La defensa de Puigdemont dice que el Tribunal de Cuentas no tiene competencia para dirigirse al TJUE

En el escrito de alegaciones presentado por Gonzalo Boye este martes, al que ha tenido acceso ABC, el abogado de Puigdemont afirma que lo que tiene que hacer el órgano, como obliga la norma acordada entre el PSOE y los independentistas, es archivar el procedimiento con el que se busca recuperar los fondos públicos invertidos en la promoción del 'procés' en el exterior y la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. «Actuar en otro sentido conllevaría, sin duda, el dictado de una resolución injusta, en este caso ya a sabiendas«, se lee en el duro escrito, en el que acusa a la consejera Elena Hernáez, quien se ha encargado del procedimiento y dio el paso de llevar el asunto a la Justicia europea la semana pasada, de fundamentar más su decisión »en la búsqueda de eso que se da en llamar 'los 15 minutos de fama' que en la correcta aplicación del derecho que es algo que estado ausente a lo largo de todo este procedimiento«.

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El pasado 11 de junio, la consejera del Departamento de Enjuiciamiento avanzó su intención de dirigir una cuestión prejudicial ante el TJUE para que resuelva las dudas sobre la aplicación de la ley de Amnistía respecto al derecho comunitario, pues considera que distintos artículos de la ley de Amnistía «podrían oponerse a la interpretación que viene realizando el TJUE de determinados preceptos del derecho de la Unión Europea». De ahí que dio 10 días a las partes (Fiscalía, los demandantes de Sociedad Civil Catalana y los políticos independentistas demandados) para que se pronunciaran.

La defensa de Puigdemont, que como el también expresidente Artur Mas, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y otros 30 líderes secesionistas se enfrentan a una multa de 3,1 millones de euros, considera que «el Tribunal de Cuentas Español no tiene competencia para plantear directamente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales está reservada a los »órganos jurisdiccionales« de los Estados miembros, conforme al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)».

Afirma también que «el sistema de nombramiento de la Delegada Instructora, al igual que el de los consejeros del Tribunal de Cuentas, no ofrece las más mínimas garantías de independencia e imparcialidad, dado que su nombramiento como Delegada Instructora es realizado por la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, compuesta exclusivamente por personas designadas por las Cortes Generales» y acusa al órgano fiscalizador de no respetar la inmunidad parlamentaria de Puigdemont. «Puigdemont ha gozado de reconocida inmunidad como parlamentario europeo. Esta inmunidad se extiende a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas, que, como mencionamos, solo tiene el nombre de Tribunal [...] Será interesante observar qué opina el TJUE respecto de un procedimiento de estas características dirigido contra personas que cuentan con inmunidad y para cuyo »enjuiciamiento« no se ha solicitado el levantamiento de de dicha inmunidad», ironiza.