El Congreso aprueba completamente dividido la amnistía que permitirá el regreso de Puigdemont

Entonces se empezará a vislumbrar la batalla judicial que marcará hasta dónde llega la aplicación de la norma y que permitirá dilucidar cuándo se produce el regreso del prófugo Carles Puigdemont, ya sin tener que rendir cuentas ante la Justicia, si es que los tribunales no lo impiden antes. La ley, clave de bóveda de la legislatura, fue asumida por el PSOE después de las elecciones generales del 23 de julio, cuando se evidenció la dependencia de Junts, el partido del expresidente de la Generalitat fugado, para que Sánchez fuese reelegido presidente del Gobierno. Antes, el propio jefe del Ejecutivo, varios de sus ministros y su formación habían tachado esa medida de gracia de inconstitucional.

De hecho, la anterior legislatura los independentistas registraron su propia ley de amnistía y PSOE, PP y Vox rechazaron su mera calificación en la Mesa porque los letrados del Congreso advirtieron que entraba «en contradicción palmaria» con la Constitución. Ahora no solo registra la proposición de ley el Partido Socialista, sino que desde noviembre hasta este mes de marzo ha ido asumiendo cambios exigidos por el separatismo que han ampliado cada vez más el alcance de la norma.

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Manuel Trillo

Quedarán amnistiados todos los delitos que presenten conexión con el 'procés', directa o indirectamente, desde el 1 de noviembre del 2011 hasta el 13 de noviembre del 2023. Con ello, el secesionismo busca blindar todas las actuaciones ilegales encaminadas a favorecer la independencia de Cataluña, que abarcan tanto la consulta separatista del 9N como el referéndum del 1-O, así como las leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento catalán en septiembre del 2017 y la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de aquel año, pasando por el asedio a la Consejería de Economía para impedir un registro judicial. Además, quiere proteger también las algaradas, protestas violentas e intentos de sabotaje que se vivieron en 2019, cuando tras la sentencia del 'procés' por sedición y malversación ardieron las calles de Cataluña.

La sedición ya fue eliminada del Código Penal por exigencia de ERC la pasada legislatura, pero ahora la amnistía pretende que caigan en el olvido los delitos, entre otros, de malversación, traición e incluso terrorismo. Este último, por el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga a Puigdemont en la causa de Tsunami Democràtic, provocó el rechazo de Junts al conjunto de la ley el 30 de enero y el consecuente regreso del texto a la Comisión de Justicia.

La derecha independentista exigía que despareciese el terrorismo de las causas de exclusión de la amnistía —solo se dejan fuera los supuestos que buscasen intencionadamente la tortura o muerte de una persona—, pero aceptó un retoque para que se eliminase en su redactado la alusión a la legislación española. Con ello, según fuentes de ese partido, se evitan «interpretaciones imaginativas» de los jueces. Para sortear las previsibles pegas de la Unión Europea a amnistiar la malversación, se introdujo también un matiz: que no se incluían en la ley los casos en los que se hubiese perseguido un enriquecimiento personal.

Todo esto lo ha aprobado el Congreso partido por la mitad, con casi la mitad de la Cámara Baja radicalmente en contra de una norma que considera inconstitucional, como hasta hace unos meses el PSOE, y a pesar de la fuerte contestación social que ha tenido en la calle, con varias protestas que han reunido a decenas de miles de personas gritando 'no' a la amnistía. Desde el inicio del debate, escuchaba en su asiento el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, convertido en el principal valedor de la norma. Juan Carlos Campo, titular de Justicia cuando se concedieron los indultos a Oriol Junqueras (ERC) —que este jueves escuchaba desde la tribuna de invitados— y al resto de condenados por el 'procés', dijo en la justificación de esa medida de gracia, que sí recoge la Carta Magna, que se distinguía de la amnistía porque esa sí era «claramente inconstitucional». Los tiempos cambian.

Sánchez, ausente todo el debate aunque ha llegado media hora antes de su conclusión a la zona reservada al Gobierno, no ha entrado al hemiciclo hasta que se iba a votar la norma. El socialista Patxi López ha defendido la amnistía, olvidando la hemeroteca de su partido, como un paso hacia la «reconciliación» en Cataluña y, sin hacer ni un solo reproche al independentismo, ha culpado al PP del referéndum ilegal y de la declaración unilateral de independencia del 2017. Cabe recordar no solo que el PSOE respaldó en el Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana, sino que Sánchez, entonces líder de la oposición, decía que en el 'procés' se había dado un delito de rebelión, que fue descartado por el Tribunal Supremo.

Antes, varios de sus socios, Aina Vidal (Sumar), Pilar Vallugera (ERC), Josep Maria Cervera (Junts) y Jon Iñarritu (Bildu), han proferido ataques contra el estamento judicial, en lo que empieza a ser una costumbre parlamentaria. Pero es que los independentistas catalanes, lejos de esa «reconciliación» proclamada por el portavoz socialista, han advertido que la amnistía es solo el primer paso y que, una vez caídos en el olvido sus delitos, que ellos siguen negando, los volverán a cometer. La más explícita ha sido la diputada republicana, que ha prometido: «Esto es un compromiso firme: no vamos a parar hasta el ejercicio del derecho de autodeterminación».

Mientras el escaño de Sánchez permanecía vacío, los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, sí han subido a la tribuna de oradores a defender la posición de su partido en el que, probablemente, será el debate más importante de la legislatura. El presidente popular ha recordado irónicamente a López, por su dura intervención contra su formación, que no fue precisamente el independentismo vasco quien lo hizo lendakari. Con un ambiente impregnado del adelanto electoral en Cataluña, anunciado este miércoles por el 'president' Pere Aragonès (ERC), Núñez Feijóo ha prometido que los catalanes tendrán la opción de votar el 12 de mayo a «un partido que no va a pedir el voto de los catalanes constitucionalistas para entregárselo a los catalanes independentistas».

Núñez Feijóo, muy crítico, ha acusado al PSOE de acatar durante la tramitación de la norma todas las exigencias separatistas y al Gobierno de Sánchez de estar salpicado por tres tipos de corrupción: la de situar a familiares y amigos en las instituciones, la de llenarse los bolsillos —en alusión al caso Koldo— y, por la amnistía, la de intercambiar votos por privilegios. «Señores del PSOE, esto no es reconciliación, esto es sumisión», ha sentenciado el líder de la oposición, quien ha apuntado que la amnistía no pasará los filtros del Senado, de la Justicia ni de la Constitución, pero tampoco, ha remarcado, los de la calle.

Antes que él, Abascal, que ha llegado a decir que la soberanía nacional se ha dejado en manos de Marruecos y de Puigdemont a cambio de que Sánchez siga ocupando oficialmente el cargo de presidente, ha dicho que este jueves la Cámara Baja aprueba un «acto colosal de corrupción» en el que se permite que «unos forajidos humillen a este Congreso y este Congreso humille a todos los españoles».

Pero además de sus vehementes ataques al Gobierno, merece mención el aparte dedicado al líder del PP, al que le ha pedido una ruptura total con el Ejecutivo, que se levante de la negociación para renovar los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que use todas las armas en su mano para tratar de detener la norma en el Senado, adonde se dirige ahora y donde los populares ostentan mayoría absoluta. Terminado el debate se ha votado primero el dictamen y después por llamamiento el conjunto del texto, por petición del PP, y no ha habido sorpresas. Solo la del aplauso de la bancada socialista, en pie, en contraste con el silencio del día que se tomó en consideración la ley.