Vox exige al PP un acuerdo de gobierno en Valencia para apoyar los presupuestos municipales

El PP, que gobierna en minoría con trece concejales, necesita los votos de los cuatro ediles de Vox para que las cuentas públicas y las ordenanzas fiscales salgan adelante con la mayoría absoluta -17 de 33- que se exige también en plenos, comisiones y organismos dependientes. La posibilidad de llegar a acuerdos con Compromís y PSPV ni se contempla.

Si pasarán de ser el «socio preferente» del actual equipo de gobierno a ser parte de él es todavía una incógnita, tras renunciar a la dedicación exclusiva que les otorgó Catalá. De hecho, el propio Badenas ha asegurado, en una rueda de prensa con performance incluida, que no hay negociaciones abiertas, pese a que el tiempo «se va agotando»: las cuentas deberían cerrarse en octubre y la anunciada rebaja de impuestos -un asunto crucial para Catalá- está prevista para final de año.

Sin embargo, la propia alcaldesa sí reconoció contactos con Vox la semana pasada para estas cuestiones, pero descartó que se estuviera negociando su entrada en la Junta de Gobierno Local: «No he insistido nunca en que voy a gobernar sola. He dicho que ahora mismo estoy gobernando sola, que es una situación que vamos trabajando con ellos, que tenemos conversaciones fluidas y vamos a seguir en ese camino».

Pero el orden de los factores, para Vox, sí afecta al producto. Consideran que no tiene sentido aprobar unos presupuestos elaborados por otros, sin su participación, para luego entrar a formar parte del Ejecutivo y gestionar esas partidas sin haber tenido «la oportunidad de decir mínimamente algo».

«Primero los bueyes y después la carreta, pero parece que en la estrategia de la alcaldesa va primero la carreta y luego los bueyes. O a lo mejor simplemente es que no quiere que haya ningún tipo de acuerdo», ha aseverado Badenas. «Sin haber realizado un acuerdo general, es ella la que tendría que venir a nosotros a pedirnos su apoyo», ha añadido.

Según el portavoz de Vox y pese a «tener el 25% del peso necesario para que haya una mayoría suficiente», los populares solo les han remitido «un folio y medio» con un resumen genérico de las ordenanzas fiscales, algo que «no es serio».

El primer desencuentro tiene fecha en el calendario. El próximo viernes el Consejo de Administración de la EMT debe aprobar el nuevo organigrama de la empresa pública, que Vox no apoyará, al considerar que el Ayuntamiento se está «convirtiendo en una agencia de colocación de desempleados de Compromís y del PSPV» en sus entidades.

La escalada de la tensión en el bloque de la derecha ha ido más allá con un nombre propio, el del concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, responsable de las negociaciones del convenio urbanístico del consistorio con el Valencia CF para terminar el nuevo Mestalla.

Olano, que tiene una dedicación del 25% en el consistorio, es socio de KPMG Abogados, «una multinacional de asesoría que asesora a Meriton», la compañía del dueño del club, Peter Lim. Badenas ha sembrado la duda sobre la compatibilidad de ambas actividades y un posible «conflicto de intereses». «Que cada cual saque sus conclusiones», ha sentenciado.

Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas a la oposición. «Hoy el socio preferente de la señora Catalá ha deslizado que un concejal del PP está arreglándole a Meriton su tema a cambio de cobrar de una empresa privada que tiene en cartera Peter Lim. Ojo que es una acusación grave», ha indicado en X -antes Twitter- la portavoz socialista, Sandra Gómez.

En la misma línea, desde Compromís han anunciado que interpelarán a la alcaldesa por esta cuestión en el próximo pleno. «Sería un escándalo absoluto que se rebajaran las condiciones económicas, o de otra índole, a las que se comprometieron los propietarios del Valencia CF por intereses personales», ha lamentado la portavoz adjunta de la formación, Papi Robles.