El Senado aprueba la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación a 'la carta' del independentismo

El presidente del Senado, Ander Gil, ha dado paso a la votación con una crítica al Tribunal Constitucional: «Ha imposibilitado, a juicio de esta Presidencia, el pleno ejercicio de las legítimas facultades del Senado de España». La proposición de ley se aprueba sin las disposiciones suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional, a raíz del recurso del Partido Popular.

El Gobierno intentó reformar las mayorías parlamentarias para renovar a dos de los cuatro magistrados con el mandato caducado del órgano de garantías a través de una enmienda que no tiene nada que ver con el objeto de la reforma. PSOE y Unidas Podemos intentan ya enterrar ese error con otra reforma exprés para renovar el TC. La Moncloa ha contactado con los grupos para preparar una nueva proposición de ley.

El Pleno en el Senado no ha estado libre de bronca, pero el tono ha sido mucho más sereno e institucional que el esperpento de griterío que se vivió en su última votación en el Congreso de los Diputados, la semana pasada, donde los portavoces de PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu coordinaron sus mensajes para acusar a la oposición de «golpe a la democracia» y comparar al PP con los golpistas del 81 y Tejero. Palabras que llegó a espetar el diputado socialista Felipe Sicilia.

PP, Vox y Ciudadanos han intentado que no se apruebe la reforma de la sedición este jueves en el Senado presentando enmiendas sin éxito. La mayoría de 113 senadores del PSOE y sus aliados independentistas se han impuesto con 140 votos a favor frente a 118 en contra y tres abstenciones.

La oposición ha vuelto a criticar este jueves la reforma 'a la carta' del independentismo, que también favorecerá a cargos de segunda fila de ERC que están investigación o acusados por malversación. Durante el debate, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha denunciado que el Gobierno «no tiene vergüenza» por tramitar una reforma de este calado el día de la Lotería de Navidad para que pase desapercibida. «Es una actitud profundamente ilegítima presentarse a las urnas diciendo una cosa y haciendo lo contrario», ha dicho Maroto; que recordó que el presidente dijo que no indultaría a los líderes del 'procés' y lo hizo; que no derogaría la sedición y lo hizo; y que no gobernaría con Podemos y, sorpresa, hoy tienen cuatro ministerios.

Moncloa confía en la desjudicialización del 'procés' para bajar la soflama soberanista, pero querían que se aprobase rápido porque es un debate muy incómodo. El PSOE sufre críticas internas muy duras, con barones de peso como Lambán o Page criticando con dureza a Sánchez. El senador de Cs Miguel Sánchez ha tirado hoy de ironía a pesar de su malestar: «Los ganadores de la Lotería de hoy son los sediciosos y a los corruptos (...) Han votado hoy aquí para favorecer a corruptos y sediciosos».

A pesar de que Sánchez insista en que se trata también de homologar el Código Penal a las democracias europeas, lo cierto es que Unidas Podemos, la otra mitad del Ejecutivo, no tiene reparos en desenmascarar este argumento del PSOE. Lo dijo cristalino el exvicepresidente segundo y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, hace unos días en la Ser: «La reforma del tipo penal de sedición y malversación no responde a una preocupación de los grupos por el diseño de los tipos, responde a un problema político que tiene que ver con la judicialización del 'procés'».

La reforma del PSOE y Unidas Podemos deroga el delito de sedición y crea uno nuevo de «desórdenes públicos agravados». La sedición reflejaba penas máximas de hasta 15 años de prisión —a los líderes del 'procés' se les sentenció a través de este tipo delictivo con 13 años—. El nuevo conllevará un máximo de cinco años de prisión y entre seis y ocho de inhabilitación.

Mediante una enmienda transaccional acordada con ERC, e introducida ya en el texto de la norma durante el trámite en el Congreso, PSOE y Unidas Podemos también acordaron rebajar el delito de malversación. Se castiga ahora tres tipos de esta conducta. Pero la clave para Junqueras está en la redacción del tercer tipo: el de «dar al patrimonio público una aplicación distinta al que estaba destinado».

Se penará con 1 a 4 año de cárcel y 2 a 6 años de inhabilitación este caso donde no hay lucro personal, pero hay un matiz al que se agarran en ERC para que se revise la sentencia de Junqueras. Si no hay «daño o entorpecimiento grave del servicio al que estuviere consignado» ese patrimonio, se penalizará con un máximo de tres años de inhabilitación y una multa de entre 3 y 12 meses.

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