Arranca el juicio contra la cúpula de Pescanova por falsear las cuentas

Al frente de todos ellos estará el antiguo presidente del grupo Pescanova, Manuel Fernández de Sousa , al que el fiscal considera el cabecilla de un entramado dirigido a ocultar la millonaria deuda del grupo y engañar así a inversores, acreedores y organismos reguladores . Acusado de ocho delitos, la fiscalía le reclama un total de 32 años de prisión . Fernández de Sousa ha visto cómo el caso también salpica a su mujer y a sus dos hijos, ya que en una causa separada la Audiencia Nacional ha decidido abrir juicio oral contra ellos por blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. Entre los acusados está también Alfonso Paz Andrade, exconsejero delegado, toda la cúpula de la compañía viguesa, así como el auditor de la empresa, BDO.

Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, el «descenso a los infiernos» de Pescanova arranca en 2007 con un ambicioso plan de inversiones destinado a expandir su negocio de acuicultura , sobre todo en Ecuador, Centroamérica, el Cono Sur, Galicia y Portugal. Con un desembolso estimado en 833 millones de euros, la empresa financió este gasto inicialmente a través de créditos concedidos por su matriz a diferentes sociedades que se encuadraban dentro del mismo grupo.

A partir de 2010, coincidiendo con el estallido de la crisis, la falta de recursos hizo que la compañía decidiera recurrir en mayor medida a la financiación bancaria, para después apostar por «mecanismos alternativos de financiación con vencimiento a corto plazo», en un círculo vicioso que no dejaba de incrementar su deuda. Para esconder lo delicado de su situación, de acuerdo con la investigación del fiscal, los ejecutivos de Pescanova comandados por su presidente ejecutaron «prácticas comerciales irregulares» . El volumen de su deuda en 2010 y 2011 era entre tres y casi cuatro veces superior al declarado , de acuerdo con la documentación. Las cuentas de 2012, que no llegaron a ser aprobadas, apuntaban además a un supuesto beneficio de 36,6 millones de euros, lejos de los 791 millones de pérdidas que arrastraba.

El castillo de naipes acabó por desmoronarse en marzo de 2013, cuando en un Consejo de Administración dos de sus miembros revelaron que Fernández de Sousa les había convocado días antes para reconocer la «delicada situación» de la sociedad e instarles a aportar 50 millones de euros.

La firma acudió entonces al preconcurso de acreedores y la CNMV decidió suspender las acciones de cotización, una situación en la que se mantuvo más de cuatro años. La reestructuración de la compañía se cerró en 2015 con su escisión en dos partes: la parte productiva quedó bajo control de la banca acreedora, agrupada en Nueva Pescanova , mientras la «Vieja» continúa como una sociedad de cartera en manos de los minoritarios.

El proceso también sienta en el banquillo al auditor durante aquellos años, BDO , ya que el fiscal cree que su socio Santiago Sañé dio su visto bueno a las cuentas pese a «ser sabedor» de que éstas «no podían reflejar la verdadera situación económica y patrimonial» de la empresa.