La que fue jefa de prensa de Aguirre recurre que se la procese en Púnica por contratos que beneficiaban a la expresidenta

«Sobresee la causa para los dos expresidentes, pero considera que hay indicios de malversación en quien contrató los trabajos que les beneficiaban personalmente», critica el escrito, al que tuvo acceso ABC y que pide al juez que reconsidere su postura o lo eleve para que sea la Sala de lo Penal quien revise la decisión.

Aunque apunta que tanto Aguirre como González «eran y son perfectamente conocedores de las noticias que se publican y era de su interés como Presidentes que su imagen institucional se mejorase», ya que «es irracional sostener lo contrario», se centra en los argumentos del juez que han llevado a exonerar a otros cargos porque los ve aplicables a su propia situación.

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En concreto, recuerda que se ha dictado sobreseimiento para la exconsejera de Educación Lucía Figar por contratos de imagen con las mismas empresas objeto de las pesquisas a cargo de Alejandro De Pedro con las que ella contrató servicios similares para Aguirre y González, al no apreciar prevaricación.

«Nos falta el razonamiento expresado por el juez que permita comprender por qué sí ha de ser delito la publicidad llevada a cabo por la Dirección General de Medios acerca de los presidentes de la Comunidad de Madrid ni por qué estos eran ajenos a la cuestión y la periodista que lo gestionaba debe ser enjuiciada», dice el recurso.

En este sentido, expone que «numerosos políticos y personalidades relevantes contrataban a las empresas de Alejandro de Pedro» y «si adquirieron con ellas deudas o se prestaron a pagarlas le es completamente extraño a la actuación de Isabel Gallego».

«Lo que sí está constatado es que la DGM solicitó primero y autorizó después la contratación de De Pedro para la CAM a través de la DGM, que se hizo legalmente, autorizado por la Secretaría General Técnica y por el Consejo de Gobierno y que los trabajos existieron», añade.

El escrito argumenta en todo caso que no fue ella quien eligió a ese proveedor, sino que le vino «impuesto» y el trabajo que realizase para Ignacio González, Esperanza Aguirre, Salvador Victoria, Lucía Figar, Borja Sarasola o cualquier otro, «no era encargado, ni controlado, ni pagado por la Dirección General de Medios, si es que estuvo al margen de ese contrato de clipping» que sí había suscrito.

De hecho, recuerda que «en el año 2010, la encargada de la Secretaría de Comunicación era Lucía Figar y la de las redes sociales Isabel Díaz Ayuso», que no Gallego y en aquel momento, «la moda» era que «cada político» tuviese un blog, pero ella «no los gestionaba».

«Por tanto, no puede tenerse por bueno que se le achaque a la DGM aquello que Francisco Granados, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Lucía Figar, Salvador Victoria, Borja Sarasola u otros convinieran, caso de que lo hicieran, con Alejandro de Pedro. Legal o ilegal», añade, para incidir en que el auto de procesamiento «hace pivotar una y otra vez una capacidad decisoria que era inexistente» en Isabel Gallego.