Coronavirus: Galicia aprueba la modificación de la ley por la que se podría obligar a la vacunación

En su defensa de la reforma, desde el PP expusieron que Galicia se hace así con «una herramienta legal y necesaria para gestionar mejor la pandemia» que abre la puerta a aplicar limitaciones en lo tocante a movilidad entre territorios, aislamientos forzosos, cuarentenas e incluso una vacunación obligatoria llegado el caso. Sin embargo, la oposición entiende que esta modificación solo da alas a los negacionistas porque « obligar a vacunar es el paso más firme para alentarlos» , apuntó el socialista Julio Torrado. En la misma línea, desde el BNG afearon que «el problema no es que la gente no quiera vacunarse, es que no puede», en alusión a la lentitud con la que las autonomías están recibiendo los antídotos.

La inmunización forzosa se convirtió en centro de la polémica desde el inicio de la tramitación de la ley, entre otras razones, porque Galicia es el primer territorio español que planteó armarse legalmente ante una situación como la actual. El reproche de quienes votaron en contra se centra en el apartado que contempla «el sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización, con información, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados con la adopción o no adopción de estas medidas» . La redacción no implica, explicaron fuentes del Gobierno gallego, que con la entrada en vigor de esta ley sea obligatorio vacunarse contra el Covid en Galicia, sino que aprueba el marco para que llegado el caso pueda serlo. Así lo había indicado ya el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al expresar que este proyecto de ley «prevé la posibilidad de vacunas obligatorias, de esta contra el Covid o de cualquier otra , si así lo dictaminan las autoridades sanitarias». Es decir, «proporciona un amparo legal» inexistente hasta el momento.

«Lejos de ser una ley autoritaria, lo que hace es regular y poner límites a lo que puede hacer una administración durante una crisis sanitaria y garantizar una asistencia digna a los contagiados», aseveró la diputada Encarna Amigo durante el debate previo a la votación ante las críticas de la oposición, que consideran que las modificaciones no están encaminadas a mejorar la sanidad pública gallega. Desde el PSdeG y el Bloque también criticaron el carácter «punitivo» de las reformas introducidas, arguyendo que «es un grave error enfocar un problema de salud pública como un problema de orden público».

En el nuevo modelo de sanciones graduales por saltarse la legalidad y poner en riesgo la salud de la población se introducen multas de hasta 60.000 euros en el caso de incumplir confinamientos y un régimen de sanciones de hasta 600.000 euros en tres niveles —leve, grave y muy grave— para penar el rechazo a vacunarse o hacerse pruebas, pero solo en caso de que las autoridades sanitarias establezcan su obligatoriedad. La reformulación del texto también fija en un mínimo de 100 euros la multa por no llevar mascarilla, con la posibilidad de incremento en función del incumplimiento. Además, la modificación aprobada ayer introduce otras infracciones leves como hacer botellón, infringir los toques de queda, reunirse con más personas de las permitidas, participar en fiestas que incumplan las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias o incumplir los horarios fijados en el caso de los locales, los comercios o la hostelería. El objetivo, insistieron desde la bancada popular, es «garantizar el automatismo de la respuesta» y «reducir la incertidumbre» ante una realidad que puso a prueba todos los resortes legales conocidos.