El Gobierno recurre al Constitucional la ley de salud pública gallega

La norma gallega «regula pormenorizadamente» aquellos mecanismos extraordinarios necesarios para tutelar la salud pública ante crisis sanitarias con respecto a la legislación estatal. Sin embargo, el Gobierno asegura que lo hace « incidiendo sobre los derechos fundamentales de una manera que no se puede considerar un mero desarrollo de la Ley Orgánica estatal », señala Ep.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha defendido la constitucionalidad de la Ley en la rueda de prensa posterior al comité clínico: « Nosotros creemos que es una ley necesaria », ha asegurado. «No va contra nadie», ha matizado, y ha recordado que Galicia entendió «que lo lógico era que hubiese una modificación de la ley orgánica».

Ha sido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , a través de las redes sociales, quien ha ido un paso más allá. Ha afeado al Gobierno no abra la comisión bilateral, además de defender que su ley de salud es constitucional. «Vaya idea de cogobernanza», ha reprochado. «Tras un año haciendo oídos sordos al clamor para aprobar una norma para gestionar la pandemia, el Gobierno tampoco deja actuar a las comunidades y recurre la Ley gallega de salud, en plena Semana Santa y sin abrir una negociación ni dirigirse a la Xunta. Vaya idea de cogobernanza», ha afianzado el titular del Gobierno gallego.

El Gobierno especifica aquellos artículos por los que considera que la ley autonómica vulnera la reserva de Ley Orgánica . Por ejemplo, el artículo número 5 establece que la comunidad autónoma podrá someter «a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización». Una cuestión que no se considera, según refiere el Estado, en la estrategia de vacunación aprobada por el Consejo Interterritorial que recoge que la vacunación será voluntaria. También se refiere a todas las previsiones que constituyen el régimen de infracciones y sanciones, que también consideran inconstitucionales. Así las cosas, el Estado justifica su decisión en el hecho de que la norma puede vulnerar el artículo 116 de la Constitución , que regula los estados excepcionales. Porque durante el estado de alarma, las CCAA ostentan atribuciones delegadas que no pueden utilizarse para aprobar esta ley ordinaria «como si fueran facultades correspondientes» a sus competencias.

La impugnación ante el Tribunal Constitucional producirá la suspensión del apartado recurrido. El Tribunal tendrá un máximo de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión, informa Servimedia.