La Fiscalía solicita a la juez que la pareja de Ayuso declare como tarde el 3 de febrero, antes de su viaje
El Ministerio Público hace tal petición puesto que el plazo de instrucción está próximo a agotarse
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La Fiscalía de Madrid ha solicitado a la juez Inmaculada Iglesias que cite a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, a declarar como tarde el próximo 3 de febrero después de que la semana pasada se suspendiera la comparecencia fijada para el ... 7 de febrero en la causa en la que se investigan delitos fiscales.
En un escrito, el fiscal interesa que sin demora se le cite antes del 3 de febrero, dado que «el investigado ha decidido ausentarse del territorio nacional entre el 4 y 12 de febrero y el Juzgado lo da por bueno» al tener en cuenta que el plazo de instrucción está próximo a agotarse.
La semana pasada, la magistrada instructora suspendió la declaración a petición de la defensa al existir un señalamiento previo para ese mismo día en el Juzgado de Primera Instancia número 46 y, además, tener previsto el novio de Ayuso un viaje profesional programado previamente al señalamiento entre los días 4 y 12 de febrero.
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La citación se enmarca en el procedimiento en el que se le investiga por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil en relación con un supuesto fraude fiscal que le atribuye el Ministerio Público de Madrid.
Las declaraciones fiajdaas ya se han suspendido hasta en cuatro ocasiones. La primera fue el pasado 24 de junio, pero fue aplazada a instancias de la acusación popular que representa al PSOE y Más Madrid tras solicitar en un escrito que se investigaran cinco nuevos supuestos delitos a raíz de analizar un informe de la Agencia Tributaria que consta en el procedimiento.
En octubre, la juez acordó abrir una pieza separada para investigar si la pareja de Isabel Díaz Ayuso habría incurrido en la comisión de delitos distintos de los que ya se instruyen en la causa principal al usar una empresa para «ocultar unos ingresos» con el Grupo Quirón.
La juez aludió a un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de una «operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria« en 2021 por la que, presuntamente, habría utilizado una sociedad pantalla (Masterman S.L.) mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona, empresa propiedad de González Amador, y su cliente, Quirón Prevención S.L.».
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