La Guardia Civil detecta ya amaños en dos de los contratos de la fundación del caso Tito Berni

Espinosa y Suárez, al que se conoce como el Drones, están investigados en el caso Mediador como parte de una trama mayor que llega hasta el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni; y su sobrino y exdirector General de Ganadería de Canarias, Taishet Fuentes. La sospecha es que una decena de empresarios, la mayor parte ganaderos locales, pagaron mordidas a esos cargos públicos a cambio de influencias para conseguir desde contratos y subvenciones hasta librarse de sanciones. Todo, entre finales de 2020 y mediados de 2021.

En la causa afloró que Suárez Esteve y el general se conocían de antes y los investigadores se toparon con que el primero había sido adjudicatario de cuatro contratos de suministro en el proyecto que el segundo dirigió en el centro de África hasta su jubilación en 2021. Son los contratos que ahora está investigando la Fiscalía Europea porque al estar financiados con fondos de la UE, es su competencia analizar si hubo fraude.

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Cuando el pasado 23 de marzo la juez remitió a los fiscales esta parte de su investigación, el oficio llevaba un aviso: Asuntos Internos llevaba ya tiempo analizando la 'trastienda' de esos contratos, cruzando las fechas de las adjudicaciones con el contenido de los dispositivos intervenidos al general y el Drones en las entradas y registros y, aunque no lo habían aún puesto por escrito -en el juzgado se han extremado precauciones porque presumen que se filtra información-, sí habían verbalizado «de forma no oficial» que en los dos primeros contratos, «analizados con otros indicios como comunicaciones entre los investigados», constaban evidencias de haber «sido elaborados ad hoc para ser adjudicados a medida al empresario Suárez Esteve».

«Se han recabado indicios sobrados de la relación directa con el general, tales como sus reuniones, correos y contactos, etc, para ser adjudicado el contrato, una vez que ha sido gestionado entre ellos y han delimitado su contenido con información preferente, definiendo el pliego de condiciones particulares para ser específicamente adjudicado a este empresario y no al resto». Cabe destacar en este punto las agendas intervenidas al empresario, donde constan anotaciones de cuantías asociadas a determinados nombres que llamaron la atención del equipo investigador.

Los cuatro contratos en liza ascienden a más de 2,3 millones de euros, si bien las adjudicaciones a Suárez Esteve son mucho menores porque se trata de lotes específicos para drones: 263.000 euros en total, en el periodo investigado, 2020 y 2021.

El primer año constan uno para suministrar drones en Mauritania por importe de 30.991,74 euros y otro similar para Níger que suma 43.801,65.

En cuanto a los de 2021, el primero era para el GAR-SI en Malí y asciende a 14.000 euros y el segundo, ya fuera de ese proyecto de refuerzo de las policías de los países del Sahel, es el más grande. Son 174.300 euros por siete sistemas de detección de drones que fueron entregados en una base de entrenamiento para el proyecto CT Public Spaces. En ambos casos los pliegos y la licitación se aprobaron en junio de 2021, en plena efervescencia de reuniones de la trama Mediador.

Y en esos contratos, como en los anteriores, las licitaciones fueron revisadas por funcionarios de los Grupos de Acción Rápida, igual que pudieron haber tenido participación los miembros del equipo directo de trabajo del general. En este sentido, las fuentes consultadas apuntan a que bajo batuta de la Fiscalía Europea el elenco de investigados podría crecer y trascender la figura del general Espinosa. En el lado del empresario podría ocurrir algo similar, habida cuenta de que no es él sino una de sus hijas quien figura al frente de la administración de la empresa adjudicataria.

Ya en el sumario del caso constan referencias a estas dos últimas adjudicaciones en forma de audios grabados por Navarro Tacoronte con el Drones y reuniones que coinciden en las fechas previas al concurso, especialmente durante los meses de enero y febrero.

El día 2 de ese mes Suárez Esteve fue a la Dirección General de la Guardia Civil donde, vestido de uniforme, el general Espinosa le recibió en su despacho. La reunión terminó en un restaurante de la capital, La Quinta en Madrid, a unos diez minutos de las dependencias de la Benemérita. Allí el empresario pagó 160 euros por el almuerzo y lo cargó a las cuentas de su empresa. Consta al menos un cargo más en el mismo restaurante, por las mismas fechas. Unos días antes, el 28 de enero de 2021, le habría sufragado la estancia en el NH de Palma de Gran Canaria y consta también bajo sospecha una supuesta tarjeta de gastos que le habría regalado por su «cumpleaños», según uno de los mensajes intervenidos.

Ya el 21 de marzo Navarro grabó una charla con el Drones en la que este refiere que «todo» lo que hace en África es «a través del papá», que es como se referían al general Espinosa. Alude al contrato que tiene «ahí con el Ministerio, o sea, con la Fundación» y menciona el GAR-SI. Conforme relataba un informe policial, en aquel encuentro Esteve refería que había comido tres veces en quince días con el general y «justificaba» esas «reuniones con Espinosa extramuros de Navarro», con la frase «porque me presento a...».

Para los investigadores, esta expresión «bien pudiera encontrarse asociada al hecho de que, a través de sus empresas, se presentara a algún concurso público». Añaden que «debe tenerse presente la fecha en que se produjo» esa conversación por «la correspondencia lógica que habría podido tener con la adjudicación de los concursos» en GAR-SI Sahel a la empresa de el Drones. Son los dos mencionados, anunciados en junio de 2021, en los que ahora profundizará la Fiscalía Europea junto con los dos de 2020 bajo sospecha.

Además de los audios y reuniones y del cruce con las agendas, los correos y las llamadas del general y el empresario, estos cuatro contratos están siendo analizados por la Comisión Nacional de la Competencia, que apoya en los trabajos al Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, y, según desveló este diario, también han pasado por manos de la Agencia Antifraude de la UE (OLAF), que el pasado diciembre se llevó abundante documentación de la Fiiapp, incluyendo de GARSI-Sahel.

No obstante, los investigadores del caso Mediador vienen apuntando otras adjudicaciones a este mismo empresario en la Guardia Civil que podrían acabar analizadas. Tanto el general como el empresario niegan que existiese amaño alguno.