar en una conferencia organizada por la Facultad de Derecho de la USC y la Fundación Franz Weber, la juez De Lara consideró que existe un vacío legal en la protección a los animales , ya que «la ley de enjuiciamiento no establece normas específicas» para su protección. «¿Eso significa que lo tengo que dejar desprotegido o mi obligación como juez es protegerlo?», se preguntó. Ella asegura «verlo muy claro», aunque lanzó un dardo a la Audiencia Provincial de Lugo , que —de acuerdo con la Fiscalía— rechazó una orden de alejamiento que había dictado en noviembre de 2017 para los dueños de una perra que se cayó desde una ventana de un piso de Lugo. Es la misma Audiencia que está frenando en seco en los últimos meses los excesos en sus macrocausas contra la supuesta corrupción, limitando la elefantiasis procesal y su tendencia a la causa general

En su opinión, «a veces no es un problema de leyes, sino de medios insuficientes». «Hay perreras y sociedades protectores que malviven con el dinero que le dan los voluntarios y algunas parecen auténticos corredores de la muerte», añadió De Lara instantes antes de participar en la charla, en la que denunció que la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad ven el maltrato animal como «un delito de segunda o tercera categoría», al tiempo que expuso «la falta de formación que existe en los operadores jurídicos y judiciales». Su apuesta es modificar la ley para que los animales sean reconocidos «como víctimas» y «sujetos pasivos del delito» .

En Lugo no están solo inquietos los corruptos, sino también los propietarios de mascotas como los dos okupas de una vivienda que en noviembre de 2017 se vieron privados de su perro por decisión de la juez. De Lara conoció por la prensa que el animal había saltado por la ventana de un primer piso y mandó a la policía local, que en su atestado solo reflejó el nerviosismo del animal y que este vivía «en las mismas condiciones que sus dueños». «El que aquellos libremente hayan optado por acumular escombros, no ordenar la casa o no limpiar la basura existente, no les faculta en modo alguno para someter a un perro, que carece de dicha posibilidad de decisión ni a ningún otro ser dependiente, a malvivir en tales condiciones », les replicó la instructora.

La juez, en un auto de 34 páginas, escribió que «de la literatura sobre psicología canina (sic), se extrae que el miedo en un perro, puede venir causado por malas experiencias pasadas y/o presentes de maltrato o ausencia de cariño, aislamiento, o falta de socialización con otros animales o personas durante un tiempo prolongado».

Pilar de Lara está pendiente desde el pasado mes de noviembre del expediente sancionador que el Consejo General del Poder Judicial le ha incoado , por tardanzas injustificadas en la instrucción de algunas de sus macrocausas, una denuncia formulada por el Defensor del Pueblo y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, entre otros. Mientras que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, guarda silencio respecto al actual trámite de instrucción del expediente, tanto De Lara como su abogado han ido detallando a distintos medios el minuto y resultado del mismo .

Así, este lunes deslizó que en el informe de la inspección sobre el que se sustenta el grueso del expediente contra ella hay «errores relevantes en su perjuicio» , que en su día presentó alegaciones contra el mismo y que ha recibido «un contrainforme» con diversas matizaciones al texto original. Al mismo tiempo, su abogado Agustín Azparren, declaró a Ep que el promotor de la acción disciplinaria le habría rechazado unas alegaciones presentadas por la juez, y reafirmó su impresión de que, cuando prestó declaración en el CGPJ el pasado noviembre , «la sensación fue muy buena». Todo es, obviamente, una visión de parte, ya que desde el Consejo no ha trascendido opinión alguna sobre esta cuestión . El plazo de finalización del expediente puede llegar hasta abril.

La acusación que pende sobre De Lara es el retraso injustificado no ya de alguna de las múltiples causas que instruye, sino una demora generalizada en todo su juzgado (artículos 417.9, 418.11 y/o 419.3 de la LOPJ). También se la investigará en base al 418.16, relativo a la adopción de decisiones «que con manifiesto abuso procesal generen ficticios incrementos del volumen de trabajo». La gravedad de las acusaciones formuladas contra De Lara podría acarrearle incluso la separación de la carrera judicial, aunque no parece el escenario más probable.