La ley de Salud, Meirás y la AP-9 se abren paso en el estreno de otro curso político

Xoaquín Fernández Leiceaga fue el que mejor sintetizó el estado en el que se encuentra el traspaso de la vía: «La vida sigue igual». Fomento se niega si quiera a plantearse la cesión al Gobierno gallego, pero a cambio ha accedido a pagar siete millones de euros anuales hasta 2048 por la gratuidad de los peajes de Rande y A Barcala: uno de los triunfos de la comisión bilateral ensamblada entre el Ministerio y la Xunta.

A pesar de la negativa, varias veces reiterada de De la Serna, la discusión sobre la transferencia no se va a disolver. El grupo parlamentario popular insistió, a través de su portavoz Pedro Puy, que mantendrán intacto «el compromiso» de solicitarla ante la ventanilla del Estado. El mantenimiento de la unanimidad reviste no obstante muchas más dudas. En Marea trajo a colación la pérdida de la titularidad pública de una autopista «estratégica» en la Comunidad: «Se privatizó a precio de amigo y las consecuencias las pagamos todos», expresó el viceportavoz Antón Sánchez.

Desde las filas del BNG, Ana Pontón calificó directamente a Feijóo de clavar «una puñalada» a los intereses de Galicia, al no forzar el cumplimiento de los acuerdos sellados en los salones del Parlamento.

Promovida por el nacionalismo e incendiada por los comunicados de la Fundación Francisco Franco, fue una de las polémicas que nutrió la confrontación partidista en verano. Tanto la Xunta como el PP trasladaron su voluntad de velar por el respeto de la Fundación hacia la legalidad, y por ende, que evite actos o expresiones de apología de la dictadura. De lo contrario, la administración lo denunciará ante la Fiscalía.

Puy, además, aprovechó la sesión de la diputación permanente para ir un paso allá: el Pazo, dijo, debe regresar al patrimonio de todos. «Sería lógico devolverlo a lo público, evidentemente hay que hacerlo legalmente, pero ya hay un primer sistema legal, que es que la familia se dé cuenta de que debe devolver esa propiedad a quien se la dio al antiguo jefe del Estado», explicó. Durante su intervención, el responsable de la mayoría en la Cámara tiró del relato histórico para desacreditar a quienes acusan al PP de arrastrar dejes franquistas en su seno y mostró interés por una de los propuestas de los socialistas.

La enunció Leiceaga. El PSdeG quiere impulsar una comisión en la que estén representadas todas las administraciones involucradas directa o indirectamente con el Pazo. A saber: la Xunta, la Diputación y el concello de La Coruña y el ayuntamiento de Sada; aunque también está abierta a la participación del Gobierno central. «Hay que coger el toro por los cuernos», arengó el portavoz socialista y candidato a las primarias.

En Marea apuesta por la expropiación del inmueble si lo permite la ley. «Y si no, habrá que cambiarla», enfatizó Sánchez. El Bloque, por su parte, denunciará la situación del Pazo ante Bruselas y la ONU y reclamará que la familia Franco y la Fundación sean considerados como «non gratos».

Sanidade busca reorganizar el mapa de la atención sanitaria en Galicia con la reforma de la Ley de Salud, en estos momentos en fase de anteproyecto. Se antoja como uno de los prebostes de la actividad legislativa de la Xunta a corto y medio plazo, pero la oposición lo interpreta como un intento de acometer nuevos recortes en el Sergas con la desaparición de cuatro de las actuales áreas sanitarias por una nueva demarcación:los distritos.

Las críticas de En Marea, PSdeG y el BNG se centran fundamentalmente en los plazos de su tramitación. «Es una ley hecha con nocturnidad y alevosía», lamentó Ana Pontón, puesto que la Consellería lanzó el texto en el mes de agosto y después estiró el plazo para presentar alegaciones en el Portal de Transparencia. A fecha de ayer eran 1.541, cantidad que para el Partido Socialista evidencia la polémica social generada por la reforma, aunque los populares intuyen que detrás de muchas está la mano de las organizaciones sindicales.

El PP sostiene que el nuevo modelo consolida el esquema de asistencia Eoxi (de proximidad), gracias al cual se evitaron 200.000 desplazamientos sanitarios a los hospitales de referencia del sistema. La mayoría absoluta garantiza su tramitación sin mayores turbulencias parlamentarias.

La diputación permanente no las abordó pero la Xunta guarda en el cajón otros proyectos para introducir en los plenos a lo largo del próximo curso. Uno de ellos es la Ley de implantación empresarial, anunciada por el conselleiro de Economía, Francisco Conde, y llamada a prevenir la fuga de empresas a Portugal eliminando un abanico de trabas burocráticas.