Cadenas: «Someter a los jueces a un examen psicotécnico previo sería un plus de garantía»

—La reforma se está aplicando en cuanto a los plazos, lo que sucede es que estas causas estaban en un periodo transitorio, y cuando transcurra tendrá que ponerse fin a la instrucción, lo cual no quiere decir que se archive, evidentemente. La causa pasará a otra fase procesal.

—Sin salir de la reforma, ¿ha tenido el efecto pretendido de reducir la carga de trabajo y acelerar los plazos de las instrucciones?

—Es pronto para saber si se han archivado causas que anteriormente hubieran podido tener otro rumbo procesal. Hace falta tiempo para saber el efecto beneficioso o pernicioso de la ley.

—Hay una reforma que les sobrevuela, la del fiscal instructor.

—Esa es una opción del legislador. El instructor, sea quien sea, debe tener una autonomía erga omnes, frente a todos, durante la investigación. Al lado siempre tendrá un juez de garantías. En la actualidad, el juez tiene las dos facetas.

—¿Sería partidario de que los aspirantes a la judicatura aprobaran previamente un examen psicotécnico?

—La verdad es que tampoco sorprendería mucho que se instaurase, al fin y al cabo es un plus de garantía. La carrera judicial ha venido hasta ahora funcionando con jueces que han superado determinadas pruebas de acceso en las que no figuraba ese psicotécnico, pero si se considera que es un añadido necesario, respetaremos la previsión legal. Indudablemente, un juez puede estar sometido perfectamente a ese tipo de contraste.

—El presidente de la Audiencia de Lugo planteaba que las investigaciones a personajes públicos las autorizasen órganos colegiados y no jueces

—El sistema de investigación penal debe ser unitario y universal cualquiera que sea la persona investigada. Otra cosa es que, en función del aforamiento, se determine que otro órgano sea el encargado de la investigación. Pero como sistema de instrucción, debe ser igualitario.

—¿Sería partidario de limitar la acción de los medios de comunicación al respecto de sumarios secretos?

—Nuestro sistema tiene entre sus valores supremos las libertades, la de expresión, la de dar y recibir información veraz. No puede haber censuras previas. Esto nos conduce a que los medios tienen su propia responsabilidad. La primera es ante ellos mismos, aplicándose una autolimitación. Y si esto ha fallado, tendrán la responsabilidad que pueda ser, incluso penal, normalmente es civil resarcitoria. Este es el planteamiento que procede.

—Recientemente se desayunó con informaciones sobre conversaciones privadas entre dos jueces recogidas en un informe aparentemente secreto, en las que emitían opiniones sobre Pilar de Lara. ¿Qué pensó?

—Desde lejos es difícil hacer un juicio de valor. Pero en general, en el marco de una investigación penal puede surgir el conocimiento de hechos de vida privada desconectados del objeto investigado y que no revisten dimensión penal. Y eso no es que no deba traslucir, es que no debe seguir perviviendo en el procedimiento. Si surgen filtraciones de este tipo, deberán responder los responsables de la instrucción penal.

—¿Esto no enrarece el clima de la carrera judicial?

—El clima desde luego, pero no solo interno, sino que también proyecta una imagen de la carrera judicial que no es positiva para nadie.

—La filtración de este informe, ¿puede interpretarse como un aviso a navegantes?

—No lo sé, porque dependerá de los navegantes a que se refiera y en qué barco o dirección estén navegando. Los procedimientos penales son todos reservados, si se declaran secretos se intensifica esa reserva, y lo que debe hacer un juez y el fiscal que actúen en una causa es acudir a los resortes que les da la ley si se producen filtraciones. La ley de enjuiciamiento y el código penal implican una responsabilidad del juez actuante y también del fiscal y las partes actuantes. Esto es lo que hay que hacer.

—Entre usted y yo, esto no pasa.

—El hecho de que no suela pasar no significa que no deba pasar, porque es el mecanismo legal previsto.

—Están dándole la última capa de barniz al caso de los supuestos regalos al presidente de la Xunta en el marco de la «operación Cóndor». ¿La Sala ha fallado ya?

—Es cuestión de tiempo saberlo. Fiscalía emitió su informe, un magistrado es el ponente de la causa, la Sala mantuvo una primera reunión y habrá todavía una deliberación definitiva. Eso desembocará en una resolución sobre el asunto.

—¿Es equiparable Vigilancia Aduanera a Policía o Guardia Civil para realizar labores de policía judicial en el marco de una instrucción penal?

—Hay jurisprudencia al respecto. Realmente usted no me está preguntando eso, sino otra cosa. Lo que le puedo decir es que los problemas legales de actuación de un cuerpo como Vigilancia Aduanera, que es policía judicial pero con competencias específicas, tienen que ser valorados y expuestos y resueltos en cada procedimiento penal.

—¿Un juez necesita tener credibilidad

—Sí.

—Y si la pierde, ¿qué le queda?

—Le queda, por lo menos mientras no se adopte otra resolución, la condición de juez. Lo que pasa que es muy matizable la pérdida de credibilidad, que puede ser cuantitativa o cualitativa, en mayor o menor medida.

—Cláusulas suelo, hipotecarias, desahucios... ¿Por qué ha tenido que venir un tribunal europeo a enmendar nuestra ley hipotecaria?

—Es difícil que coexistan dos legislaciones, la europea y la nacional, porque exige una interpretación de normas que no siempre es fácil. Las legislaciones nacionales responden a idiosincrasias que a veces el tribunal europeo que está resolviendo no comparte. Pero recuerdo que quien plantea la cuestión fue un juez español. Las dudas van surgiendo en sede judicial cuando hay que aplicar en determinados puntos preceptos nacionales que a un juez no le convencen, porque quizás no armoniza con la Constitución o bien con la normativa europea. Y el juez no puede hacer otra cosa que no sea plantear una cuestión de constitucionalidad o una prejudicial.

—Nuestra ley hipotecaria no se aprobó ayer, data de la posguerra. Por eso es curioso que sea ahora cuando un juez se percata de sus abusos. ¿Condiciona el actual momento social del país?

—Indudablemente. Las normas deben ser interpretadas de acuerdo al momento histórico en que deben ser aplicadas. Las situaciones en bonanza económica son distintas a las del actual contexto de crisis. Los tiempos evolucionan y a veces las normas no lo hacen al mismo compás. Y tenemos un escenario supralegal, de legislación europea, que no había antes.

—También sorprendió en la sentencia del TS sobre los exdirectivos de Novacaixagalicia que hiciera un reproche por la imposición de condenas tan bajas y que se reconociese incapaz de elevarlas.

—Ese es un problema de congruencia. El Supremo, si no tenía un recurso de una acusación que le permitiera reformar a peor la sentencia recurrida, no podía ampliar las penas. Es el sometimiento a la ley. No podía hacer otra cosa.

—¿Los jueces se están convirtiendo en la nueva conciencia social de este país?

—No, los jueces tienen conciencia social. No creo que exista una pretensión de universalizar la conciencia de los jueces, lo que pasa es que cuando tienen que resolver problemas concretos y la legislación a aplicar no armoniza con preceptos constitucionales o la legislación europea, plantea lo que está en su mano. No creo que ningún juez pretenda establecer un marco general de conciencia judicial especial.

—Volvemos a Galicia. Se han aprobado para este año tres nuevas unidades judiciales. ¿Son suficientes?

—Pues no, no lo son porque llevamos tiempo sin crear nuevas unidades. El problema, dado el contexto que vivimos desde 2008, ya no es que sea necesario crear nuevos órganos, es si era factible por razones económicas. Siempre digo que invertir en justicia es una exigencia constitucional, pero es que además económicamente es positivo. Hace poco leía que estaban en juego en los juzgados de toda España 50.000 millones de euros. Además de la exigencia constitucional de que haya un Poder Judicial independiente y eficaz, también hay intereses patrimoniales que, de resolverse los asuntos en menor tiempo, generarían repercusiones económicas.