Feijóo denuncia la escalada de «impunidad» por «intereses personales» de Sánchez

El PSOE registró en enero una proposición de ley que, entre otras cosas, limita significativamente la figura de la acusación popular. Primero, restringe su actuación a la interposición de la querella y la fase de juicio oral, eliminando su presencia en la instrucción. Esto haría, por ejemplo, que la causa de Gómez se archivase al no ser partidaria la Fiscalía de investigarla y no haber ninguna acusación en la instrucción. Pero es que, además, los socialistas pretenden que ni los partidos políticos ni organizaciones asociadas a ellos puedan ejercer la acción popular, ciñéndose esta exclusivamente a entidades con una vinculación concreta con la causa.

Los populares reaccionaron airadamente contra esta ley, al entender que se creaba 'ad hoc' para favorecer a Begoña Gómez –también al prófugo Carles Puigdemont porque Vox es acusación popular en su causa y como partido político no podría mantener esa condición–. De ahí, la celebración de estas jornadas 'Contra la impunidad', en las que Feijóo ha denunciado la actual coyuntura: «Lamentablemente la impunidad no es un lejano recuerdo ni el argumento de una distopía, la impunidad ha ido escalando posiciones de forma vertiginosa».

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Feijóo ha dicho que primero «se regalaron impunidades» a cambio de votos, en alusión a la ley de amnistía que su partido ha llevado al Tribunal Constitucional, y ha añadido que ahora, en una segunda etapa, se buscan «impunidades» para «personas cercanas al poder». Según él, es lo que sucede cuando hay un Gobierno en minoría parlamentaria y su único objetivo es «resistir».

«Solo un Gobierno como el actual, sin mayoría parlamentaria y con el único objetivo de resistir en el poder, podría impulsar una ley de impunidad y amordazar a la Justicia. Solo alguien así de desesperado, con su mujer y su hermano imputados, podría anteponer sus intereses personales a los de los españoles», ha dicho Feijóo, que se ha quedado a escuchar las primeras intervenciones, pero después se ha retirado a sus despachos. «El objetivo es socavar el Parlamento, la alternancia, la oposición, la independencia de los medios y la independencia de la Justicia, que se cuestionará mucho más en las próximas semanas», ha añadido, y ha tachado la ley del PSOE de «delirio antidemocrático».

En las jornadas participan el magistrado emérito del Tribunal Constitucional Jorge Rodríguez Zapata, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, el catedrático de Derecho Procesal Julio Banacloche, el fiscal de sala del Tribunal Supremo José Miguel de la Rosa, el director de los Servicios Jurídicos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Ignacio de Luis Otero, la abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo Carmen Ladrón de Guevara, el presidente de la fundación Hay Derecho, Segismundo Álvarez, y el abogado de la Asociación Clara Campoamor Ricardo Pérez Lama.