Concluye sin acuerdo la reunión de jueces y fiscales con el ministerio a seis días de la huelga, pero con algunas asociaciones ya dispuestas a aplazarla

La asociación Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales han mostrado su disposición a ese aplazamiento, mientras que las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Francisco de Vitoria han pedido algo más de tiempo para dar una respuesta. Se consuma, por tanto, la división asociativa que se vio ya el lunes. Las otras dos asociaciones, Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia nada tenían que decir sobre la huelga, pues en ningún momento llegaron a decir si la secundarían.

Las citadas fuentes señalaron que unos y otros se han mantenido firmes en sus posturas y que el ministerio ha puesto como exigencia sobre la mesa que desconvoquen la huelga; si lo hacen, el mismo martes tendrán una nueva propuesta sobre la mesa, En caso de no hacerlo, se conforman con que la aplacen dos días. Los jueces y fiscales no se fían y se han negado a desconovar el paro indefinido sin saber qué se les va a ofrecer. No entienden por qué hay que esperar al martes para presentar esa propuesta y creen que el ministerio les está poniendo en «una situación límite». Aun así, tres de las asociaciones han accedido a aplazar y las otras dos darán una respuesta en los próximos días, antes del martes en cualquier caso.

Jueces y fiscales afrontaban desde las cuatro de la tarde esta tercera reunión con el ministerio tras no haber logrado un acuerdo en las dos anteriores. Aunque el segundo encuentro, el lunes, el departamento de Llop subió a 46,7 millones los 44,6 iniciales, para ambos colectivos seguía siendo una cifra insuficiente que sólo cubriría un 7 por ciento de la pérdida de su poder adquisitivo, que cifran en un 20 por ciento. Así se lo han transmitido hoy a los representantes del Ejecutivo: el secretario general de Innovación, Manuel Olmedo y la secretaria de Estado de Hacienda, Lidia Sánchez. Fueron ellos los que condujeron a buen puerto el conflicto de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que se saldó con el aumento salarial de entre 420 y 450 euros por nómina. Aunque la cantidad que Justicia ofrece a jueces y fiscales es similar a la de los letrados judiciales, en términos porcentuales no es equivalente al ser más altos los sueldos de los primeros. Justicia no ha querido tocar hoy esta

Sobre las negociaciones, el escrutinio por parte de los funcionarios de justicia de cada movimiento del ministerio en el marco de esta reunión. Este miércoles cumplen su décima jornada de huelga y, sin relación alguna con el departamento de Llop desde el pasado 24 de abril, amenazan con un paro indefinido a partir del día 22 de este mes si Justicia no se pone en contacto con ellos en diez días para hacerles «una oferta económica».

Una delegación de los convocantes (la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, STAJ, CCOO y UGT) ha registrado en Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazándole a que autorice esa oferta en base «a las funciones que realizan cada día los funcionarios», y a negociar el contenido de los proyectos de ley de Eficiencia.

El colectivo (que integran 45.000 funcionarios de justicia) pide una subida de entre 350 y 430 euros a través del concepto «complemento general del puesto», una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.

Tras la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que supuso en dos meses la suspensión de 400.000 juicios y vistas, la Abogacía alertó ayer de la «indefensión» que supondría para el ciudadano y para los letrados un nuevo paro indefinido. El decano de Madrid, Eugenio Ribón, ha emplazado de nuevo al Ministerio de Justicia a impulsar «de manera urgente» un Pacto de Estado que ponga fin a una situación «inadmisible para la sociedad e insostenible para los profesionales».

Por su parte, el diputado del Colegio de la Abogacía de Madrid Javier Mata mostró su preocupación ante el efecto «acumulativo» de los paros. «La solicitud por parte de los funcionarios integrantes de la Administración de Justicia, a través del ejercicio del derecho de huelga, de una mejora en sus condiciones económicas y laborales, está causando un gravísimo perjuicio a los ciudadanos y a los profesionales de la que no se podrán resarcir», ha señalado.

Según los datos recogidos por el ICAM, la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia afectó ayer martes en Madrid al 37% de los señalamientos. Los más afectados de la capital fueron los juzgados de Plaza de Castilla, donde se suspendieron el 69 por ciento de las vistas programadas: 145 de las 210 programadas.