El Parlament catalán llevará al cardenal Omella ante la Fiscalía por no comparecer en la comisión sobre abusos

El eclesiástico estaba citado para el lunes 29 pero excusó su asistencia con una carta a la presidenta de la Cámara en la que citaba varias sentencias del Tribunal Constitucional que avalaban que no era obligatoria su comparecencia. A su negativa, y con los mismos argumentos, se sumaron los otros dos sacerdotes, por lo que el único eclesiástico que compareció este lunes fue el vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española, Carlos López Segovia, quien afirmó ante la comisión presentarse «a título personal y como ciudadano».

Ante su ausencia del lunes, la Comisión volvió a citar al cardenal Omella para este viernes 2 de febrero. Según explicó en ese momento la presidenta de la comisión de investigador, Susanna Segovia, de Comuns, la citación de Omella era en aplicación del artículo 68.1.c del reglamento del Parlament. Susanna Segovia animó al cardenal a que valorara «la oportunidad de comparecer», que consideraba «un deber moral y una responsabilidad» para explicar su versión de los hechos y atender a las preguntas de los grupos parlamentarios.

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Desde entornos eclesiales siempre han entendido esta comisión como altamente politizada y consideran que la citación al cardenal ante esta comisión sobre los abusos en la Iglesia -era el único obispo que estaba citado- respondía a su escasa implicación en el 'procés'. De hecho, circula el rumor de que los partidos independentistas llegaron a plantear al cardenal Omella la posibilidad de exonerarle de su participación si realizaba algún gesto de respaldo a la causa separatista.

La citación podría haber convertido al cardenal Omella en el primer prelado español en comparecer ante una comisión de este tipo, aunque la semana pasada enviaba una carta a la presidenta del Parlament, Anna Erra i Solà, en la que excusaba su asistencia aludiendo a una sentencia del Tribunal Constitucional (sentencia 77/2023 de 20 de junio). La decisión del Alto Tribunal, que citaba en la carta, sostiene que las competencias de las comisiones parlamentarias de investigación deben ceñirse a «la responsabilidad estrictamente política que pudiera derivar de una deficiente o negligente gestión del interés público encomendado a las personas o actividades investigadas», con el objeto de determinar en qué medida el interés público «pudo verse perjudicado, perturbado o desviado de los objetivos que les habían sido asignados».

Junto a esa resolución, el cardenal Omella citaba otra anterior del mismo Tribunal (sentencia 215/2016 de 15 de diciembre), que señala que a las cámaras «ni les corresponde efectuar una calificación jurídica de los hechos investigados, ni llevar a cabo imputaciones o determinaciones personales sobre la autoría de comportamientos ilícitos». A lo que añade, que la «atribución de comportamientos ilícitos merecedores de pena o sanción» está reservada a «los jueces y tribunales del orden penal en el ejercicio de la función jurisdiccional o a los órganos de la Administración en cada caso titulares de la potestad sancionadora».

Además, el Tribunal Constitucional insiste en que la obligatoriedad de comparecer en las cámaras «sólo es predicable respecto de aquellas cuestiones que puedan ser objeto de investigación parlamentaria». Junto a estos argumentos jurídicos el cardenal Omella ponía a disposición de la comisión de investigación todos los informessobre abusos de los que dispone la Iglesia: el del Defensor del Pueblo, la auditoría de Cremades & Calvo Sotelo y el propio del Episcopado, 'Para dar luz'.

Unos argumentos que no convencieron a la comisión. Segovia ha lamentado que los eclesiásticos no hayan acudido para ofrecer su punto de vista, puesto que «la citación no era de presunta culpabilidad». También ha añadido que el hecho de que la Iglesia haya abierto proceso para investigar los abusos no sirve como excusa para no comparecer. Por esta razón, los grupos parlamentarios de ERC, Junts y Comuns han apoyado la decisión de la presidenta de la comisión de trasladar a la Mesa del Parlament para que informe a la Fiscalía de manera que esta «pueda tomar las responsabilidades penales que puedan corresponder«.

La decisión de la Fiscaliía podría sentar un precedente de cara a futuras comparecencias de eclesiásticos en comisiones similares en otros parlamentos. De hecho, todavía está pendiente que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presente ante el Congreso, el informe sobre los abusos que hizo público a finales de octubre. Entre las decisiones que la cámara podría tomar tras la presentación se encuentra la posible creación de una comisión de investigación, una idea que ya pretendían los entonces grupos parlamentarios de Unidas Podemos, ERC y Bildu y que finalmente se descartó al optar por la opción del Defensor del Pueblo.

En entornos eclesiales no se entiende que Gabilondo todavía no haya comparecido ante el Congreso, como marcaba la encomienda que le hizo la Cámara, tres meses después de finalizado su trabajo. De hecho, sospechan que esa comparecencia, y las posibles decisiones posteriores, que tendrá una gran repercusión en los medios de comunicación, es un «cartucho que tiene guardado Sánchez, para cuando necesite desviar la atención mediática», según han indicado a ABC fuentes cercanas al Episcopado.