Luís Villares: «Una instrucción judicial no puede durar cinco años. Es inaceptable»

Lo más inmediato. ¿Qué tal el aterrizaje en la vida del político profesional?

Profesional, profesional... Poco, todavía. Apenas cinco meses. El aterrizaje es pleno, con buenas pulsaciones.

¿Llegó a la política pensando que hoy sería presidente de la Xunta y no líder de la oposición?

Llegué a la política pensando que tenía que hacer una aportación a un proyecto político que era ilusionante, una alternativa para nuestro país. Y si esa aportación permitía liderar ese proyecto desde el gobierno, mejor. Y si no, pues en la posición en la que nos pusiera la ciudadanía.

Le leí en una entrevista que atribuía a una derrota de la oposición la victoria de Feijóo en 2012, denunciando que no había alternativa.

No, en este caso había alternativa clara, y era En Marea. Seguramente nos faltó tiempo, y eso no dependía de nadie salvo de nosotros. El proceso de conformación de EM como proyecto político llegó relativamente tarde y da lugar a que la gente mire con curiosidad pero con cierta desconfianza. Nos faltó andar un camino, que es el que hacemos ahora. Cuando llegue el momento en 2020, tendremos la confianza de esa gente que nos miraba como opción de futuro pero recelaba de nuestra falta de pasado.

Sorprendió que en campaña, un candidato recién llegado como usted, que venía de ser magistrado del TSXG, cayera en ocasiones en el discurso faltón. ¿El rupturismo no tiene modales?

Niego la mayor, niego que de mi discurso se pudiera derivar ningún tipo de insulto. Cuando hablamos de calificativos, de situaciones en que incurrió el PP, eran más descripciones que otra cosa.

Llamar a Feijóo “bacteria” no sé cómo se acompasa con una descripción...

Eso fue el día de la presentación de los temas ambientales delante de las celulosas, y de la toxicidad de algunas políticas para Galicia. En todo caso, lo que queríamos era llamar la atención ante la situación ambiental inaceptable.

¿Hay un electorado que necesita ser agitado de esa ruda manera para movilizarse?

Uno de los grandes enemigos de las elecciones siempre es el abstencionista. Para movilizarlo hace falta estar a pie de calle, utilizando mensajes que lleguen a todo el mundo.

De cara a ampliar su base electoral, ¿van a moderar el mensaje o a perseverar en la radicalidad?

Esto implica seguir en la centralidad social, que no política. El discurso que hacemos es de mayorías sociales, que interpela a la mayor parte de las capas de la población, y seguiremos por ahí, porque creemos que puede convencer y seducir.

La pregunta era una forma sutil de preguntarle si era más de Iglesias o de Errejón...

En Marea tiene proyecto político propio que nos permite no tener que escoger entre una opción u otra. En el debate de investidura ya explicamos cómo queremos hacer política. Las instituciones son altavoces válidos para hacer llegar nuestro mensaje pero teniendo detrás un trabajo social previo. Lo que queremos es crear un estado de opinión diferente al de las elecciones, y que conduzca a otro más favorable.

Mirando a Madrid, ¿no creen que el PSOE está consiguiendo más en el Congreso mediante el diálogo con el PP que Podemos y las confluencias en las calles?

Habría que matizar la afirmación, porque hay cosas que se están aprobando en el Congreso que son consecuencia de la agitación en la calle. La aprobación de medidas contra la pobreza energética nunca estarían en el debate público si nosotros no las lleváramos. Podemos y las confluencias pusimos encima de la mesa prioridades sociales que solamente ahora, tras ser asumidas por la sociedad, el resto de fuerzas políticas son capaces de aprobarlas. Nosotros socializamos un discurso, que ahora utiliza el PSOE y, en algunos casos, hasta el PP.

¿Pero quien les capitaliza ese discurso no es el PSOE?

Que el PSOE vote con el PP no significa que capitalice el trabajo hecho por Podemos y las confluencias. Y ya veremos los resultados. El PSOE tiene un dilema: si se comporta como apéndice del PP, su desaparición será inminente. Por eso buscan ahora resituarse en unas nuevas coordenadas.

Los gallegos, aun con mayoría absoluta del PP, sigue pidiendo pactos. ¿Cómo van a hacer para visualizar su alternativa política sin quedar fuera de los grandes pactos de país?

Hay temas en los que es necesario hablar, y si se puede llegar a acuerdos, los alcanzaremos. Pero que sean acuerdos favorables para la ciudadanía, para las mayorías sociales. Puede haber pactos. Si no, quedaremos como única alternativa al PP.

¿Cuánto va a ganar al final Luis Villares como parlamento, dentro del marco retributivo de En Marea? ¿Los famosos cinco salarios mínimos?

Va a ganar lo que dice la carta financiera. No sé si eran cinco salarios mínimos y alguna cuestión adicional.

¿Va a ser usted peor representante de la “gente del común” por percibir cinco salarios mínimos como diputado? Visto que hubo un momento en que para representar al pueblo había que ganar tres como máximo...

Uno es buen representante si cumple con ilusión y responsabilidad su mandato, y eso no está en función del sueldo.

Entonces, ¿por qué la nueva política estableció la retribución de los cargos públicos como un elemento para el “no nos representan” o desacreditar a la clase política?

Era una llamada de atención ante una parte de la clase política que accedía a la actividad para enriquecerse personalmente. Y había muchas vías de enriquecimiento. Se dieron situaciones intolerables. Había concellos de 3.000 habitantes con alcaldes que cobraban sueldos superiores a diputados. Eso pasa a día de hoy. Y eso era necesario frenarlo. Además, que un concello diezmado tuviese esa circunstancia, causaba bochorno. Nuestro espacio político, además de intervenir en otras medidas contra la corrupción, se fijó en el aspecto salarial.

¿Es sensato que un diputado raso del Parlamento gane más que el alcalde de una gran ciudad, que asume una carga de responsabilidad en la gestión?

El parámetro de la sensatez es que la retribución permita ejercer el cargo con dignidad, sin tener que preocuparse para llegar a fin de mes. Ese es el estándar. A partir de ahí, podemos matizar.

Usted viene de una carrera, la judicial, en la que la garantía de una retribución adecuada garantiza la independencia, la no necesidad de percibir ingresos externos. ¿Por qué ese criterio no es extensible a la clase política?

El caso de la carrera judicial está recogido así constitucionalmente. Es algo que no está recogido con la misma intensidad para la representación pública, en parte porque hay niveles. No será lo mismo nunca un concejal que un parlamentario. Las reglas deberían ir acorde con la responsabilidad que se ejerce.

¿Por qué los diputados de En Marea en el Congreso no pueden acogerse a la carta financiera de los parlamentarios gallegos y mejorar sus retribuciones, toda vez que vivir en Madrid es más caro que Galicia?

Los diputados de En Marea son hijos de una coalición. Ahora vamos avanzando orgánicamente, somos un espacio político diferente, y en el proceso de integración acabaremos dando entrada al grupo parlamentario en el Congreso. Una vez se produzca eso, ese desajuste se arreglará.

¿Aforados sí o aforados no?

Depende de qué tipo de aforado hablemos. Aquí se dan cifras comparativas, pero se obvia que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben ser juzgados por una Audiencia Provincial. Eso hace disparar la cifra de aforados y es una anomalía dentro del contexto europeo. El tema es complejo. Después, ¿aforado para qué? No es lo mismo el aforamiento en relación a delitos cometidos en el desempeño de un cargo que delitos comunes. Que un aforado detenido por una alcoholemia tenga que acabar juzgado por el Tribunal Supremo me parece un dislate. Somos partidarios de una reducción drástica en este doble sentido: número de aforados y causas de aforamiento. Socialmente se percibe como un privilegio, y como tal no lo es.

Usted que conoce bien la institución, ¿el TSXG da trato distinto a los políticos que un tribunal de primera instancia?

En absoluto.

Entonces, ¿por qué se ha querido trasladar la idea de que los Tribunales Superiores o incluso el Supremo son refugios para políticos?

Ahí el problema no es el tribunal, sino el procedimiento para llegar a ese tribunal. Vemos estos días el procedimiento de los Vega Sicilia y Feijóo. La burocracia para llegar al mismo estadio procesal que un juzgado normal es más larga, y esa lentitud a veces se percibe como un intento dilatorio del político para que la justicia no llegue. No creo que el TSXG ni el TS dispensen trato diferente. Esa fue siempre mi posición.

Hepatitis. Desde En Marea han pedido el cese de los dos cargos investigados. Pero el auto de la Audiencia apunta que “no hay base médica” para vincular tratamientos y muertes, y tampoco encuentra “prevaricación” en los procedimientos.

No es un caso que le corresponda juzgar a la Audiencia, salvo que sea un comentario obiter dicta. El auto revoca parcialmente el fallo del juez instructor, porque se denuncia un hecho, no una calificación jurídica. La calificación corresponde al final de la fase de instrucción, una vez que hay indicios racionales de existencia de un hecho. Comparto la decisión de la Audiencia.

¿Todo investigado en un cargo público debe dimitir?

La situación de los dos cargos del Sergas no es comparable a otros de carácter representativos, porque estas dos personas no fueron elegidos en las urnas, sino que lo fueron de libre designación. Me parece que personas de las que se cuestiona su técnica profesional en relación a este tema de manera tan contundente deberían suponer la pérdida de confianza de quien los nombró. En relación a cargos electos, hay una barrera infranqueable que es la apertura de juicio oral. Y en relación a determinados tipos de delito, que tienen que ver con la función que se ejerce y se cierne el enriquecimiento ilícito, la barrera debe adelantarse.

O sea, que al final la simplificación que en el pasado se hizo contra los imputados necesitaba de mucho matiz.

Todo discurso, venga de donde venga, necesita de matices. Ahora bien, digo lo mismo que antes, rara vez la verdad completa cabe en un titular.

Volviendo a Duarte, el programa y el código ético de Compostela Aberta no decían nada de apertura de juicio y sí de investigación a secas.

Creo que no habla de dimisión. La afirmación que hago es la que me parece la regla general dentro del espacio de En Marea.

Una de las familias de En Marea es Podemos. ¿Les salpican las peleas internas que están teniendo entre Errejón e Iglesias?

No, la vida interna de Podemos no nos condiciona.

Pero sí hay discursos de Podemos que acaban por restarles protagonismo, como el de Pablo Iglesias en La Coruña durante la campaña.

El discurso político de En Marea no bebe de forma pura de ninguna de las partes, sino que es el resultado de la confluencia de todas. No creo que haya un condicionamiento entre una cosa y otra. En el debate de investidura, ya planteé cuál sería la posición sobre un tema que ahora aborda Podemos, la relación entre la acción institucional y la acción en la calle. Si se me permite, nosotros ya resolvimos esa cuestión.

Durante lo peor de la crisis económica hubo un discurso muy desafecto hacia la clase política. ¿Puede cambiar con la llegada de la recuperación económica?

Postulamos que la recuperación económica se tiene que hacer con recuperación de derechos. Y eso es lo que nos aparta del PP y el PSOE. Estamos en niveles de PIB semejantes a las de 2009 pero las condiciones laborales son mucho peores, la inversión de gasto social en la Xunta es menor... Hay una recuperación del nivel de riqueza pero los derechos sociales no se materializan de forma equiparable.

Ha dicho que se ve volviendo algún día a la judicatura. ¿Cree que su independencia no será cuestionada cuando llegue ese momento?

En absoluto. El propio sistema constitucional y el Poder Judicial prevén mecanismos que eviten que eso pase, de forma explícita e implícita, apartándome a mí de los asuntos que tengan que ver con mi etapa política como con relación a las causas de abstención o recusación. Hay mecanismos.

¿Qué cree que piensa el ciudadano cuando los medios nos referimos a jueces progresistas y conservadores?

Los jueces, aunque no tengan afiliación partidaria, tienen ideología. Es algo que nadie niega. A partir de esa afirmación se puede hablar de unos y otros. Negar el carácter de ciudadano de un juez sería estúpido. Ahora bien, los jueces tienen un límite infranqueable, que es la ley. La norma puede ser interpretada pero nunca retorcida. Dentro de ese margen interpretativo caben esas etiquetas.

El ministro de Justicia ha anunciado la reforma de la oficina judicial, implantando la figura del fiscal instructor. ¿Qué le parece?

De nueva oficina no tiene nada, porque ya fue aprobada por una reforma del año 2003. llevamos 13 años de retraso en su implantación. Eso sí que es un fracaso. Podríamos tener una administración más eficaz y ágil con la implantación plena de la oficina o, en su caso, de haberse implantado plenamente, habríamos detectado sus disfunciones para corregirlas. En este tiempo apenas hubo experiencias piloto que no acabaron de funcionar. Yo creo que es un acierto caminar hacia esa nueva oficina, como también lo es la figura del fiscal instructor. Somos los últimos de Europa en llegar a esto. Lo necesario para que se haga bien es que haya un juez de garantías, como ya hay en la jurisdicción de menores. Y ese sistema funciona bien.

¿Por qué está tan mal visto que critiquemos a los jueces?

No sé si está mal visto. No es lo mismo criticar jurídicamente una sentencia que una descalificación completa de quien la dicta. Una de las razones es que la ciudadanía tiene confianza en el Poder Judicial, sobre todo en este momento de descrédito de otros sectores e instituciones. Se sigue viendo en los jueces el último baluarte en la defensa de los derechos sociales y las libertades públicas.

¿Y esa confianza no se debilita cuando un magistrado del Supremo afirma que la violencia machista se debe “a la desigualdad física”?

Eso se descalifica a sí mismo. La afirmación desafortunada y condenable de una persona no puede dar lugar al descrédito de toda una institución.

¿Una instrucción judicial puede durar cinco años?

No, en absoluto. Eso es inaceptable.

Entonces, ¿por qué en Galicia esto está a la orden del día?

En una parte importante faltan medios para investigar con eficacia. Y eso condiciona todo lo demás. Hay trámites que son tediosos. Abrir un correo electrónico sigue llevando meses. Una prueba de ADN de una violación lleva un año hacerla. Esto son casos reales. Es un problema de medios, no de falta de jueces de instrucción. A partir de ahí, que haya jueces o juezas que no hagan bien su trabajo, es caso distinto.

¿Cómo se resarce a un político después de pasar por la pena de telediario?

De ninguna manera. Es difícil por los tiempos que duran las instrucciones. Si fueran ágiles, las penas de telediario tendrían un resarcimiento fácil. Porque metemos a una persona en un embolado, pero si se la absuelve en un breve tiempo, la recuperación de la memoria social de quien era esa persona y de quién vuelve a ser es fácil. Pero aquí hay casos que son inaceptables en su forma de instruir, con gente que sufrió pena de banquillo durante ocho años. Por más que después haya una sentencia absolutoria e intentes rehabilitarte, no vuelves nunca a ser quien fuiste. Si una persona en tres meses es investigada, juzgada y sentenciada...

...sería un milagro.

Evidentemente, pero es lo deseable. En Europa pasa eso. Pero tienen el doble de jueces por habitante, tienen muchos más medios.

Y si llegado un punto se demuestra que un juez incurrió en mala praxis, ¿por qué luego eso no tiene consecuencias y emerge esa leyenda del corporativismo de los jueces?

Es un efecto indeseable que haya mala praxis, y si no tiene sanción es una anomalía. Prefiero hablar de casos concretos a quedar en generalidades. Es evidente que a veces se producen disfunciones.