Feijóo ofrece desbloquear el CGPJ «el mismo día» que se inicie la reforma para despolitizarlo

«Ambas cosas —los 20 nuevos vocales y la nueva ley para iniciar la reforma del sistema de elección— debieran votarse y aprobarse el mismo día», ha afirmado el Feijóo en el bloque dedicado a la Justicia y la debilidad que viven las instituciones españolas durante su discurso de investidura.

El CGPJ tiene el mandato caducado desde hace cinco años, a finales de 2018, ante las llamadas de atención de las instituciones europeas. Así la propuesta de reforma busca cumplir con las indicaciones de la Unión Europea y la mayoría de las asociaciones judiciales, de forma que sean los jueces quienes elijan directamente a 12 de los 20 vocales del CGPJ, concretamente los que la propia Constitución establece que deben pertenecer a la propia Carrera Judicial.

Desde 1985 y hasta la actualidad todos los vocales del CGPJ, tanto los doce que son jueces como los otros ocho que son juristas (fiscales, abogados o catedráticos), son elegidos en la práctica entre PSOE y PP, toda vez que es necesaria una mayoría cualificada en el Congreso para designarlos.

En la misma línea, el candidato popular ha señalado que «no cabe negociar entre partidos» la Presidencia del Tribunal Supremo, que recae siempre sobre el presidente del propio CGPJ, al que deberían elegir los vocales del mismo, aunque en realidad también forma parte de la negociación entre los dos grandes partidos con la que quiere acabar Feijóo.

Además, ha planteado la incorporación de 1.000 nuevos jueces y magistrados más durante los próximos cinco años, lo que supone duplicar el ritmo actual. Ahora hay unos 5.500 en nuestro país, y cada año se incorporan una media de 200, a los que Feijóo propone sumar otros tantos en cada promoción. España es uno de los países de la UE con menos jueces en proporción a su población, 11,2 por cada 100.000, frente a una media europea de 17,6.

Para garantizar la independencia judicial, también ha propuesto otras medidas ya anunciadas en periodo electoral, como impedir las puertas giratorias para que los jueces no puedan pasar a la política y de ella de nuevo a la judicatura sin un margen de varios años. Esto ha ocurrido recientemente con Dolores Delgado, que pasó de ministra de Justicia a fiscal general del Estado sin solución de continuidad. O con su sucesor, Juan Carlos Campo, que cambió la cartera de Justicia por un puesto en el Tribunal Constitucional con apenas unos meses de margen.

Más allá de estas medidas en el ámbito de la Justicia, Feijóo ha hecho un alegato para gobernar sin intervenir de forma discrecional en la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Debemos respetar su autoridad, poniendo en la Dirección de la Guardia Civil y de la Policía en manos de mandos profesionales». Es conveniente recordar que Mercedes González, la actual directora del Instituto Armado, que sustituyó a María Gámez —dimitida en marzo de este año tras la imputación de su marido—, es periodista de formación.

En ese sentido, el candidato popular se ha comprometido a cumplir con la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil y con las mejoras acordadas con los funcionarios de prisiones.