Anticorrupción pide exonerar a Esperanza Aguirre tres años después de su imputación en Púnica

En este caso, se investiga la existencia de una presunta 'caja B' del partido que se habría nutrido de fondos desviados de las arcas públicas para contratos por servicios inexistentes y utilizados para financiar las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008.

Tras la fase de instrucción y tras analizar «pormenorizadamente» cada uno de los hechos y la participación de las personas afectadas, el Ministerio Público concluye que no hay pruebas suficientes para proponer enviar a Esperanza Aguirre al banquillo.

Así se lo han trasladado en un informe al juez Manuel García-Castellón, quien ahora debe decidir si sigue el criterio de la Fiscalía.

Aguirre está imputada desde septiembre de 2019 por presuntos delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias y falsedad electoral.

Entonces, tanto la Fiscalía como el juez Manuel García-Castellón entendieron que existían «indicios racionales» de que ella –en aquellas fechas candidata, presidenta del partido autonómico, del Gobierno regional y Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid)– «supervisó» la caja B de los populares madrileños y fue quien «ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba», dirigidas «fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla» como presidenta de de la Comunidad de Madrid.

Ahora, Anticorrupción concluye que las pruebas contra ella no son suficientes, por lo que solicitan el archivo para ella. Por el mismo motivo también solicitan el sobreseimiento provisional de la causa para el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien sí está procesado por el caso Lezo.

En cuanto a los hechos –argumenta la Fiscalía Anticorrupción– «pese a los claros indicios de falsedad electoral existentes» respecto de las elecciones autonómicas y generales de los años 2007 y 2008, los mismos se encontrarían prescitos. No obstante la Fiscalía sí propone juzgar al que fuera gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, y a Francisco Granados, exconsejero y exsecretario general del partido en la Comunidad de Madrid, por un delito electoral por los comicios autonómicos de 2011. Para este último, además, solicitan su procesamiento por delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Igualmente entienden que hay indicios de delito en los hechos relacionados con los trabajos de reputación online para diferentes cargos políticos, que se habrían pagado con dinero presuntamente desviado. Por ello, el Ministerio Público pide al juez Manuel García-Castellón que proponga enviar al banquillo de los acusados a la jefa de prensa de Esperanza Aguirre durante su etapa al frente de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, al exportavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, al exconsejero Borja Sarasola y al exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás. Asimismo, la Fiscalía solicita el procesamiento del informático Alejandro de Pedro por delitos de prevaricación y malversación.

Del total de 152 personas que fueron imputadas en esta causa, Anticorrupción sólo pide el procesamiento de diez de ellas. Para el resto solicita el archivo «bien como consecuencia de la prescripción de los hechos» o bien por la «falta de indicios que permitan sostener una acusación».

El escrito enviado al juzgado, de 860 páginas, ha sido firmado únicamente por uno de los tres fiscales del caso, Alejandro Cabaleiro, el último en incorporarse y quien lo ha redactado íntegramente. Según las fuentes consultadas por ABC, sus compañeras Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá no tenían por qué firmarlo, si bien reconocen que esta última no estaba de acuerdo con la decisión de dejar fuera del caso a decenas de sospechosos. En el caso de Aguirre, según las mismas fuentes, no había dudas de que había que solicitar el archivo porque no había pruebas suficientes.