Funcionarios de Justicia: «Es un insulto que Llop nos excluya de la negociación»

A todos ellos hay que sumar los 4.500 letrados de la Administración de Justicia (LAJ), antes llamados secretarios judiciales, que abrieron el camino de las movilizaciones contra el Ministerio de Justicia con un parón de 63 días, hasta el pasado 27 marzo, provocando la suspensión de 350.000 juicios. Consiguieron un aumento de casi 450 euros brutos al mes. Tras su éxito, jueces y fiscales también han convocado una huelga que arrancará el próximo 16 de mayo si hoy, cuando se reúnen con los ministerios de Justicia y Hacienda en la Mesa de Retribuciones donde se revisan sus salarios, no llegan a ningún acuerdo.

Los funcionarios de la Administración de Justicia, que precisamente fueron quienes instaron las movilizaciones en primer lugar para reclamar mejoras personales y materiales, se sienten excluidos por la ministra Pilar Llop, quien no ha accedido a recibirles. También se ven en una situación de desigualdad respecto a los LAJ.

José Luis Fernández Alaya, gestor judicial desde hace 35 años y portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), considera en conversación con ABC que «la retribución entre jueces y funcionarios de la Administración estaba equilibrada pero ese equilibrio se ha roto por el acuerdo del ministerio con las asociaciones de LAJ. Se les aplica un incremento retributivo bastante importante que no llega en la misma proporción al resto de cuerpos, ni siquiera a los jueces. El propio ministerio reconoció que cualquier incremento en alguno de los cuerpos repercute en los demás. Ahora hay una diferencia enorme que carece de justificación. No puede ser que sólo se le reconozca a unos porque esto es un equipo, todos trabajamos mucho», lamenta.

Fernández Alaya ha ido pasando por distintos destinos: los pueblos sevillanos de Utrera y Santiponce y la capital sevillana, desde donde habla con este diario. Reconoce que la ciudadanía puede tener una mala imagen de los funcionarios de Justicia pero no cree que sea merecida.

«Lo único que podemos hacer ante una organización de Justicia mal organizada es más de lo que estamos obligados por ley. Si los Juzgados funcionan es porque trabajamos mucho más de lo que debemos», reivindica. «De ahí que pidamos que las funciones que realizamos se reconozcan por ley y de manera retributiva porque así se le ha reconocido ya a los Letrados de la Administración de Justicia», insiste.

Fernández Alaya también es vicesecretario general nacional de STAJ, el sindicato que ha pedido la dimisión de Llop: «No está gestionando el problema. Echa balones fuera, culpa a Hacienda por un lado y a las comunidades autónomas por otro como si fueran responsables de las retribuciones de los funcionarios y eso es cierto sólo en parte. Los conceptos salariales son del Estado en la Ley de Presupuestos Generales en la mayor parte y las regiones no tienen más remedio que aplicarlos. En cuanto a la gestión del conflicto, se fue a la Feria de Abril, que me parece muy bien porque todo el mundo tiene derecho a disfrutar de unos días de descanso, pero lo que no puedes es decir que no hay dinero para revisar las retribuciones de los funcionarios cuando hace un mes ya se revisaron para un colectivo».

Lo que resulta más grave para este trabajador de la Administración de Justicia es que la ministra no cuente con ellos: «Nos parece un insulto que nos excluya de la negociación. La huelga la adelantamos los funcionarios. Ahora, jueces y fiscales se suman con una convocatoria propia. La Administración de Justicia está en un conflicto laboral por todos los que la integran. El malestar es general desde hace muchos años porque, por un lado, los trabajadores pensamos que no se reconocen las funciones que desempeñan los cuerpos y, por otro, los jueces creen que las retribuciones no se adecúan a su responsabilidad. Mientras, la ministra está ausente. Le ofrecemos que nos convoque cuando quiera, pero lo tiene que hacer pronto porque el conflicto se va a agravando y el malestar en los Juzgados cada vez es mayor», reclama el funcionario.