Dos españoles, en el infierno de Maduro por un montaje conspiranoico

Recapitulemos. Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa Valdovinos, de 35, bilbaínos, fueron detenidos entre el 2 y el 9 de septiembre en Puerto Ayacucho, una zona en la que hay una presencia importante de clanes del narcotráfico. Aseguran que decidieron viajar hasta allí de turismo, aunque lo cierto es que no se trata de una región especialmente adecuada para este tipo de viajes de ocio.

Según las fuentes consultadas por ABC, primero se produjeron las detenciones en circunstancias y por razones que no han trascendido, y fue después, tras comunicar los agentes los arrestos a sus superiores, cuando los servicios de Inteligencia de Maduro vieron una oportunidad inmejorable para montar su 'teatrillo' y presentarlos como agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que, junto a elementos de la CIA, preparaban un complot para matar al presidente venezolano.

Se trataba de acusaciones ridículas, porque ninguno de los dos pertenecía a los servicios de inteligencia –el CNI lo desmintió de forma oficial desde el primer momento– ni por supuesto tenían ni formación ni la más mínima experiencia para participar en una operación de semejante envergadura.

Pero a Maduro y a su régimen le importaba muy poco la falsedad de las acusaciones, porque lo que buscaban era chivos expiatorios perfectos para presionar a España en un momento en que las relaciones diplomáticas entre ambos países eran extremadamente tensas, sobre todo tras las últimas y fraudulentas elecciones presidenciales. Lo cierto es que el montaje era burdo, pero también que este tipo de actuaciones son muy recurrentes entre algunos servicios de Inteligencia, como el venezolano, cuyos métodos, según las fuentes consultadas por ABC, están inspirados en los de sus colegas cubanos, sus maestros en la materia.

Para dar mayor verosimilitud al montaje hubo en esos días de septiembre de 2024 una comparecencia televisiva de Diosdado Cabello, el todopoderoso ministro del Interior, en la que esgrimió la fotografía de los dos españoles y aseguró que había pruebas muy claras contra ellos, aunque Venezuela nunca las mostró. Era la forma de dar la necesaria apariencia de veracidad de esa 'investigación', sobre todo de cara a su opinión pública, cada vez más beligerante contra el chavismo, que había sido derrotado por la oposición en las urnas. Como muchos dictadores han hecho antes, con este episodio el régimen intentaba apelar al orgullo nacional y a la independencia del país frente a supuestas injerencias de potencias extranjeras.

La guinda del pastel la puso el propio Nicolás Maduro, que días después volvió a asegurar que los detenidos eran agentes encubiertos del CNI y «terroristas convictos y confesos», además de afirmar que sólo habían mostrado un 10 por ciento de las pruebas que había contra ellos, cuando lo cierto es que ni entonces ni ahora han mostrado ni una sola mínimamente convincente.

Después de semejante despliegue gubernamental, en el que involucró hasta el presidente del país, pensar en que el régimen venezolano pudiera dar marcha atrás a corto o medio plazo en sus acusaciones era una quimera. «Tenían que mantener su versión hasta el final, a sabiendas de que nadie les creía, porque si reconocían algún error en la investigación el ridículo hubiese sido de proporciones mundiales y su imagen ya está muy deteriorada», reflexionan las fuentes consultadas por ABC.

Además, ni siquiera si los dos detenidos hubiesen admitido que pertenecían a los servicios de Inteligencia hubiese sido fácil su liberación, porque el gobierno venezolano se exponía a que, una vez en España, se desdijeran y explicaran la verdad: que no tienen relación alguna con el CNI, que no pretendían matar a Maduro y que si habían dicho lo contrario era sólo por las presiones recibidas y el deseo de salir en libertad.

Además, de reconocer los hechos habrían sido juzgados y condenados en Venezuela y muy probablemente la extradición a España sólo se hubiese producido si existía el compromiso por nuestra parte de que los implicados cumplirían el resto de la pena en nuestro país. Es muy llamativo que después de un año no hay noticias del proceso judicial y lo único que se sabe de ellos es que están en la cárcel Rodeo I, un auténtico infierno en el que día sí y otro también se violan los derechos humanos.

Amnistía Internacional denunció en una carta abierta dirigida al ministro de asuntos penitenciarios de Venezuela, Julio García Zerpa, fechada en junio de 2024 –dos meses antes de que los dos vascos viajaran al país sudamericano– que las condiciones de reclusión en la prisión de Rodeo I son «crueles, inhumanas y degradantes, y en ciertos casos, podrían llegar a constituir tortura».

En febrero pasado, Nicolás Maduro volvió a referirse al caso de estos dos españoles para ratificarse en sus acusaciones: «Son terroristas que ponen bombas en su tiempo libre», aseguró tirando de ironía, pero de nuevo sin mostrar una sola prueba sobre estas personas cuya formación –uno es fontanero y el otro está en paro– y modo de vida está muy alejada de la de un terrorista.

A lo largo de todos estos meses el Gobierno español ha trabajado de forma discreta en conseguir su liberación, consciente de que para Maduro los encarcelados son una buena moneda de cambio para conseguir alguna cosa. Sin embargo, todas esas gestiones, de las que no se informa porque perjudicaría a los rehenes, han resultado de momento infructuosas.

Los familiares de Martínez y Basoa mantienen mientras un perfil muy discreto, confiados en las gestiones del Gobierno. Lo que sí es más llamativo es que apenas hay movilizaciones para denunciar la situación de los dos españoles. Tampoco la clase política, en especial la del País Vasco, tiene este asunto en su agenda salvo por algún artículo periodístico del exsenador del PNV Iñaki Anasagasti. Las familias apenas han tenido algún contacto con los encarcelados, que tampoco pueden recibir prácticamente ayuda consular.

Las fuentes consultadas, más allá de denunciar la evidente violación de los derechos de los dos españoles, llaman la atención sobre la imprudencia de que Andrés Martínez y José María Basoa estuvieran en Puerto Ayacucho, solos. Como ya se dicho, se trata de una zona con una enorme presencia del narco, que todo el mundo sabe que es muy peligrosa y que además tiene un interés turístico muy escaso. «No debían haber estado allí; les ha ocurrido esto, pero les podría haber pasado cualquier otro incidente muy serio», insisten esas fuentes consultadas.

Precisamente, que estuvieran en esa zona, sin cobertura, muy lejos de Caracas y en un punto de máximo riesgo son pruebas evidentes de que, como sostuvo el Gobierno español desde el primer momento, ni pertenecen al CNI ni a ningún otro servicio de inteligencia: «Sólo hace falta analizar su forma de actuar para darse cuenta de ello –explican los expertos–. ¿Cómo van a querer matar a Maduro, que reside en la capital del país, si se van primero a un lugar tan peligroso y expuesto como Puerto Ayacucho, a muchos kilómetros de distancia de donde estaba su supuesto objetivo? Pero es que además el viaje a Caracas lo hubiesen tenido que hacer con las armas a cuestas, lo que aumentaría mucho el riesgo de ser detectados... Ningún servicio del mundo medianamente preparado actuaría de esa forma», explican las fuentes.