Concluye sin acuerdo la segunda reunión de jueces y fiscales con el ministerio

Ambas partes se han citado de nuevo para el miércoles con la intención de que en esa reunión se fijen ya posiciones definitivas respecto a la huelga o bien se alcance un acuerdo 'in extremis'. Y es que, las asociaciones, hasta ahora unidas, están divididas respecto a las cantidades que estarían dispuestas a aceptar. Según ha podido saber ABC, antes de que se retomara la reunión a las cuatro de la tarde, todas habían consensuado una cantidad cercana a los 60 millones de euros, pero a última hora la APM se habría descolgado exigiendo una cantidad mayor y sin que Justicia se hubiera pronunciado todavía sobre la viabilidad de esa cifra. La última oferta del ministerio era de esos 46,7 millones. Si el departamento de Llop y Hacienda ofrecen el miércoles esos 60 millones o una cantidad muy próxima es muy probable que se consume la ruptura definitiva entre las convocantes a la huelga y la mayoría acepte esa cantidad, lo que implicaría que el paro sería secundado sólo por una parte de la carrera judicial.

Antes de la reunión el representante de la Asociación Profesional de la Magistratura Juan José Carbonero había mantenido una postura constructiva. Aunque avanzó que la oferta de 44,6 millones no era «asumible», agradecía el «esfuerzo» de todas las partes para resolver este «problema histórico». «Negociar es hablar sobre lo que hay sobre la mesa, intercambio de pareceres, puesta en común de las diferentes propuestas que puedan haber y tratar de resolver problemas históricos dentro de la estructura retributiva de las carreras judicial y fiscal», dijo. En su opinión, «al principio de una negociación tampoco pueden llegar propuestas inamovibles o cerradas, precisamente para evitar quiebras o fracturas a la hora de llegar a la negociación» de una actualización salarial «razonable» debido a «la pérdida de poder adquisitivo» que arrastran desde hace años.

Por otra parte, los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), el primer colectivo de este ámbito beneficiado con una subida de sueldo de 420 euros tras una huelga de dos meses, reprochan al ministerio el trato que les dio a ellos respecto al que está dando ahora a los distintos operadores jurídicos en conflicto. En una carta a la ministra Pilar Llop avisan de que no permitirán «bajo ningún concepto» que se les vuelva a «discriminar ni dejar fuera de ninguna mejora» de la que puedan verse beneficiados los demás cuerpos.

«Es más que significativo el agravio comparativo que percibimos tras haber sufrido un lamentable escarnio público por parte de responsables ministeriales durante la huelga indefinida, y el trato 'cordial' que se está manteniendo con el resto de colectivos en conflicto. No podemos olvidar que se nos acusó de hacer una 'huelga política' o de 'secuestrar al pueblo', entre otros insultos y menosprecios cuando, como el resto, no estábamos más que ejerciendo un derecho fundamental. Y se nos obligó a permanecer dos meses en huelga, cuando a otros se les está atendiendo de forma inmediata y sin ningún coste», señalan en la misiva a la que ha tenido acceso ABC.

Las asociaciones de letrados judiciales señalan que no pueden permitir que « la brecha retributiva con el resto grupos de nuestra misma categoría del Ministerio de Justicia se siga incrementando, y que cada vez se vaya estrechando más respecto de las inferiores (...). Tenemos claro que cualquier incremento en el complemento general del puesto o en cualquier otro concepto que se practique de forma genérica e indiscriminada al conjunto de los cuerpos generales o especiales, así como a los jueces y fiscales tiene que aprovechar también necesariamente a los letrados y letradas de la Administración de Justicia. Resultaría inexplicable, que de todos los colectivos se excluyera siempre al mismo«, denuncian.

Reclaman, además, al ministerio la «inmediata devolución de las cantidades retenidas en una huelga que, por lo que vemos, abrió la puerta a otros a costa de los salarios« de los LAJ.