CS llevará a la presidenta del Parlament a los tribunales si admite a trámite una ILP para declarar la independencia

Aunque la iniciativa aún no ha pasado por la Mesa del Parlament, que tendrá que considerar si la admite a trámite o no, ya ha motivado la reacción del grupo parlamentario de Ciudadanos, que teme que la Mesa opte por situarse, «una vez más, al margen de la legalidad, en la estela de la condena por sedición a Carme Forcadell por admitir a trámite las leyes de desconexión cuando era presidenta del Parlament de Cataluña».

En este sentido, desde la formación naranja se señala a la actual presidenta de la cámara, Anna Erra (Junts), «por haber permitido el registro» de la citada ILP, y en un escrito dirigido a la Mesa, ante lo que consideran la «inacción de PSC, VOX y PP», preguntan «si la concesión de número de tramitación y designación de representantes equivalen, implícitamente, a su admisión a trámite». Desde el Parlamento de Cataluña se precisa a este diario que la concesión del citado número, y la identificación de los promotores de la ILP, no implica ni la admisión ni la no admisión de la iniciativa, en tanto que la misma no ha sido valorada por la Mesa, que basará su decisión, también, en base al informe sobre su inadmisibilidad que elaborará un letrado de la Cámara.

Al respecto, y en caso de que la Mesa finalmente admitiese la tramitación de la ILP, CS anuncia que agotará «todas las vías para que Erra responda por una acción que atenta frontalmente contra la legalidad vigente«. »De confirmarse la admisión a trámite, vamos a pedir una reconsideración a la Mesa, presentaremos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y exploraremos la vía penal por prevaricación y desobediencia. Es notorio que los miembros de la Mesa conocen sobradamente la ilegalidad que supone admitir a trámite una ILP que pretende separar a Cataluña del resto de España por haberse manifestado el Tribunal Constitucional al respecto sin género de dudas en diversas ocasiones con anterioridad«, apunta el líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa. «Ya paramos los pies al independentismo en 2017, lo volveremos a hacer en 2024«, concluye.

Según recoge la ley reguladora de las ILP de 2006, la Mesa del Parlamento debe examinar la documentación recibida y pronunciarse de forma motivada en el plazo de quince días hábiles sobre la admisión o la inadmisión a trámite de la proposición de ley. La ley es clara al señalar como una de las causas de inadmisibilidad «que tenga por objeto alguna materia sobre la que la Generalitat no tiene atribuida la competencia«.