Feijóo traslada a la prensa extranjera que España podría seguir la estela de Rumania, Polonia y Hungría por atacar el Estado de Derecho
Los populares señalan que el objetivo del encuentro es que exista repercusión internacional ante el «menoscabo a la Constitución y el sometimiento de la justicia»
Editorial ABC | No debemos
Madrid
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Iniciar sesiónEl presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido estes martes un encuentro con una treintena de corresponsales extranjeros en España para compartir con ellos sus reflexiones respecto al impacto de la ley de amnistía y las consecuencias del acuerdo de Sánchez ... con los independentistas.
Según transmiten fuentes del PP, el objetivo es que exista repercusión internacional ante el «menoscabo a la Constitución, el sometimiento de la justicia a los intereses de los políticos, el perdón de los delitos de corrupción y el olvido de los delitos de terrorismo a los implicados del procés».
Feijóo ha transmitido a la prensa internacional que el texto «arrasa con la seguridad jurídica de un Estado miembro de la UE», algo que supone un deterioro también de la democracia europea porque el texto de la ley avala que políticos amnistían a otros políticos.
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«Los países que intentaron algo similar en Europa contaron con el rechazo expreso de los órganos comunitarios», ha considerado Feijóo que ha puesto los ejemplos de Rumanía, Polonia y Hungría como país señalado por el ataque a su Estado de Derecho.
El PP ha explicado que la mayoría de juristas de nuestro país considera que la Ley de amnistía es inconstitucional. Y se ha afanado en explicar que esa misma era la consideración del PSOE hasta hace tan sólo tres meses. El PP advierte que que amnistiar delitos «puede suponer un incentivo a cometerlos».
Feijóoha manifestado su confianza en que los mecanismos de control de la UE funcionen, y ha lamentado que Carles Puigdemont «haya pasado de tener una orden de detención a que la Policía, en lugar de detenerle, le escolte».
Además, los corresponsales se llevaron un dossier con los posicionamientos públicos en contra de este acuerdo de casi un centenar de asociaciones y colectivos. Un documento de 126 páginas que recoge el rechazo social e institucional a «una ley diseñada para beneficiar a una sola persona: Pedro Sánchez». Este mismo conjunto de posicionamientos se trasladó ayer a los altos cargos de la Comisión Europea en una carta suscrita por los eurodiputados de PP y Cs.
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