Bajar el IRPF al 90% de los españoles, impuestos cero a emprendedores y banco de horas para conciliar, el plan económico de Feijóo

Se esperaba con expectación la oferta fiscal del PP después del goteo de anuncios de rebajas fiscales de los gobiernos autonómicos dirigidos o con presencia de los populares. El candidato a la Presidencia del Gobierno ha planteado rebajas fiscales, sí, pero de carácter selectivo. Algunas de carácter táctico, dirigidas a amortiguar el impacto de las subidas de precios sobre ciudadanos y empresas y que viene defendiendo desde hace meses. Ahí se enmarcan la rebaja de IRPF a todas las rentas inferiores a 40.000 euros, que alcanzaría a 17 millones de contribuyentes, el 90% del total; la ampliación de la rebaja del IVA a los alimentos a la carne, el pescado y las conservas; o el mantenimiento de las rebajas fiscales sobre el recibo de la luz y el gas a partir del próximo 1 de enero -ahora mismo en el aire- en tanto no se diluya el fantasma de la inflación.

Otras, de carácter estructural, dirigidas a garantizar un entorno de mayor seguridad jurídica, impulsar la competitividad de la economía y contribuir a alcanzar uno de los objetivos que ha comprometido como aspirante a la Presidencia del Gobierno: consolidar un ritmo de crecimiento del PIB del 2,5% anual a medio plazo. Se trata de rebajas de impuestos selectivas, que según fuentes del PP «buscan conseguir efectos concretos y tangibles» en la economía y que huyen de las tradicionales promesas de rebajas generalizadas de la imposición.

Feijóo ha propuesto en su discurso la instauración de un entorno fiscal de impuestos cero para los emprendedores, que de gobernar el PP quedarían exentos de tributación durante los dos primeros años de actividad al objeto de reducir la extraordinaria mortalidad empresarial que las estadísticas reflejan en la fase de arranque de los negocios. Este entorno se extendería también a los autónomos, en línea con una medida aplicada ya en Andalucía y que ha convertido según destacan los populares a este comunidad autónoma en líder en la generación de trabajadores por cuenta propia en los dos últimos años.

El candidato popular también ha planteado el establecimiento de deducciones fiscales para estimular la inversión empresarial en digitalización, transición ecológica e innovación, que ya en los meses pasados el PP incluyó en sus planes para agilizar la ejecución de los fondos europeos. Feijóo ha deslizado asimismo la propuesta de configurar una especie de régimen fiscal específica en los municipios rurales, con la posibilidad de impuestos cero en algunas figuras y tipos reducidos en otras con el objetivo de fomentar la fijación de población y de actividades en el ámbito rural.

La última pata de la oferta fiscal de los populares es una nueva imposición patrimonial, que eliminaría figuras como el gravamen extraordinario a las grandes fortunas instaurado por el Gobierno de Pedro Sánchez y lejos de ahuyentar el capital extranjero trataría de atraerlo con un entorno fiscal más competitivo, también en línea con lo que han hecho los gobiernos autonómicos del PP que se han lanzado a derogar el impuesto de patrimonio y a rebajar las cargas fiscales sobre las herencias y las transmisiones en vida.

El discurso del aspirante popular a la Presidencia del Gobierno ha puesto en el punto de mira la reducción de la tasa de desempleo estructural de España, la más alta de toda la Unión Europea y el indicador que sigue convirtiendo la economía española en sospechosa a los ojos de inversores e instituciones internacionales. Feijóo ha comprometido una rebaja de las cotizaciones sociales, para rebajar las cargas fiscales al empleo incrementadas de una forma sin precedentes por la estrategia del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de equilibrar las cuentas de las pensiones a golpe de mejorar los ingresos por cotizaciones.

En el plan económico del PP la rebaja del desempleo sería el resultado de su estrategia para animar la actividad económica y para mejorar la gestión de la Administración, en la que, se recuerda, se gastan 6.000 millones de euros al año en políticas activas sin apenas resultados en la inserción laboral de los parados, por más leyes laborales que se aprueben.

Feijóo volvió a recordar en su discurso que cada año los boletines oficiales publican 140.000 páginas de nueva legislación, lo que hace casi imposible seguir las novedades legales a cualquier pyme, pequeño emprendedor o trabajador autónomo. El aspirante popular a la Presidencia del Gobierno se ha comprometido a derogar tres leyes por cada nueva ley que apruebe su gobierno y a extirpar la costumbre de gobernar por decreto, sublimada durante la era Sánchez, dejando esta figura solo para los casos de extrema necesidad.

Menos impuestos, control sobre el gasto público superfluo, simplificación de trámites administrativos, impulso a la creación de empleo, pero también un ojo puesto en el estado del bienestar y en la mejora de las condiciones de los trabajadores. «El estado del bienestar requiere de un análisis riguroso, que permita llegar a planteamientos duraderos y sostenibles. Tenemos que disfrutarlo hoy y garantizar a nuestros hijos y nietos que lo disfrutarán mañana», ha señalado el candidato popular.

En un giro inesperado, Feijóo se ha comprometido a establecer un calendario para que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se eleve «con criterios objetivos» hasta el 60% del salario medio, como por otra parte reclama la Comisión Europea a todos sus estados miembros. La propuesta ha sido recibida con sorna por la bancada gubernamental que se jacta de haber subido el SMI más que ningún otro gobierno de la democracia. Una sorna que ha sido contestada de forma tajante por Feijóo, que ha recordado que con los gobiernos del PP el SMI subió siempre más que la inflación, cosa que según él no ha ocurrido con los gobiernos socialistas.

El candidato popular se ha comprometido a preservar la gratuidad de la enseñanza en el tramo de 0 a 3 años, a mantener los incentivos para el transporte público, «pero según los niveles de renta», y a ampliar el radio de acción del Ingreso Mínimo Vital, que se ha quedado lejos de cumplir los objetivos de beneficiarios fijados en origen por el Gobierno. Fuentes del PP explican a ABC que el plan es seguir la sugerencias de Airef para mejorar el número de beneficiarios y optimizar la gestión de la ayuda.

Ha puesto sobre la mesa abordar el problema de las jornadas de trabajo, que hacen que el 80% de los trabajadores españoles lamenten que no tienen control sobre su jornada laboral. Se ha mostrado favorable a desarrollar la implantación de las jornadas flexibles de trabajos y los bancos de horas «para que los trabajadores puedan disponer de ellas por ejemplo en los periodos no lectivos».

También ha habido tiempo en el discurso para la problemática de la vivienda. Feijóo la ha incluido dentro del plan de ayudas de 6.000 millones de euros para las familias en situación de mayor vulnerabilidad, una parte de los cuales iría a facilitar su acceso a una vivienda, y de cara a los jóvenes ha planteado la opción de liberar suelo público no utilizado para facilitar la construcción de nueva oferta a precios competitivos.