Dos meses para tramitar una denuncia: Los juzgados más grandes de España colapsan

Las consecuencias son graves y la solución, hasta ahora, no parece sencilla pues, a pesar de las quejas, las respuestas aún son tímidas, no acaban de notarse. Las primeras, tienen efectos sobre ciudadanos, ya sean denunciantes o denunciados; funcionarios, abogados, fiscales, jueces, policías y guardias civiles. Las segundas, en función de a quién se pregunte, dependen de unos u otros. Al final, las culpas se reparten y se acaba reconociendo que el «tapón» viene provocado por un «cúmulo de circunstancias».

Sin duda, el problema se ha acrecentado estos meses tras las dos huelgas, la de las Letradas y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), quienes durante meses unieron fuerzas en busca de mejoras salariales que compensaran la carga de trabajo asumida en los últimos años; y la de los funcionarios, quienes también se movilizaron para exigir una subida similar con los mismos motivos de fondo y que afectó a más del 70% de la plantilla. El caso es que ahora todo va más lento de lo que debería.

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Tal y como ha podido comprobar este diario, las denuncias presentadas a principios de julio han llegado a manos del juez competente a finales de septiembre. En estos casos se superaban los dos meses. Y esto significa que, durante esos más de 60 días, no hay autoridad a la que dirigirse: los denunciados no pueden defenderse, las investigaciones se ven atascadas porque no hay quien autorice la práctica de diligencias y existen casos de víctimas de violencia familiar que han solicitado protección y no han obtenido respuesta en todo ese tiempo. Tarde.

En Plaza de Castilla, todas las denuncias pasan por el Decanato, que es el órgano encargado de enviarlas a través de un sistema de reparto aleatorio a los 54 juzgados. Es la casilla de salida, el primer paso para que una denuncia eche a andar, llegue a manos de un juez o jueza con competencias en la materia que pueda decidir si hay motivos suficientes para que siga su curso, admitirla a trámite, abrir una investigación y acordar la práctica de diligencias o adoptar medidas.

Hay casos, considerados prioritarios, que se tramitan por la vía de urgencia y se reparten al día siguiente, pero el problema surge cuando el asunto no se ha catalogado como preferente y no se tramita como tal, porque entonces pasa al cajón de los asuntos ordinarios, para los que existe el mencionado retraso que oscila los dos meses.Desde el Decanato, se señala a los investigadores, Policía y Guardia Civil, pues existe un protocolo por el que deberían señalizar este tipo de asuntos, como los que implican órdenes de protección de víctimas como prioritarios. «Implementamos un sistema de alertas para que con determinados tipos de delitos la Policía alerte, pero no lo está utilizando», explica la decana de los jueces de Madrid, María Jesús del Barco, en conversación con ABC. «Entran miles de escritos y atestados al día y si no lo destacan no están alertando del peligro», prosigue, dejando claro que las áreas de violencia de género en particular y los juzgados de lo penal van al día.

El atasco existe en los juzgados de instrucción, los que investigan. Los funcionarios no dan a basto. Por su parte, fuentes policiales aseguran que la tramitación de las causas es exclusiva del juzgado, por lo que apuntan a un posible «problema interno» en Plaza de Castilla. Cuentan que en el juzgado tienen el correo saturado y que se habilitó un teléfono para tener línea directa con ellos pero rara vez contestan.

Sobre el resto de motivos que están provocando este «colapso», se señala la reciente implementación de Lexnet, el sistema telemático de los juzgados, que ha provocado que un mismo asunto entre de manera doble -en papel y digitalmente- y se tenga que leer dos veces.

La falta de personal y la falta de medios son las siguientes causas más mencionadas. Se ha pedido a la Comunidad de Madrid refuerzos, aunque sea de forma temporal, pero aún no se han aprobado, de acuerdo a las fuentes consultadas. «La falta de medios no permite que nos podamos poner al día antes, aunque los tiempos se están reduciendo mucho. Se están adoptando medidas», asegura del Barco. Como por ejemplo, de manera interna, intentar reorganizar el trabajo de los funcionarios.

Desde el Decanato, aunque son conscientes de que el problema no se va a resolver de un día para otro, aseguran que empiezan a notar avances. No obstante, fuera de él parecen no percibirse, existe malestar general porque se entiende que el sistema de reparto debería ser algo mecánico. Con las causas paradas los abogados no cobran, las víctimas siguen siéndolo, los jueces y fiscales no van al día. «El sistema es el que es», se dice con resignación. Pero está claro que no funciona.