Otra vuelta de tuerca a la pesca en la Comunidad Valenciana: las ayudas de la UE se diluyen dentro de las agrarias

Aunque el portavoz popular parlamentario ha valorado como «un respiro necesario» el compromiso del comisario europeo de Pesca para estudiar ampliaciones con la concesión de 13 jornadas adicionales, «cruciales» para poder completar la campañanavideña, considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe presionar en Europa para que se diseñe «una estrategia más amplia que dé estabilidad y evite la incertidumbre anual sobre su futuro».

De entrada, hay diferencias entre las áreas y en Bruselas parecen desconocerlas, así como lo que entrañan las prácticas profesionales «tradicionales», con repercusión más allá de las propias capturas, como elemento que contribuye al turismo, principalmente.

Almodóbar ha mostrado también su preocupación por las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual, alertando de que la posible integración del FEMPA (Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura) en un fondo agrícola más amplio supondría «un retroceso inasumible» para la pesca mediterránea. En su opinión, la flota necesita una financiación propia y estable para abordar la modernización de artes, la descarbonización, la seguridad a bordo y las inversiones tecnológicas que exige la transición energética. «No se puede pedir más esfuerzo sin garantizar los instrumentos necesarios», ha señalado.

Y es que al mismo tiempo que se ha exigido a los faenadores contar con una tecnología más sostenible y respetuosa con el medio marino, que conlleva importantes inversiones, ahora queda en duda si habrá financiación europea de soporte para esa modernización sostenible, pero costosa, al quedar incluidos dentro del sector agrario.

«El Mediterráneo ha cumplido con los deberes y ha demostrado responsabilidad; ahora necesitamos que Europa cumpla con él», ha enfatizado el senador alicantino, al tiempo que ha subrayado que la pesca mediterránea «no es únicamente un sector económico, sino un pilar de cohesión territorial, un elemento de identidad cultural y un motor que impulsa también la calidad y la singularidad del turismo de nuestras costas». Lonjas y gastronomía forman parte de la esencia de la Costa Blanca alicantina, por ejemplo.

Por ello, ha defendido que cualquier decisión europea debe ponderar no solo el impacto ambiental, sino también el económico, social y cultural, especialmente en aquellas zonas donde la pesca y el turismo forman un ecosistemacomún, como en la provincia de Alicante.

Almodóbar ha insistido en que España debe acudir a Bruselas con una posición clara, consensuada con cofradías, organizaciones profesionales, comunidades autónomas y la comunidad científica, y acompañada de evaluaciones socioeconómicas rigurosas. También ha reivindicado la necesidad de que la Unión Europea promueva acuerdos coordinados con los países ribereños del sur del Mediterráneo, asegurando medidas de sostenibilidad que afecten por igual a todas las flotas.

Este domingo, el Partido Popular de la provincia de Castellón ha defendido de nuevo la pesca de arrastre «como sinónimo de empleo y bienestar» para la provincia y ha apelado «a la unión de fuerzas» para garantizar el futuro «a las centenares de familias» que viven del sector.

«Es inviable reducir a 9,6 días al año la actividad pesquera de arrastre; hemos de estar a la altura de lo que nuestros pescadores esperan de nosotros y llevar a Europa los argumentos sólidos que concilian la protección del mar y el ejercicio profesional de la pesca», ha señalado el coordinador de la Comisión Territorial del PPCS, Andrés Martínez.

Además, ha afirmado que en el PP tienen «claro que lo importante son los 600 pescadores que faenan en el mar» y lo que «esperan del Ministerio» son «más soluciones y menos problemas».

Para Martínez, los profesionales del mar que ejercen su trabajo en las costas castellonenses «son un ejemplo de respeto y sostenibilidad hacia el mar; son los primeros en garantizar las paradas biológicas porque de ello dependen los resultados». Por este motivo, ha advertido que no permitirán «el hundimiento de las 60 embarcaciones que se dedican a este arte de pesca».

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ya había exigido recientemente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «defender al sector pesquero valenciano ante la Unión Europea y garantizar que no se aplique un trato discriminatorio a sus pescadores».

Sobre todo, ha puesto el foco en unas condiciones desiguales y agravios comparativos. «No es aceptable que nuestras flotas enfrenten restricciones desproporcionadas mientras otras regiones disfrutan de ventajas, poniendo en riesgo la viabilidad de muchas familias y empresas que dependen de la pesca», ha denunciado.

Barrachina había subrayado la necesidad de que el Ministerio apoye a la Comunitat Valenciana frente a la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034, garantizando un presupuesto europeo «fuerte» para la Política Agrícola Común y la Política Pesquera, que permita afrontar desafíos estructurales, hídricos, climáticos y de relevo generacional. «Nos jugamos mucho en Europa: seguir pescando o acabar con la pesca del Mediterráneo depende de decisiones que no podemos permitir que nos dejen al margen», ha declarado.

El conseller ha criticado la reducción de días de pesca impuesta por la Comisión Europea, que pasó de 133 a 27, y ha lamentado que el Gobierno de España no haya defendido los intereses del sector: «Durante años no se han hecho bien los deberes ni desde Europa ni desde el Gobierno español, que ha aceptado decisiones perjudiciales para nuestros pescadores», ha abundado.

Por ejemplo, su departamento ha reclamado que se tengan en cuenta los barcos de la modalidad de artes menores del Mediterráneo en la asignación de cuotas de pesca del atún rojo.

Ante la propuesta de criterios y porcentajes de reparto planteada desde el Ministerio, que modificaría el Real Decreto 46/2019 que regula la pesquería del atún rojo en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo, el director general de Pesca, Miguel Castell, señala que ahora que hay más atún «es el momento de abrir la mano con la flota de artes menores del Mediterráneo y ayudar a que estos barcos no desaparezcan».

A su juicio, necesitan de protección «o están abocadas a su desaparición» y se debería aumentar la cuota destinada a estos barcos e incluir en la lista a todos los de este tipo, porque no está abierta a todos los buques en estos momentos, señala el director general.

Ninguno de los tres escenarios que plantea el Ministerio en su propuesta de modificación del Real Decreto satisface al sector pesquero. En concreto, el Gobierno plantea incrementar la cuota actual un 7%, un 11% o un 17%. «Esto es perverso», apunta Castell, «pues en los tres casos, la flota de artes menores del Mediterráneo se queda prácticamente como está, o 428 toneladas, o 509 o 564 aproximadamente, la diferencia es mínima».

En la Comunitat Valenciana son 240 los buques de artes menores del Mediterráneo, en su mayoría de la provincia de Alicante, «la flota más numerosa de todas y la peor tratada», subraya Castell.