La huelga en la Justicia gallega que mantiene vivos a los muertos

Así es como la Justicia gallega está al albur de lo que un comité de huelga entienda por justo para los trabajadores . El inicio de las movilizaciones se justificó como el mal necesario para finiquitar una supuesta «discriminación» salarial de los funcionarios de Galicia respecto al resto de comunidades autónomas. En las primeras tandas de negociación, los representantes sindicales pidieron un incremento del complemento salarial autonómico de 270 euros, al que habría que añadir acto seguido las subidas pactadas en la Mesa de Función Pública en Madrid. La Xunta les dio su primer «no»: la cifra, amén de ser «inasumible», lastraría con 600 millones menos las arcas de la Comunidad , pues se entiende que detrás de los funcionarios judiciales vendrían los trabajadores de la sanidad, la educación y demás áreas administrativas.

El conflicto se enquistó. Lo azuzó un comité de huelga multicolor en el que siete organizaciones (CC.OO, UGT, USO, CSIF, CIG, STAJ y CUT) compiten por enhebrar un pacto con la Xunta, y al mismo tiempo proyectar la sensación de que contra el Gobierno vale cualquier estratagema, incluido el chantaje y la parálisis de un servicio esencial. Las elecciones sindicales serán en 2019.

Semana a semana, los juicios se fueron posponiendo. Unos más mediáticos (contra Sito Miñanco, o el de la Operación Trucarro ) que otros, pero todos se suman a una larga lista que puede superar los 15.000 aplazamientos. Visto el panorama el universo judicial se echa a temblar: el Colegio de Abogados de La Coruña tuvo que adelantar la semana pasada el pago del turno de oficio, y las declaraciones de jueces y fiscales instando a una solución salpican los periodos en que los sindicatos exigen y exigen, y la Xunta intenta malogradamente llevar las negociaciones al terreno de la «racionalidad».

Los últimos intentos por abotonar un acuerdo hicieron aguas, así que la Xunta decidió explorar otra estrategia. Según pudo conocer ABC, antes de la mesa convocada el 18 de abril los responsables autonómicos de Justicia se citaron con el ala moderada el comité de huelga. De aquellas conversaciones preliminares con delegados de CCOO, UGT, CSIF y USO (el 60% de la representación) emanó un preacuerdo por el cual se subirían los salarios 140 euros para los médicos forenses, 133 para gestores, 127 para tramitadores y 122 para los auxilios judiciales.

Llegado el momento de la verdad el preacuerdo reventó . Los sindicalistas que habían participado en aquellas reuniones se echaron atrás y triunfaron las tesis de las organizaciones más radicalizadas , como desveló a posteriori el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda . La «indignación» y la «perplejidad» de la Xunta es total. No ya por la cerrazón de los cabecillas de la huelga, sino porque entre sus peticiones, situadas ahora en los 140 euros para todos los cuerpos, figura la cimentación de algunos privilegios , como que los planes de recuperación del trabajo se ciñan única y exclusivamente a los funcionarios que secundaron los paros.

Entremedias, la unidad del comité sindical se carcome , dividido entre los partidarios de sellar ya un acuerdo y los que insisten en la confrontación. Los trabajadores asisten expectantes al desarrollo de las negociaciones, aunque unas de las claves de la duración de la huelga está en unos servicios mínimos diseñados a la medida de los sindicatos. Solo se sondearon sus opiniones una vez , vía consulta interna, y fue para darle un toque de atención al comité para que rebajara sus pretensiones.

Por eso es que en la Xunta se insiste una y otra vez en que ninguna « presión » la va someter a un «juego», «un bucle sin fin», o «una subasta» para ofertar incrementos salariales ad infinitum . Hasta el momento no hay ninguna nueva reunión programada. El Ejecutivo espera a que los representantes de los trabajadores entren en razón. Tras ellos, vendrá el definitivo apagón a una huelga que, a ojos de la administración, mantiene vivos a los muertos.