La factura de Meirás sigue creciendo: ahora, 60.000 euros más en «sistemas electrónicos de seguridad»

Según una respuesta facilitada a este periódico a través del Portal de Transparencia, la Dirección General de Patrimonio del Estado –dependiente del Ministerio de Hacienda–, lleva sufragados hasta este pasado 22 de abril más de 210.000 euros en el Pazo de Meirás desde que pasó a manos públicas el pasado mes de diciembre, en ejecución provisional de la sentencia de primera instancia. Las últimas partidas presupuestarias se han destinado a cuestiones relacionadas con la seguridad. Así, se han abonado 58.000 euros por concepto de «instalación de sistemas electrónicos de seguridad», 937,28 euros por «cerraduras, cilindros y candado» , 269,83 por cambiar una cerradura «a cuadro equipo media» y 15,39 para comprar «un termómetro higómetro» que mida la humedad en el interior del inmueble.

A mayores, el Estado empieza a hacerse una idea de los suministros básicos del pazo. Del 23 de diciembre al 31 de marzo de 2021 reconoce haber pagado 2.396 euros de factura de luz , y 121,44 de agua. Este tiempo se corresponde con semanas en las que Meirás ha estado cerrado al público, con la única presencia de técnicos del Estado que desarrollan tareas de adecuación del inmueble para su apertura, en una fecha todavía indeterminada.

En su contestación a este periódico, Patrimonio del Estado recoge también las partidas de gasto que en su día ya reconoció a varias diputadas gallegas del PP: 115.000 euros de servicio de vigilancia de inmueble y finca ; 17.103 euros por «trabajos de puesta a punto inicial de jardines y zonas verdes» y otros 17.424 euros por los «trabajos de mantenimiento», así como 4.440,70 por «varias reparaciones e informes de la instalación eléctrica» o 971,63 euros mensuales en limpieza, que tras el transcurso de cuatro meses asciende ahora a 2.93,27 euros.

Este gasto reconocido por el Estado se suma a los 400.000 euros en obras de urgencia anunciados el pasado 16 de marzo tras la reunión del Consejo de Ministros, y al que los Franco respondieron con un requerimiento en el juzgado para que se les dé traslado de los informes técnicos que justifican esta inversión pública, toda vez que podrían tener que reembolsarla si recuperan el pazo en el TS.