Defensa aparta al guardia civil del Puerto de Valencia en prisión por narcotráfico

En una orden firmada por la subsecretaria del departamento que dirige la ministra Margarita Robles, Adoración Mateos, -y consultada por ABC- se establece que el agente, «en situación de servicio activo sin destino y afecto a la Comandancia de Valencia, pasa a la situación de suspensión de funciones», de acuerdo al artículo 92 de la ley 29/2014 que regula el régimen del personal de la Guardia Civil.

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David Maroto

El elevado tren de vida y las sospechas de algunos compañeros destaparon la presunta relación con la mafia albanesa del oficial de la Benemérita encargado de luchar contra la llegada de cargamentos de cocaína a la sede marítima de la capital del Turia

Dicho artículo contempla que cualquier miembro del Cuerpo en sus circunstancias permanecerá inmovilizado en el puesto que ocupe en el escalafón, en un periodo máximo de seis meses o mientras dure la prisión preventiva. Pasado este tiempo o en caso de que el juez acordara su puesta en libertad provisional, será la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, quien decida si extiende la prohibición de solicitar y obtener destino hasta que haya sentencia firme o se archive la causa. El abogado de Bolaño, Vicente Sanmartín, ha asegurado a este diario que piensan recurrir la decisión.

El agente, capitán de la Guardia Civil y quien fuera encargado de la vigilancia antidroga del Puerto de Valencia, niega cualquier relación con el narcotráfico. Sí reconoce, no obstante, que tenía un negocio de contenedores para vender en el extranjero mercancías «lícitas», como almohadas y colchones, del que cobraba en B. Según su versión, nunca ha ayudado a mover cocaína en España y si tenía 90.000 euros en casa, asegura, es porque había cobrado una herencia. Del segundo teléfono que le encontraron en los registros, dice, era para poder hablar con su amante sin levantar sospechas.

Sin embargo para la Audiencia Nacional las pesquisas apuntan en otra dirección: Bolaño era una «pieza esencial» de una organización dedicada al tráfico de drogas e incluso «inversor» de algunas de las operaciones. Y habría facilitado el paso y la salida del puerto de contenedores de distintos grupos «a sabiendas» de que portaban cocaína.

A cambio, según recoge el auto por el que el juez acordó su ingreso en prisión, percibió «dádivas y prestaciones económicas». Se mencionan, por ejemplo, «entregas de dinero en efectivo» y viajes pagados por la presunta organización liderada por Guillermo T. a distintos destinos como Las Palmas, República Dominicana, Venecia o Miami, «con su familia u otras personas».

Bolaño conocía al detalle el funcionamiento del Puerto de Valencia, donde estuvo al frente de la inspección fiscal una década. Y los investigadores creen que se valió de ello para diseñar un «procedimiento» que permitió la entrada de contenedores; instruyó a los miembros de la presunta organización criminal sobre «la forma de proceder de las inspecciones y controles policiales y aduaneros» para que no dieran un paso en falso; y proporcionó «información confidencial y restringida» sobre investigaciones policiales en marcha para asegurar la recogida de droga «sin riesgos» o, al menos, minimizarlos.

En lo que respecta a su papel como presunto inversor, el auto detalla que Bolaño «puso dinero para la realización de la operación de importación de 1.140 kilos de cocaína, oculta en una carga de papayas», que fue incautada en Beneixida (Valencia). Y que también invirtió en otra operación de entrada de polvo blanco «cuya ejecución ya había comenzado en el momento de practicarse las detenciones y los registros» por parte del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil, en diciembre.

Según explica la resolución, la cocaína iba a ser transportada en contenedores tipo Flat Rack, apropiados para el transporte de carga pesada y «modificados» para que contaran con «un compartimento oculto». El plan era enviarlos a Panamá u otros países de América Latina «conteniendo piscinas y a la vuelta vendrían, supuestamente vacíos, pero cargados con la cocaína en el doble fondo».

Cuando se explotó la operación, «un contenedor de prueba, sin carga de cocaína, había sido ya enviado» y estaba ya de vuelta vacío en el puerto de Valencia; otro contenedor estaba en una nave con los 1.140 kilos de cocaína; y «otro u otros» cargamentos más «habían sido enviados con piscinas y estaban en el puerto extranjero», donde debía cargarse la droga.