La Eurocámara admite que «probablemente» fue ilegal entregar el acta a Puigdemont hace casi tres años

Es muy probable que esta constatación de los juristas de la Eurocámara sea también un indicio de que la actual presidenta, Roberta Metsola, no tendrá más remedio que retirarle el acta a Puigdemont y a los otros tres independentistas que ejercen como tales, después de que la Junta Electoral Central informase este mes que, efectivamente, no han cumplido los requisitos para ello. La vista de este viernes en el Tribunal General se refería al recurso contra la decisión del Parlamento de tramitar el suplicatorio enviado por la Justicia española.

El recurso lo interpuso el abogado de los huidos, Gonzalo Boye, condenado por terrorismo y que ya ha aprovechado para utilizar abiertamente la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de eliminar el delito de sedición como argumento con el que convencer a los jueces de que sus clientes «son perseguidos políticamente en España», aunque lo haya hecho de una forma particularmente enrevesada: «Es público y notorio -dijo Boye en la vista- que varios ministros españoles importantes y el propio presidente del Gobierno, el señor Sánchez, han estado diciendo estos últimos días que el cambio en la legislación es para obtener la entrega del señor Puigdemont a España».

La idea del abogado de Puigdemont es pedir a los jueces que defiendan a sus clientes de la amenaza que a su juicio supone para ellos el propio Parlamento, que después de tramitar el suplicatorio aprobó correctamente el levantamiento de su inmunidad, aunque después este tribunal accedió a mantenerla de forma provisional, a la vista de la abrumadora cantidad de recursos y alegaciones acumuladas por su abogado.

Los representantes del Parlamento no han tenido más opción que explicar ante los jueces hasta qué punto la institución ha sido condescendiente con Puigdemont y los demás huidos, hasta el punto que han tenido que reconocer que «probablemente» nunca debieron haber sido reconocidos como eurodiputados.

Este reconocimiento se refiere a la sentencia por un recurso interpuesto por Oriol Junqueras, que se quejaba de que estando en prisión preventiva, es decir no privado entonces de sus derechos políticos porque todavía no había sido condenado, le fue permitido presentarse a las elecciones europeas y fue proclamado electo, pero no se le permitió salir de la cárcel para recoger su acta.

Aunque la sentencia llegó en diciembre de 2019, cuando ya había sido condenado en firme con una pena de inhabilitación, los jueces le dieron la razón al recordar que la condición de eurodiputado electo se adquiere en el mismo momento en que son publicados oficialmente los resultados.

En aquel momento se produjo una especie de tsunami político en Bruselas y Barcelona, de modo que se impuso la opinión generalizada de que ese principio podía aplicarse a todos los huidos que habían aprovechado para presentarse a las elecciones europeas y, en cuestión de horas, el socialista italiano David Sassoli, que fallecería solo un año después a falta de unos días para terminar su mandato, decidió por su cuenta (o mal aconsejado por personas interesadas), que debía otorgar las credenciales a Puigdemont para que empezase a ejercer como eurodiputado.

El mismo servicio jurídico de la Eurocámara tiene ahora la misión de aconsejar a la presidenta si debe retirarles o no las actas.