La defensa de García Ortiz fracasa en su estrategia de deslegitimar a la UCO

La Abogacía del Estado, que representa a los dos imputados y que fue precisamente quien pidió la comparecencia de los agentes para aclarar algunos extremos de ese informe, ha agotado así una de las últimas bazas que tenía para echar por tierra la principal prueba de cargo contra García Ortiz y su subordinada: la derivada del registro en el despacho de la segunda que se saldó con la incautación de su móvil y la recuperación de las conversaciones que esta fiscal mantuvo con, entre otros, García Ortiz, en los momentos clave de la filtración. A diferencia del fiscal general, que se deshizo de su terminal, borró «hasta en dos ocasiones» sus mensajes y eliminó su cuenta de correo personal, Rodríguez conservó todos los chats, lo que permitió a la UCO reconstruir los momentos clave de la filtración.

Según fuentes jurídicas, los agentes relataron que su dinámica de trabajo ha sido similar a otros casos y que todo lo utilizado para realizar su análisis está referenciado en ese informe, en el que incluyeron lo que consideraron relevante en su momento.

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La Abogacía del Estado intentó desmontar la contextualización que los agentes hicieron de uno de los mensajes de Pilar Rodríguez al 'equipo Fortuny', en concreto el de «Ja, ja, en qué estaréis pensando», relacionando ese comentario con un asunto médico de Rodríguez y no con el trasiego de los correos electrónicos que iban a desembocar en la nota de prensa difundida al día siguiente. Los peritos admitieron este viernes que no adjuntaron esa circunstancia al informe precisamente para salvaguardar la intimidad de los participantes en la conversación al tratarse de una cuestión de carácter médico. No obstante se ratificaron en que ese mensaje está relacionado con el objeto de la investigación pues es de los correos de González Amador sobre lo que estaban hablando. La contextualización del mensaje que hicieron, señalaron los peritos, «es del todo correcta».

Al instructor no le hacía falta este informe para apuntalar la presunta participación del fiscal general en la filtración y situarlo al borde del banquillo en su auto del pasado 25 de febrero, en el que concluía que entre la recepción de los correos por parte de García Ortiz y su publicación pasaron apenas unos minutos. Si citó a los peritos fue porque se lo ordenó la Sala de Apelación, que estimó parcialmente el recurso del fiscal general en el que reclamaba una serie de diligencias, incluida la declaración del propio González Amador, que los magistrados también respaldaron y que está previsto que se produzca el próximo 23 de mayo.

Hurtado rechazó la comparecencia de los peritos al entender que «si de una ratificación se trata, nada aporta ello al propio informe» y, «en lo que a la aclaración concierne, es cuestión que corresponde, llegado el caso, en el acto del juicio oral».

La UCO concluyó que «desde las 21:59, hora en la que recibe el fiscal general del Estado un correo que requiere y que contiene el que finalmente se filtra, y hasta que se publica la filtración a las 23:51, hay tan solo un número muy reducido de personas» que tienen acceso a «todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa» y que tienen conocimiento, no solo de que el Ministerio Público está elaborando un «comunicado», sino del «periodo temporal aproximado en el que éste se publicará». Para la UCO García Ortiz asumió ese «papel preeminente» en la iniciativa y dirección de requerir los diferentes correos y realizar la nota de prensa.

La diligencia de este viernes vino acompañada de un nuevo respaldo de la Sala Penal al juez Hurtado. Los magistrados rechazaron otros dos recursos de los imputados: uno relacionado con su propia citación y otro con la comisión rogatoria que el juez cursó a Irlanda para intentar recuperar los mensajes eliminados por el imputado.