El Congreso inicia la tramitación de la propuesta de Junts para la recuperación «rápida» de las viviendas okupadas

Durante la defensa de la iniciativa, la diputada de Junts Marta Madrenas ha explicado que Cataluña «lidera» las ocupaciones ilegales. Según datos de la Generalitat, en 2022 se produjeron 9.477 nuevos casos, en 2023 fueron 9.247, hasta junio de 2024 «ya se habían registrado 5.364» y apunta que este año se cerrará «con una cifra récord de más de 10.000».

Estas cifras, ha avisado, «indican que el problema está aumentando», pero ha dejado claro que «no» son ciertos «algunos discursos populistas que alarman a la ciudadanía al sugerir que cualquiera que salga de su casa fácilmente puede encontrarse su domicilio okupado». Sin embargo, ha añadido, esto «no significa que no sea grave o que no genere consecuencias negativas».

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Asimismo, ha explicado que la iniciativa de su partido no tiene como objetivo «aumentar las penas ni sanciones», sino «asegurar que la propiedad pueda recuperar urgentemente su vivienda que ha sido quitada ilícitamente». Por ello, incluye un conjunto de modificaciones «técnicas» en el ámbito penal y civil.

Además, ha asegurado que la vivienda es «uno de los problemas más ingentes» que los poderes públicos tienen encima de la mesa y que su partido defiende «firmemente» que la vivienda «debe constituir una nueva pata del Estado de bienestar». Ha agregado que garantizar este derecho tiene que ser «responsabilidad de las administraciones públicas».

Por parte del PP, Cristina Agüera ha subrayado que se podría disponer ya de una ley que acabaría con las ocupaciones, la propuesta de su partido: «No la tenemos porque Sánchez y Armengol decidieron bloquearla (...) No les importa convertir a España en el único país de Europa donde un okupa tiene mayor protección que aquel a quien le roban su casa».

Esta norma, cuya toma en consideración se aprobó en el Senado en febrero de 2024, «lleva más de un año esperando a ser debatida y aprobada definitivamente. «Sin embargo, la han paralizado con 40 prórrogas», ha agregado. Para Agüera, la ocupación ilegal de viviendas es «uno de los problemas más graves que sufren miles de familias» en este país, por lo que ha pedido al PSOE que no vuelva a decir que es «un bulo».

Desde el PSOE, Guillermo Hita ha expuesto que los ciudadanos están «un poco hartos» de que la derecha y la ultraderecha «no hagan más que meter miedo con este tema». Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha afirmado, actúan de forma «urgente» en los casos de allanamiento de morada, desalojan las viviendas «prácticamente de inmediato» y también actúan en los casos de usurpación de inmuebles, aunque «sujetos al orden judicial».

Por ello, ha puntualizado que el ordenamiento jurídico español «cuenta con mecanismos suficientes» para afrontar la «mal denominada ocupación de vivienda», aunque «es susceptible de mejora». Ha coincidido con Junts en que hay que preservar el derecho a la propiedad privada, pero esto «no supone en sí misma una solución al problema de la vivienda».

Gerardo Pisarello, desde Sumar, ha confirmado que la ocupación ilegal es «algo rechazable», pero «ya existen leyes contra el allanamiento de morada que la impide». Asimismo, ha apuntado que «el principal problema de la vivienda en España no es ese»: «Son los casi 40.000 desahucios anuales que se producen, la mayoría de ellos protagonizados por bancos y fondos buitres a los que les importa un bledo la suerte de las familias afectadas».

Etna Estrems, de ERC, ha argüido que este problemas es «real», que «la Justicia es lenta y que muchas veces la Policía no llega a tiempo», por lo que estas situaciones «se alargan». «No aceptamos que sea lo mismo legislar una violación de domicilio o una ocupación de una vivienda vacía», ha ahondado, y ha criticado que lo que ha hecho Junts ha sido presentar «una maniobra de distracción de lo que está pidiendo la ciudadanía, que es que se solucione el problema de la vivienda».

Por su parte, Oskar Matute ha explicado que EH Bildu votará en contra de esta iniciativa porque lo que hay «detrás» de la misma es la voluntad de generar un «estado de temor, ansiedad y miedo en la población en torno a la posibilidad de que se vaya a comprar el pan y les okupen la casa». No negó que se trate de «un problema», pero ha aclarado que afecta al «0,06, o menos, de la población» de España.

El diputado de Vox Carlos Quero ha considerado que el «negacionismo de la ocupación ha destrozado el mercado de alquiler y ha llevado a una situación límite a los barrios más humildes». «Entiendo que a la izquierda cuqui todo esto le importe un comino porque sus prioridades son otras mucho más urgentes y, desde luego, elevadas, pero a la gente común le va la vida en ello», ha destacado.

Desde el PNV, Mikel Legarda, aunque ha apostado por no construir «relatos pavorosos» sobre las cifras de ocupación, ha apoyado esta iniciativa a fin de «procurar la mejor respuesta contra un fenómeno no tan masivo, pero que genera preocupación y alarma en la sociedad», ya que ahora el ordenamiento jurídico no tiene una respuesta «ágil y eficiente» para la recuperación de viviendas u otros inmuebles.

Cristina Valido, de Coalición Canaria, ha señalado que la Justicia tiene que tener «herramientas para combatir la usurpación y el allanamiento de morada». «No podemos negar un problema que es una realidad y estamos ante una oportunidad», ha concluido.