Los Franco piden al Estado que detalle las obras por 400.000 euros que ha anunciado en Meirás

El punto de conflicto vuelve a estar alrededor de los gastos de mantenimiento de Meirás . Si la controversia hasta ahora era si el Estado tendría que abonarlos a los Franco por su condición de «necesarios» y «útiles» durante los últimos 45 años, en estricta aplicación del Código Civil y lo determinado por la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña (que los reconocía como poseedores de buena fe), ahora cambia de tercio. En su escrito, los Franco exponen que si finalmente el Supremo les da la razón y recuperan la propiedad de la vieja residencia de verano de su abuelo, sean ellos los que deban devolverle al Estado esos 400.000 euros, dado que serían de nuevo «gastos necesarios», los que según la legislación civil española se deben reembolsar a todo poseedor.

Por ello, piden al juzgado que se les dé un plazo de quince días para que técnicos designados por la familia puedan inspeccionar las zonas de Meirás que precisan la actuación urgente del Estado, « y formarse una opinión fundada en cuanto a la necesidad y pertinencia de las obras que ha contratado/ejecutado y/o proyecta contratar/ejecutar» el Gobierno, así como en orden al «gasto» que las mismas han supuesto o habrán de suponer. «Salvo por las noticias aparecidas en los medios de comunicación», la familia «desconoce por completo de qué obras y gastos estamos hablando», porque a su juicio el inmueble no presentaba desperfecto alguno cuando fue entregado en la ejecución provisional de la primera sentencia, allá por el mes de diciembre.

Además, los abogados de la familia Franco (Luis Felipe Utrera-Molina y Antonio Gil Evangelista, del despacho madrileño Hernández-Canut) recuerdan que, en su sentencia de apelación, la Audiencia Provincial de La Coruña les devolvió el derecho de retención , es decir, la prerrogativa a mantener la posesión efectiva de Meirás hasta que se liquiden los gastos de los últimos 45 años. Si esa prerrogativa se hubiese reclamado, el Estado no podría realizar esta inversión, por más que la justicia le considere, de manera provisional, legítimo propietario del inmueble.

El escrito de los Franco llega a la mesa de la juez Marta Canales, la titular del juzgado coruñés, y que en la sentencia que dictó el 2 de septiembre acogió sin matiz alguno todas las reclamaciones de la Abogacía del Estado respecto a la propiedad de Meirás, una postura seguidista que tuvo continuidad en el debate de las medidas cautelares sobre los bienes del interior del pazo. Canales, además, se prestó a participar en la performance organizada por el Gobierno el 10 de diciembre para la entrega de las llaves del pazo, un acto al que acudió incluso la abogada general del Estado, Consuelo Castro.

El recurso de casación al Supremo, al que han acudido tanto los Franco para intentar recuperar la propiedad del pazo como las distintas administraciones públicas para minimizar la indemnización por gastos que le pueda corresponder a la familia, no es el único frente legal que sigue latente en el pleito de Meirás. La Audiencia Provincial tiene pendiente resolver el recurso de los nietos por las medidas cautelares dictadas por la juez Canales, por las que entregó en depósito al Estado la totalidad de los bienes del pazo hasta que se pueda determinar su relación con el inmueble o su hipotética vinculación con los usos que se le quiera dar.