El Senado recurre al Constitucional la «chapuza» del Gobierno para meter franceses en el Consejo de Ministros

La petición de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional parte del Partido Popular y el martes recibirá el visto bueno de la Mesa y la Junta de Portavoces del Senado para debatirlo en el pleno al día siguiente, según ha podido saber ABC. La mayoría absoluta de este grupo en la Cámara Alta asegura su aprobación.

El Gobierno de Pedro Sánchez quería que las Cortes ratificaran ya el Tratado de Amistad para calmar el malestar de Francia, irritada también por los ataques que le lanza el ministro Óscar Puente en su pulso a Ouigo, operadora ferroviaria del país vecino. Pero el movimiento del PP paralizará el proceso 'sine die' ya que hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva si el Tratado se ajusta a la Carta Magna, ni Congreso ni Senado podrán ratificarlo. Y si, finalmente, el TC considera que el tratado es inconstitucional ya no podría ratificarse.

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«La Cámara podrá requerir al Tribunal Constitucional para que declare si un Tratado o Convenio, sometido a su consideración, es o no contrario a la Constitución. Acordado dicho requerimiento, se suspenderá la tramitación del Tratado o Convenio hasta la decisión del Tribunal», señala el Reglamento de la Cámara Alta en su artículo 147.

El Tratado que debatirá la Cámara Alta fue firmado por Emmanuel Macron y Pedro Sánchez en enero de 2023 y lleva más de dos años esperando ser ratificado para enfado de París. Y tendrá que seguir así porque el Gobierno socialista realizó una «chapuza» legal, según letrados de las Cortes consultados, para poder materializar lo que el Partido Popular no está dispuesto a dejar pasar.

El problema de esta controvertida cláusula es que la Constitución reserva a los españoles «el derecho a la participación en los asuntos públicos» (artículos 13 y 23), y solo prevé la excepción por «tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales».

Además establece que el Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley (artículo 98), siendo ellos los únicos que pueden entrar en el Consejo de Ministros, salvo el Rey. De hecho, ni siquiera puede asistir un secretario sino que es el ministro de la Presidencia, en este caso Félix Bolaños, el que hace esta labor.

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Letrados de las Cortes consideran que el Ejecutivo debería haber realizado una reforma quirúrgica de la Constitución antes de firmar el Tratado de Amistad, como hizo en esta misma legislatura junto al PP para sacar el término disminuido de la Carta Magna y sustituirlo por persona con discapacidad. Pero no lo hizo ni antes ni después de la firma, y en lugar de ello ha optado por vestir de legalidad al Tratado colando una reforma de la Ley del Gobierno que permita la presencia de personas ajenas al Consejo de Ministros en sus reuniones. En esta reforma no se delimita ni se establece qué papel van a tener los ministros franceses que asistan a estos cónclaves, lo que, según otras fuentes jurídicas, si se desarrollara jurídicamente de manera adecuada, podría revestir el tratado de constitucionalidad.

Y lo ha hecho, además por la puerta de atrás, como una enmienda en otra ley distinta. Primero intentaron usar la Ley de Paridad y, finalmente, usaron la de Eficiencia de la Justicia. A ello se une que la redacción es mucho más amplia que la prevista en el Tratado, de manera que, según letrados de las Cortes consultados por ABC, abre la puerta a que todos los extranjeros, no solo los franceses, ejerzan derechos políticos. «A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España», recoge la reforma.

«Esta redacción es el camino para que cualquier extranjero pueda ejercer derechos políticos y, por tanto, ser un cargo del Gobierno», advierten.

A diferencia de lo que sucedía durante la etapa de Pablo Casado, el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no quiere recurrir al Tribunal Constitucional ante el temor a perder los recursos por la mayoría de sensibilidad progresista que tiene ahora y que encabeza su presidente Cándido Conde-Pumpido. De hecho, en esta legislatura solo ha recurrido la ley de la Amnistía, además de elevar el choque institucional entre cámaras por la denominada 'ley de etarras', norma por la que el Gobierno dio el visto bueno a la reducción del tiempo en prisión de los presos de ETA que cumplieron penas en Francia por otros delitos.

Pero en esta ocasión el PP y Feijóo se sienten seguros de poder ganar el recurso o, de no hacerlo, poner en gravísimos aprietos al TC. El proceso está amparado en la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La primera establece que «la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción» (artículo 95).

Y la segunda estipula que, una vez recibido el requerimiento, el Tribunal Constitucional emplazará a las partes a que «en el término de un mes, expresen su opinión fundada sobre la cuestión», señala el artículo 78 de la citada ley. «Dentro del mes siguiente al transcurso de este plazo y salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, el Tribunal Constitucional emitirá su declaración», añade.

Hasta ahora este mecanismo se había utilizado en muy pocas ocasiones y siempre a instancia del Gobierno para asegurarse la constitucionalidad de proyectos complejos, como fue, por ejemplo, el intento de Constitución europea o la reforma del voto de extranjeros.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, asegura que estamos ante un «tic antidemocrático más del Gobierno de Sánchez que pretende saltarse la Constitución», además de «un desprecio más a las Cortes». La dirigente popular también subraya que el Tratado firmado podría vulnerar también la posible presencia del Rey como único asistente al Consejo de Ministros que no es miembro del Gobierno. «Nuestra Constitución contempla de manera clara lo relativo a la posibilidad de participación de los extranjeros en los órganos constitucionales en el ejercicio de la función del Gobierno, y en concreto en el Consejo de Ministros, que se reserva exclusivamente a los nacionales».

Además, García denuncia que la reforma del Gobierno se ha producido antes de que la ratificación del Tratado haya sido sometida a la autorización de las Cortes. «Aprobar una modificación legislativa, antes de aprobar el Tratado, supone saltarse la voluntad de las Cortes Generales (Congreso y Senado) que primero deberían haber ratificado la celebración del Tratado», señala.

Con este movimiento, el Senado continúa ejerciendo de dique de contención del Gobierno, como ya hizo de manera decidida durante la tramitación de la ley de Amnistía.