Una juez retira la propiedad de un perro a dos okupas por la «forma de vida» que le daban

La decisión judicial no llamaría la atención sino fuera porque viene sustentada en un extenso auto, de 34 páginas, que no tiene desperdicio . De Lara reconoce que actuó en calidad de juez de guardia tras conocer por la prensa local que un perro había saltado por una ventana de una casa okupa el pasado 21 de noviembre, después de que se personaran en el inmueble agentes de la policía local tras una denuncia sobre un posible maltrato animal. El perro Yanko saltó por la ventana, amortiguó la caída con un toldo, se reincorporó y regresó a la vivienda okupada. Los agentes refirieron en su atestado el «nerviosismo» del animal, y De Lara se pregunta en su auto si la actitud del perro no responderá «a su forma de vida».

«De la literatura sobre psicología canina (sic), se extrae que el miedo en un perro, puede venir causado por malas experiencias pasadas y/o presentes de maltrato o ausencia de cariño, aislamiento, o falta de socialización con otros animales o personas durante un tiempo prolongado», se extiende doctamente la juez.

Cuatro días más tarde, envía de nuevo a la policía a la casa okupada para que inspeccionen nuevamente al animal. Los agentes señalan que el perro muestra un carácter huidizo, pero que más allá de pulgas, muestra un aparente buen estado. «Claro que no deja de sorprender que, a pesar de que el perro haya caído desde un primer piso, cuatro días después de la precipitación, no haya sido llevado a examen veterinario, ni esta parece que sea la intención de sus dueños», continúa el auto.

Abundan en el escrito de la juez los detalles por la falta de higiene y salubridad a la que los okupas someten al anima l , «en una dependencia , con bastantes inmundicias , sobre un colchón tirado en el suelo, lleno de suciedad, de porquería, pelos, excrementos y cercado por sus propias heces». «No es de extrañar, que el perro que ha estado confinado durante al menos los últimos cinco meses, en un piso sin habitabilidad, y en unas condiciones higiénico sanitarias tan lamentables, haya decidido escapar, siquiera tirándose por la ventana, tan pronto tuvo la oportunidad», concluye.

Para De Lara, los hechos investigados constituirían un presunto delito de abandono, aunque en función de las secuelas físicas o psíquicas que un perito veterinario pudiera determinar, la calificación podría elevarse a maltrato animal. En las siguientes cinco páginas del auto, la instructora comienza censurando la falta de protección penal que históricamente ha tenido el bienestar animal -reprochando que no tenga una mención constitucional- y despliega una panoplia de reflexiones acerca de la legislación vigente, que adereza con jurisprudencia al respecto. Por el texto aparecen comparaciones entre del abandono del hogar con el animal, una crítica a las altas tasas de esta práctica en España, más jurisprudencia...

Todas estas páginas y páginas de soliloquio de la instructora contrastan con la opinión de una policía local que ni siquiera levantó inicialmente un atestado porque zanjó la cuestión sentenciando que «el animal vive en las mismas condiciones que sus dueños» . «El que aquellos libremente hayan optado por acumular escombros, no ordenar la casa o no limpiar la basura existente, no les faculta en modo alguno para someter a un perro, que carece de dicha posibilidad de decisión ni a ningún otro ser dependiente, a malvivir en tales condiciones», les replica la juez, «el perro está catalogado como animal de compañía; expresión que por sí misma revela el egoísmo implícito en la concepción antropocéntrica del individuo que pasa por contemplar a los animales como objeto de disfrute del hombre (sic)».

Al mismo tiempo que continúa las diligencias por las tribulaciones del perro Yanko, Pilar de Lara tiene pendiente cerrar algunas macrocausas que acumulan años abiertas en su juzgado. Son causas como la «Pokemon», «Carioca», «Plan General», « Pulpo », « Cóndor » o «Garañón», investigaciones cuyas imputaciones le han costado su puesto en la vida política activa a nombres como el exalcalde de Lugo, José López Orozco, o el exlíder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro . La fecha de cierre de estas instrucciones es desconocida, con la excepción de la «Pokemon», pendiente de remisión a la Audiencia Nacional. Por el camino, la actividad instructora de De Lara ha sido desautorizada por órganos superiores como el Tribunal Superior de Galicia o incluso el Supremo, coincidiendo la mayoría de las veces en que sus piezas se sostenían en indicios inexistentes.