Del estado de alarma al plan judicial, seis varapalos del Constitucional a Sánchez

La particular pesadilla que ha sufrido la coalición gubernamental con el máximo intérprete de la Carta Magna o tribunal de garantías, motivada por los recursos que han ido presentando los partidos de la oposición, comenzó en mayo de 2021 y tuvo como protagonista al ya para entonces ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

En aquella fecha, los magistrados declararon nulo el decreto por el que en marzo de 2020 se modificó la comisión delegada para la Inteligencia, con el objetivo de introducir en ella al que fuera secretario general de Podemos. La decisión se tomó casi por unanimidad, con la única oposición de Cándido Conde Pumpido, ex fiscal general del Estado en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Partido Popular (PP) y Vox argumentaron que se hacía un «uso torticero» de la figura del decreto ley, reservada en principio a asuntos de importancia y urgencia, para solventar cuitas internas del acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. En 2016, tres años antes de ese acuerdo, Iglesias llegó a exigir en público tener el control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para un acuerdo de coalición con los socialistas que en aquel momento no fue posible.

Dos meses después, en julio de 2021, el TC volvió a tumbar una actuación clave de Moncloa, en este caso la declaración del primer estado de alarma, en la segunda quincena de marzo de 2020, con la que se estableció el confinamiento domiciliario al inicio de la pandemia. En esa ocasión la decisión, como ha ocurrido ahora, fue por un solo voto, y la mayoría dictaminó que ese confinamiento excedió el marco legal propio del estado de alarma, bajo el cual ese derecho fundamental podía haber sido modulado pero no suspendido de forma indiscriminada. En síntesis, el estado de alarma, que ya se había empleado en 2010 para el cierre del espacio aéreo ante la huelga de los controladores, no era el paraguas jurídico adecuado para el confinamiento.

De la misma manera, en octubre del año pasado el TC declaró inconstitucional el segundo estado de alarma, bajo el cual se fue haciendo la desescalada durante seis meses. La falta de control parlamentario al Gobierno durante ese tiempo no se adecuó, según el Alto Tribunal, a la Constitución, como tampoco el que se delegase en los gobiernos autonómicos la restricción de derechos fundamentales.

Otras dos decisiones del Gobierno recibieron el correctivo del TC. En junio de 2021 se tumbó la reforma del Ejecutivo que dejaba en manos de los tribunales superiores autonómicos de justicia el aval a las medidas pospandemia. Y en julio de ese mismo año, el Constitucional declaró nulo el nombramiento como administradora única de Radio Televisión Española (RTVE), de Rosa María Mateo. El TC dio la razón al PP por considerar que se vulneró el derecho fundamental a al participación ciudadana a través de los medios de comunicación.

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