La Fiscalía Europea suma ya siete investigados por el caso Tito Berni

Así lo recoge un decreto al que ha tenido acceso ABC, en el que los fiscales delegados del caso además reclaman a la Fiiapp más documentación y al perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que presente su informe «en el plazo más breve posible». El movimiento llega después de que las pesquisas llevadas a cabo por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil revelaran que en las adjudicaciones, presuntamente irregulares y sufragadas con fondos comunitarios, «pudieron tener participación terceras personas que hasta ahora no eran objeto de investigación».

Esta causa, en manos de la Fiscalía Europea desde abril de 2023, se centra en los contratos por valor de 263.000 euros asignados a la empresa de Suárez Esteve, Asesoramiento y Servicio de Drones, en dos proyectos gestionados de manera conjunta entre la Guardia Civil y la Fiiapp: el que dirigía el general Espinosa en el Sahel, denominado Gar-Si, y el de CT Public Spaces, también sobre políticas de seguridad en países africanos.

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Según los fiscales, de las diferentes diligencias de investigación «se desprende la existencia de presuntos pactos previos» entre Espinosa y el Drones, que «habrían desencadenado» que la mercantil que gestionaba el empresario resultara adjudicataria de contratos. Ambos están siendo investigados también en la parte del caso Mediador que instruye una jueza canaria como parte de una trama de mordidas mayor, presuntamente liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, a cambio de sus influencias.

En lo que respecta a la investigación que afecta a la Fiiapp, los encargados del caso sostienen que Espinosa «habría favorecido la relación y contactos» del empresario dedicado a la venta de drones con un capitán de la Guardia Civil -José Antonio R.- que, según recoge el decreto, «desempeñó un papel de relevancia en la adquisición de suministros para el proyecto» Gar-Si, en base al análisis de los correos y teléfonos móviles.

De los mismos también han florecido los «contactos directos» que Suárez Esteve y su entorno cercano mantenían igualmente con otro agente, el cabo Rafael S., «con funciones similares» al capitán pero en el proyecto CT Public Spaces. La Fiscalía Europea también dirige su investigación contra estos dos guardias civiles, tal y como informó en noviembre este diario.

Y es aquí donde entra en escena la hija del Drones y uno de sus empleados. Ella, por los correos y llamadas que habría intercambiado con el experto administrativo y logístico Rafael S., por las que -explican los fiscales delegados- «quedaría acreditada su participación» en la adjudicación de siete sistemas de detección de drones que fueron entregados en una base de Logroño.

Y el trabajador de Asesoramiento y Servicio de Drones por los mensajes que se intercambió con el capitán José Antonio R., entre los que figura un Word en formato editable «en el que se aportan las características técnicas del dron y de la cámara técnica, así como otras conversaciones entre los mismos». Por ello, dice el decreto, quedaría también «indiciariamente acreditada» su participación en los presuntos amaños.

Además, los fiscales europeos delegados -Olga Muñoz y Antonio Zárate- han acordado también una batería de testificales, un movimiento «necesario», aseguran, en este momento de la investigación.

Entre los citados se encuentra un coronel de la Guardia Civil, director del proyecto 'Protección de espacios públicos' y que coordinaba en el momento de los hechos, entre 2020 y 2021, el proyecto europeo CT-Public Spaces; el empleado de una empresa dedicada también a la fabricación y el despliegue de sistemas antidrones y que mantuvo comunicaciones con Suárez Esteve sobre uno de los expedientes bajo sospecha; y Alberto Ruiz Therry, quien fuera uno de los colaboradores del proyecto Gar-Si y que fue cónsul honorario de Zambia en España entre otros cargos en África.

En las actuaciones consta que se reunió con Espinosa, el Mediador y un empresario en el restaurante La Quinta de Madrid. Querían su ayuda para un nuevo negocio (de 35 millones de euros que no llegó a fructificar) para instalar placas solares en Cabo Verde. De ese proyecto es la célebre frase del general: «Allí hay tarta para todos».