Las eléctricas mandan una carta al Gobierno para que no se cierre la central de Almaraz

En concreto, el pasado martes tras la reunión de propietarios de Almaraz ya trascendió que las eléctricas iban a remitir una petición formal al Gobierno para abrir un periodo de negociación con el que salvar la planta que tiene previsto su cierre en 2027. Sin embargo, y según explican fuentes del equipo liderado por Sara Aagesen, este documento vuelve a ser una declaración de intenciones sin que suponga nada más.

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Raúl Masa

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La única novedad con respecto a anteriores notificaciones es la suma de Naturgy. A principios de junio fueron Iberdrola y Endesa, sin la gasista, las que remitieron al ministerio su intención de abordar una negociación. En esa ocasión trasladaron desde el Ejecutivo que solo tenía la firma de dos de los propietarios. Ahora, en cambio, son las tres dueñas de la planta quienes muestran su opinión.

Pero el ministerio vuelve a salir por la tangente y asegura que esto no avanza ningún tipo de actuación. Por tanto, sigue faltando algún tipo de notificación oficial —o que así la entiendan en el Ejecutivo— para dar por iniciadas las negociaciones.

Dicha notificación deberá llegar antes del 1 de noviembre; momento en el que las eléctricas deberán formalizar ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el plan de cierre de Almaraz. Esta parte del proceso irá en paralelo con la potencial negociación sobre el mantenimiento de la central nuclear.

Algo, además, que no implica una negociación más amplia sobre el resto de instalaciones que tendrán un cierre progresivo hasta 2035, tal y como está marcado en el actual calendario que se firmó en 2019 entre las empresas y el Gobierno.

Por su parte, desde el Ministerio para la Transición Ecológica siguen sosteniendo que cualquier tipo de negociación tiene tres líneas rojas: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica; que no suponga un mayor coste para los ciudadanos y los contribuyentes; y que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro.

El segundo punto, que afecta a los impuestos, también es una línea roja por parte de las empresas. En estos momentos se desconoce si las empresas estarían dispuestas a conformarse con la rebaja fiscal que ha planteado el gobierno extremeño. Tan solo han surgido rumores de que las propietarias estarían dispuestas a no forzar este asunto en la negociación.

La nueva carta, sin que aporte nada nuevo a lo que trascendió el pasado martes, muestra que la actual situación se juega en una guerra por liderar el relato, y que una de las partes asuma que sus líneas rojas se han puesto en ámbar.

Las eléctricas quieren hacer llegar a la opinión pública que ellas están dispuestas a negociar. Sin embargo, ninguna de las tres empresas quiere confirmar de manera oficial si están dispuestas —todas— a dejar de lado la rebaja fiscal. Lo que ha trascendido es pura rumurología.

Por parte del Gobierno, Transición Ecológica no quiere dar el primer paso porque sería asumir que existe la necesidad de mantener abierto el parque nuclear —más años de los previstos— debido a los problemas que presenta la red eléctrica española, y que han sido expuestos públicamente por el operador del sistema. Esto, asimismo, le obligaría a ejecutar una rebaja fiscal para que las compañías puedan operar con un retorno económico acorde a los costes que representa esta tecnología.