El «macrojuicio» del «Prestige» se reanudará el próximo 13 de noviembre

El «macrojuicio» comenzó ayer en La Coruña y en sus dos primeras jornadas l as numerosas partes personadas han tenido la oportunidad de presentar alegaciones y reclamar la admisión de más testigos o pruebas periciales.

Durante la jornada de hoy, el fiscal especial de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha rechazado la suspensión del juicio solicitada por la defensa del principal acusado, el capitán del petrolero, y ha defendido la legalidad de las pruebas presentadas al proceso.

La segunda jornada del juicio se ha centrado en el debate de la petición de suspensión requerida por el principal acusado , Apostolos Mangouras, de 76 años, al alegar ayer el letrado que le representa, José María Ruiz Soroa, que la armadora del petrolero, Universe Maritime, declarada responsable civil subsidiaria, no fue citada al proceso.

Por tanto, la defensa entiende que solo cabe excluirla como responsable civil o suspender temporalmente el proceso para citarlos.

El abogado del capitán del «Prestige» también reclamó ayer la «nulidad» de las actuaciones en lo que respecta al delito contra el medio ambiente que se imputa a su patrocinado.

Ruiz Soroa alegó para justificar esta petición que el Gobierno inspeccionó el petrolero sin autorización del juez y consideró «irregular» e «ilícita» la prueba que constituyen los documentos sacados de la nave el 18 de noviembre de 2002, un día antes de su hundimiento, porque se trató de una «violación de domicilio».

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, el letrado que representa a la Xunta y numerosas acusaciones particulares han rechazado estos argumentos, han tildado de «esperpéntico» que se considere que un buque que está a punto de hundirse es un domicilio , y han defendido la legalidad de la prueba.

En cuanto a la armadora del «Prestige», el fiscal la ha acusado de «huir» del procedimiento y ha sostenido que la estrategia de Universe Maritime es la de «evitar ser juzgada», por lo que ha reclamado que se mantenga su imputación como responsable civil subsidiaria.

Igualmente, se ha debatido sobre el requerimiento solicitado ayer por el abogado de la plataforma ciudadana «Nunca Máis», personada como acusación particular, que reclamó la nulidad de la principal prueba pericial del juicio , que se refiere al estado estructural del petrolero.

Alegó que dicha prueba la realizó el ingeniero naval Santiago Martín Criado, ya fallecido, que estaba en el gabinete de crisis gubernamental que se constituyó tras el accidente y que dio por buena la decisión de alejar el barco de la costa.

La Fiscalía, Abogacía del Estado y Xunta han defendido la validez de esta prueba pericial.

El tribunal deberá ahora decidir sobre estas cuestiones, especialmente en lo referente a las indemnizaciones, que la Fiscalía ha elevado notablemente, y dictar antes del 13 de noviembre un acto con su decisión.

El Ministerio Fiscal reclama por la «marea negra» provocada por el hundimiento del «Prestige» indemnizaciones por los daños causados que suman 4.442 millones de euros.

Dadas sus dimensiones, el «macrojuicio» se celebra en Expocoruña, un recinto multiusos que ha sido necesario habilitar dadas las dimensiones del proceso, el mayor de la historia judicial de Galicia, con 2.128 partes personadas, 133 testigos, 98 peritos, 51 abogados y 21 procuradores.

Están acusados en este proceso el capitán del barco, el griego Apostolos Mangouras , de 76 años, para el que se piden 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia; los mismos delitos que se les imputan a otros dos miembros de la tripulación, Ireneo Maloto, primer oficial, de nacionalidad filipina y que actualmente se encuentra en paradero desconocido, y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas .

Si en algún momento Maloto fuese localizado, sería juzgado de manera independiente al resto de los imputados.

En el banquillo de los acusados también se sienta José Luis López-Sors, exdirector general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento, que está acusado de imprudencia grave por el rumbo errático que siguió la nave durante seis días y que extendió el vertido de fuel desde Galicia hasta las costas francesas.

Asimismo, están imputados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.