Control y medidas sin precedentes en Plaza de Castilla: «Este trato no se da a las personas normales»

Los medios de comunicación, que se agrupaban en la entrada de los juzgados, fueron desplazados por los numerosos agentes a más de 25 metros de las puertas del edificio judicial, detrás de las barreras de seguridad, relegados a la entrada del garaje. Ningún ciudadano sin acreditación de prensa podía acercarse al inmueble ni sus alrededores, lo que provocó discusiones entre transeúntes y funcionarios policiales, que se resolvieron con la identificación de los primeros y su escolta hasta el exterior del recinto vallado.

A partir de las 9:30, una treintena de personas se agrupaban en la acera contraria de los Juzgados de Plaza de Castilla convocadas por la asociación Hazte Oír, que también participa en el procedimiento como acusación popular. Esta manifestación no fue autorizada por la Delegación del Gobierno. Los manifestantes, además de vocear cánticos en contra de Pedro Sánchez, portaban pancartas pidiendo penas de prisión para el presidente, su esposa y su hermano, usando el término 'La Famiglia' para compararlos con la mafia italiana. Además, durante toda la mañana, una furgoneta de la misma asociación circuló por los aledaños con una pantalla en la que se podía leer la frase «Begoña imputada. Sánchez dimite ya».

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Las reacciones por parte de los trabajadores y usuarios de los juzgados no se hicieron esperar. Los abogados explicaban que estaban asombrados por todo lo sucedido y comentaron que no entendían que no fuera a ser una jornada normal por la presencia de Begoña Gómez, ni tampoco el trato diferente que recibía la mujer de Pedro Sánchez.

La esposa del presidente llegó a los juzgados a las 10:15 y pocos minutos después eljuez Juan Carlos Peinado suspendió la declaración. La volvió a citar para el próximo 19 de julio. El motivo fue que no se le había notificado a su abogado, Antonio Camacho, exfiscal y exministro de Interior de José Luis Rodríguez Zapatero, una querella de Hazte Oír.

Luis Álvarez, tesorero de la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (Altodo) declaraba que «es absurdo que se haya montado todo el dispositivo para después suspender la declaración». Además, comentaba su estupefacción por el despliegue policial: «Este trato no se da a las personas normales, el número de policías y policías de paisano no se había visto nunca», aseguró.

Por si fuera poco, los trabajadores del juzgado tuvieron que enseñar su identificación para poder cruzar el Paseo de la Castellana y entrar por la puerta principal. Dentro del edificio, el vestíbulo de la planta número 6, en la que debía producirse la declaración, fue controlada por numerosos policías de paisano.

Los periodistas que no formasen parte de las agencias Efe, Servimedia y Europa Press no pudieron acceder al Juzgado de Instrucción 41 para cubrir la declaración. Además, a estas agencias no se les permitió tomar fotografías. Mientras Begoña Gómez pasaba por el vestíbulo para aceder al juzgado, fue fotografiada por el antisistema Vito Quiles. Aunque no tenía permiso para cubrir la declaración como medio, ya que no trabaja para ninguna de las tres agencias permitidas, conseguió acceder al edificio acompañando al equipo de la acusación. Jorge Buxadé, el eurodiputado de Vox, también lo hizo pero, finalmente, ni él ni Vito Quiles pudieron acceder a la sala, ya que el juez solo permitió un letrado por acusación.

Tras la salida de la esposa del presidente de los juzgados se formaron corrillos en el Monumento a José Calvo Sotelo donde los periodistas pudieron preguntar al abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, como a Jorge Buxadé. También a Antonio Camacho.

El despliegue policial, a partir de ese momento, comenzó a reducirse. Los manifestantes, un número ya muy reducido, continuaron gritando en contra del Gobierno hasta que, finalmente se retiraron.

Los Juzgados de Plaza de Castilla vivieron ayer una jornada atípica, con un operativo policial sin precedentes. En dos semanas Begoña Gómez volverá para declarar de nuevo.