De la Serna reconoce la «tensión» por la AP-9 pero reafirma el veto a su traspaso

La reunión celebrada en el Pazo de Raxoi sirvió para que De la Serna y Alberto Núñez Feijóo escenificaran una imagen de colaboración y de sintonía institucional. Pero la realidad es que las posiciones en torno a la autopista se mantienen invariable s. El titular de Fomento aseguró que la vía atlántica pertenece a la Red de Carreteras del Estado, y como tal, debe mantenerse dentro de su ámbito competencial. Es la misma tesis que el Gobierno esgrimió cuando tomó la decisión de vetar las dos proposiciones de ley aprobadas por unanimidad en el Parlamento gallego; y que no lograron ir más allá de la Mesa del Congreso.

De la Serna reconoce que Galicia mantiene viva la llama de su reivindicación, pero la equipara al resto de «numerosas» peticiones cursadas por otras comunidades. El Estado, afirmó, no puede aceptarlas todas: incurriría en un «proceso de cierto desmantelamiento de las infraestructuras» dañino para la administración, como consecuencia de una oleada de reclamos similares en distintos puntos de España.

El Gobierno no está dispuesto a ello, mucho menos ahora, con el desafío secesionista poniendo en jaque la integridad territorial . Cataluña es el sustrato del discurso oficial de Madrid. De la Serna no aludió al independentismo directamente para hablar de la AP-9, pero dejó caer que el clima político no permite cabriolas ni traer a la arena debates innecesarios. Recomendó a la Generalitat, entretanto, que «deje de dar pasos» que «no llevan a ningún lado».

Cuenta con la complicidad y el respaldo de la Xunta. Feijóo aclaró que la cesión de la infraestructura seguirá en el horizonte — «nosotros no vamos a renunciar» , destacó— , pero que su anhelo no le ciega a la hora de distinguir lo que está en juego. El presidente autonómico se mostró «consciente» de los «condicionantes que vive España desde el punto de vista territorial» , condicionada por la «deslealtad máxima» de Puigdemont y el soberanismo hacia la Constitución. Lo dijo cerrando filas: «En este momento hay que apoyar al Gobierno de todos, el de España».

A pesar de reiterar el veto a la AP-9, Fomento se encargó en los últimos días de alfombrar el aterrizaje de De la Serna en la Comunidad. Principalmente, gracias al acuerdo sellado en el último Consejo de Ministros: el Estado accede a abonar siete millones de euros mensuales por los peajes de Rande y A Barcala . Exhime, por tanto, a la Xunta de tener que abonar un montante de unos 400 millones de euros acumulados hasta el 2048, el año en que finaliza la actual concesión.

Para el ministro, esta no es sino otra prueba de que Galicia recibe un trato «especial» y «muy singular» respecto a una de sus vías nodales. En la decisión de modificar el sistema de compensación con Audasa —por vía real decreto—, tuvo un papel destacado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. De la Serna no lo quiso dejar de lado: «Es quien ha dado el visto bueno», apuntó.

La reforma permitirá atajar el «enriquecimiento injusto» del que, según el Estado, se aprovechaba la concesionaria en esos dos enclaves. Lo hacía gracias a un convenio rubricado hace doce años por el bipartito. Ahora, en caso de que la empresa reciba ingresos extraordinarios, tendrá que devolverlos por medio de una «cuenta de compensación» . «Es la mejor noticia que podría recibir un presidente autonómico», agradeció Feijóo, sorprendido por la rapidez con la que el Gobierno de Rajoy ha accedido a una de sus demandas: «No era yo tan optimista». El titular de la Xunta había introducido las cargas financieras en el debate sobre la AP-9, agitado por la oposición para calibrar su influencia en Madrid. Era, además, el paso necesario para que la Xunta encabezara, una vez más, el tren de la Galicia que pide gestionar su principal arteria.